La protección de los principales destinos turísticos del país es un asunto de seguridad nacional. Lo es porque se trata de la actividad que más empleos genera en el país y una de las principales fuentes de divisas frescas. La ecuación es sencilla: perder fuentes de trabajo y dólares nos conduce a la inestabilidad social; ganar empleos y acceder a más recursos equivale a equilibrio y progreso. Procede hacernos el siguiente cuestionamiento: ¿qué hubiera pasado con las comunidades de Guerrero y Oaxaca sin la contención social de la actividad turística? Los principales destinos turísticos del país equivalen, en cuestiones de seguridad, a instalaciones estratégicas como las de PEMEX o la CFE. Ni más ni menos.
Si una crisis de inseguridad pública afectara el turismo, desde luego saldrían lastimados los empresarios y trabajadores del ramo, pero no sólo ellos, la nación en su conjunto tendrá un impacto muy negativo, pues el turismo está vinculado con el rescate de zonas deprimidas, con la modernización de las comunicaciones, con la preservación de las tradiciones y del patrimonio cultural en su conjunto.
Malos espíritus.- Las autoridades federales del sector son renuentes a hablar del asunto de la inseguridad pública en los destinos turísticos. Parece que si aluden al tema, si lo invocan, se manifestará como suelen hacerlo los espíritus malignos. En eso se parecen el experimentado Rodolfo Elizondo y la debutante Gloria Guevara. Es una omisión injustificada. Como la actual secretaria tuvo, unas horas después de su nombramiento, el tropezón de decir, siguiendo la tesis presidencial, que todo era una problema de “percepción”, ha preferido no volver sobre el tema. Sin embargo, la seguridad es un tema de la agenda turística equivalente a la promoción, la conectividad o la sustentabilidad. Menos glamoroso, es cierto, pero ineludible. Hay que entrarle.
La Sectur tiene derecho de exigir protección a los destinos turísticos porque son estratégicos para el desarrollo del país. No se trata, claro está, de asumir el mando de cuerpos policíacos, ni nada por el estilo, pero sí puede, por ejemplo, llegar a negociaciones con autoridades de los tres niveles de gobierno, de etiquetar promoción con medidas extras de seguridad. También pude impartir cursos de capacitación de manejo de crisis para autoridades locales de destinos relevantes. Al acalde de Acapulco le urge uno. Su desempeño en el caso de los michoacanos levantados en el puerto ha sido lamentable; en lugar de ayudar, perjudica. Decir en tono de burla, a manera de chistorete, que Acapulco no es el Triángulo de las Bermudas para que la gente desaparezca así como así, demostró que le urge una capacitación, que podría promover la Secretaría. Además, la cuestión de la seguridad no se limita a la operación de la delincuencia, sino también a peligros naturales como temblores e inundaciones. También puede reunirse con los empresarios de los antros, en los que todo mundo sabe que se consumen estupefacientes, para decirles, sin ambages, que cocaína y seguridad constituyen una pareja disfuncional, que los llevará, más temprano que tarde, a un callejón sin salida.
Juan Manuel Asai
