El surgimiento espontáneo de los grupos de autodefensa en varios estados del país, pero sobre todo en Michoacán, y su uso por parte del gobierno como una acción extra legal para acabar con los Caballeros Templarios, supuso un golpe muy fuerte, que por momentos parece irreversible, a las instituciones.
El Estado mexicano en Michoacán se redujo a su mínima expresión. Aceptó, lo que ya era condenable, que ciudadanos hicieran justicia por propia mano. Incluso alentó el proceso dándoles cierto reconocimiento, permitiendo que se armaran e incluso, no lo pierda de vista, abriendo una rendija para que se metieran a la contienda grupos delictivos rivales. En el caso de Michoacán fue clarísimo. En la medida que los Templarios se hacían pequeños, en esa misma medida, creció el Cártel Jalisco Nueva Generación en la región. El saldo fue: los Caballeros Templarios dispersados o detenidos, los grupos de autodefensa desmovilizados y el CJNG como nuevo jefe de la pradera. Y algo muy importante, el estado de derecho hecho trizas.
El gobierno, que juró cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan, decidió irse por un atajo, darle la espalda al marco legal y buscar una opción tipo vengadores, de civiles armados ajustando cuentas. Esa estrategia morirá de vieja porque el sexenio está en su etapa terminal. Será sustituido por otro y, aunque en principio parecen distantes, se hermanan en un detalle pasmoso: también da la espalda a la ley y al estado de derecho.
La estrategia de AMLO, que ha tratado de instrumentar sin mucho éxito Alfonso Durazo, tiene como eje el perdón de las víctimas que podría traducirse en una amnistía. O sea nada de aplicar la ley ni de hacer justicia, de nuevo tomar atajos para arribar a la anhelada pacificación. La propuesta suena bien para un sermón dominical, pero no pudo pasar la prueba del ácido al ser presentada ante las víctimas. En Chihuahua, en el evento inaugural de los foros al que asistió AMLO, el Presidente Electo, asustado ante el rumbo que tomó el evento, lleno de reproches, se salió del tema en su discurso y se puso a enumerar los apoyos económicos para los fronterizos, para ganar algunos aplausos y salir del bache. Lo consiguió a medias. Al que ese día le fue de plano muy mal fue al gobernador de Chihuahua, que fue exhibido.
En la reunión de Michoacán las cosas salieron peor. Dos de los jefes autodefensas descalificaron el evento. José Mireles dijo que se trató de un circo plagado de charlatanes e Hipólito Mora dijo, seco, que él no perdona ni aunque se lo pida el papa Francisco. Lo que se necesita es aplicar la ley y el único camino para lograrlo es que haya instituciones sólidas capaces de aplicarla. En esto no hay hilo negro ni polvo rojo de los ladrillos. La cosa es que por alguna cuestión cultural a los mexicanos no se nos da, por lo menos no a los gobernantes, cumplir la ley. Perdonar y olvidar a los que nos hieren es parte de una plegaria pero no de un texto legal. Gente cuya opinión respeto califica a Durazo de tipo inteligente que merece una oportunidad. La tiene, desde luego. Acaso le caería mejor trabajar más en el gabinete, consultando a los que saben. Menos fotos y arengas. Durazo y los suyos deben asumir que dentro de poco serán los representantes del Estado mexicano y les van a colgar todos los milagritos.
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