La relación entre la 4T y los gobiernos de los estados gobernados por la oposición ya era mala. Pero se ha deteriorado al grado de generar preocupación por una eventual crisis del Pacto Federal que podría estar tocando a la puerta. Hay varios frentes, comenzando por el financiero.
En el Paquete Presupuestal para el 2020 se anuncian fuertes recortes de las participaciones federales a varios estados, en particular varios gobernados por el PAN. La reacción de los afectados no se hizo esperar y ahí es donde comenzó a circular la posibilidad de que algunas entidades se “descoordinen” de la Federación. Lo han dicho aquellas cuyo PIB es sólido. Claro que es una posibilidad muy lejana, pero la sola mención de la posibilidad genera preocupación.
Las participaciones no son una concesión graciosa del gobierno federal, sino una forma de regresar lo que los estados aportan con su actividad económica a la Federación; pero el gobierno de López Obrador necesita mucho dinero para financiar sus programas sociales de construcción de clientelas políticas, que salen caras pero aseguran triunfos electorales con la mira puesta en el 2021.
En el marco de la negociación se creó una asociación de gobernadores de Acción Nacional que intenta conformar un frente que lo ayude a resistir los embates del gobierno que son cada vez más contundentes. No queda claro si la asociación dé resultados inmediatos, pero sí llama mucho la atención que los gobernadores están diseñando acciones sin tomar en cuenta a la Federación, lo que supone un riesgo tangible.
El diferendo creció mucho en ocasión del choque entre el gobernador de Veracruz, emanado de Morena, y el fiscal estatal que llegó al cargo durante la administración panista de Miguel Ángel Yunes. La cuerda se tensó hasta quebrarse y hoy pesan sobre el exfiscal dos órdenes de aprehensión. Los panistas no se quedaron de brazos cruzados y en respuesta emprendieron desde el Senado una acción para desaparecer poderes en Veracruz, con el pretexto de los altos niveles de inseguridad. Al principio se pensó que era una mala broma, pero los panistas recorrieron todo el camino.
En respuesta, porque así es esto del toma y daca, Morena emprendió un proceso para desaparecer podes en Tamaulipas y Guanajuato, también por la violencia desbordada. Se trata de dos estados gobernados por Acción Nacional, el del bajío un bastión histórico y el fronterizo apenas acaba de asumir el poder después de una larga hegemonía tricolor. Claro que en Veracruz, Guanajuato y Tamaulipas hay problemas severos de seguridad, pero si por eso razón vamos a desaparecer poderes sólo quedaría en pie la hermana república de Yucatán, que es de las que todavía se salvan.
Entidades donde Morena es gobierno, como Morelos e incluso la CDMX, andan por la calle de la amargura en materia de seguridad y también serían candidatos naturales para buscar la desaparición de poderes. Jalisco de MC y Sonora del PRI chorrean sangre. Lo que se necesita en consecuencia es un llamado emergente a la cordura. Tocar el tema de la ruptura del Pacto Federal es un exceso que nos puede salir muy caro incluso mencionarlo. La cordura supone una repartición justa en las participaciones federales. No se trata de amolar a los gobiernos estatales para que el Presidente haga caravana con sombrero ajeno para ganar adeptos. No se vale. Estamos ante un tema de revanchismo político que es el preámbulo de un largo periodo de inestabilidad.
Ahora es cuando más se echa de menos una Secretaría de Gobernación fuerte con capacidad real de interlocución para negociar. La debilidad del Pacto Federal cae en la órbita de Bucareli.
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