El presidente López Obrador asume con gusto su papel de encargado de repartir las rebanadas del pastel presupuestal. El que parte y comparte se queda con la mejor parte y él lo está comprobando. La elaboración del presupuesto es el momento ideal para mostrar quién manda. López Obrador ha utilizado su primer ejercicio para repartir palmaditas y zapes a diestra y siniestra.
Ha montado un complicado operativo de castigos y recompensas con un objetivo político de presionar para asegurar lealtades en el futuro próximo y para comenzar a acumular fuerza electoral. AMLO ha hecho gala de cierta inclinación al sadismo, como que disfruta el sufrimiento de algunos afectados, como está ocurriendo hoy mismo con los rectores de las universidades públicas del país.
El presidente quiere obligarlos a la austeridad. La única forma de que no tengan opciones es que no tengan dinero y no les quede otra que bajarle a sus gastos. El pleito con los rectores no es nuevo. Desde la campaña, el entonces candidato de Morena lamentó que una burocracia dorada se quedara en las universidades con la tajada de león y auguró que eso concluiría. Altos funcionarios de Hacienda fueron más lejos y dijeron que las universidades gastaban mal y de manera oscura, tenebrosa, o sea que hacían trampa, que incurren en corrupción.
No lo dudo. No obstante, recortarles el presupuesto no es la solución. La solución a las eventuales corruptelas de los rectores y otros mandos universitarios es una investigación rigurosa para deslindar responsabilidades. El gobierno tiene el derecho y la obligación de seguir la ruta del dinero que se entrega a las universidades. En lo que no tiene derecho es que paguen justos por pecadores, afectando sobre todo a los estudiantes.
Ante los señalamientos de corrupción, según nota periodística, el secretario ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Jaime Valls, pidió no generalizar los hechos de corrupción en que se dice han ocurrido en algunas instituciones de educación superior. “Hay investigaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación y nosotros estamos a favor total de la transparencia, la rendición de cuentas. Quienes hayan infringido la ley que se actúe conforme a derecho, pero no se (puede) generalizar lo que ha pasado en algunas instituciones”. Me parece que Valls tiene razón. El que la hizo que la pague, pero que no se castigue a la institución. Hay que darle una oportunidad a las instancias encargadas de impartir y procurar justicia, no pegar zapes presupuestales. Hay que terminar con la corrupción y el derroche, independientemente del presupuesto.
Después de tundirlos y dejarlos tambaleantes en el cuñete, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que hablará con los rectores de las universidades ante las críticas por el recorte en los centros de educación superior incluidos en el presupuesto. “Se va a hablar con los rectores para explicarles, para informales y escucharles. Es una obligación que tenemos”, apuntó el mandatario.
Recordó no obstante que es facultad “exclusiva” de la Cámara de Diputados aprobar el presupuesto definitivo, por lo que podría haber cambios.
Ante posibles manifestaciones del sector educativo, apoyó cualquier forma de protesta e inconformidad. “Si hay inconformidad y protestas, pues es normal”, afirmó.
. Reiteró, dice la prensa, que en educación se destinará dinero hacia otras partidas, como las becas para estudiantes con menos recursos económicos. En lugar de más presupuesto para las universidades públicas habrá dinero para becas de los jóvenes, lo que es una apuesta de alto riesgo pero también de probados dividendo electorales.
Juan Manuel Asai
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