El caso Ayotzinapa es, para el gobierno de Enrique Peña, una pesadilla de la que no puede despertarse. Ha tenido que pagar un altísimo costo político. No tiene para cuándo terminar de pagar. De hecho, es una deuda transexenal.
Hace pocas semanas, había señales de que el caso podría concluirse. Con casi todos los responsables detenidos y llamadas telefónicas Chicago-Iguala que confirmaban el núcleo de la tesis oficial, parecía cuestión de tiempo dar el cerrojazo. Pero no. De pronto, sin decir agua va, un Tribunal Colegiado de Tamaulipas ha ordenado reponer el proceso desde el principio ya que la Fiscalía incurrió en errores procesales inadmisibles y obtuvo confesiones por medio de tortura. Los integrantes de ese Tribunal concluyeron, por unanimidad, que la investigación del gobierno no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial. En suma, un desastre.
El Tribunal abre cerrojos para que jefes y sicarios de la banda criminal Guerreros Unidos, presuntos responsables de la desaparición y asesinato de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, sean liberados. Sería una verdadera catástrofe para la procuración e impartición de justicia en el país.
¿Cómo llegamos a esto? La factura política del caso Ayotzinapa la tenía que pagar, en teoría, el PRD. Eran militantes del partido del sol azteca al momento de los hechos, el alcalde de Iguala y el gobernador de Guerrero, José Luis Abarca y Ángel Aguirre. La esposa de Abarca, amiga cercana del gobernador, es parte de una familia de la delincuencia organizada. De hecho, Andrés Manuel López Obrador debería estar preocupado, pues él promovió la carrera de Lázaro Mazón, padrino político de Abarca, uno de los jefes, o por lo menos cómplice de los Guerreros Unidos, la banda criminal que levantó a los normalistas al confundirlos con integrantes de Los Rojos, una banda criminal antagónica que sentó sus reales en Chilpancingo.
Por algún extraño fenómeno de la comunicación política, único en el mundo, el PRD se lavó las manos. Logró pasarle la factura al gobierno de Peña. Cuando el Presidente tomó la decisión de atraer la investigación, liberando de esa carga al gobierno del estado, y el caso Ayotzinapa le estalló en las manos. Un hábil manejo de la información le dio al caso un vuelco inesperado que tomó al gobierno con la guardia abajo. Los políticos perredistas fueron exonerados. La opinión pública comenzó entonces a culpar al presidente. “Fue Peña”. Un giro de 180 grados. De no creerse.
Los magistrados tamaulipecos quieren conformar una Comisión de la Verdad en la que la CNDH tenga un papel protagónico, así como los familiares de los desaparecidos. Le abren la puerta a organizaciones nacionales e internacionales que quieran aportar su experiencia. O sea, palabras más, palabras menos, montar un circo. No se ha dicho con claridad qué pasará con los detenidos. Sus abogados ya deben estar preparando una batería de amparos para sacarlos de la cárcel y que puedan volver a las andadas, como si nada hubiera ocurrido.
El impacto político es evidente. Las elecciones generales serán en 25 días. Es obvio que todos los candidatos tratarán de sacarle raja. Es el peor de los mundos posibles. ¿Emprender una nueva investigación conducirá a dar con el paradero de los normalistas y la identificación de los verdaderos culpables? Lo más probable es que no. Cuando el nuevo gobierno tome posesión del cargo, será correcto decirle, como dijo un encapuchado: “bienvenido a la pesadilla”.
@soycamachojuan
