A los políticos no les importa la educación. Les tiene sin cuidado. Ellos están concentrados en el poder. Nada más. Dejar la educación de los niños en manos de los políticos es un peligro para México. Estamos como estamos en materia educativa por haberlo permitido demasiado tiempo sin que la sociedad organizada asuma también su responsabilidad.
El espectáculo del Presidente Electo y la maestra festinando el derrumbe de la reforma educativa lo demuestra de manera descarnada, casi obscena. Lo toman —no está en su naturaleza tomarlo de otra forma— como una victoria política sobre adversarios políticos. El efecto que esto pueda tener sobre los niños y la educación que reciben es, para ellos, irrelevante. Lo que los mueve es el poder.
Se expresa en el control sobre el sindicato magisterial, que equivale a votos de los profesores y sus familias y en contingentes para movilizaciones. Del otro lado del espejo, a los dirigentes del sindicato, en sus versiones SNTE o CNTE, tampoco les interesa de manera particular la educación. Ellos están ahí, luchando por posiciones en el sindicato, por el poder. En este flanco se incluye el manejo discrecional de las cuotas de los agremiados.
Aquellos que alcanzan la dirigencia se conducen como millonarios porque mueven a placer dinero que no es suyo. No son buenos maestros, son políticos astutos e inescrupulosos. Muchos de ellos no dan clases desde hace años porque todo el tiempo lo dedican a la grilla. Están comisionados al sindicato desde siempre y su chamba es ir a juntas, mítines, marchas, golpear policías, torturar automovilistas, dormir en casas de campaña, una amplia variedad de actividades entre las que no aparece por ningún lado la educación.
La reforma educativa todavía vigente fue el inicio de algo que podría haber sido bueno para el país. Su impulso inicial fue lograr que el Estado mexicano recuperara el control del proceso educativo que fue cediendo, hasta perderlo, en manos de las cúpulas de los sindicatos. El desapego dio lugar a un caos administrativo. El desorden puede achacarse a las administraciones Fox y Calderón. El caos es el paraíso de los corruptos. Al inicio de la administración que está por terminar, la nómina magisterial era la dimensión desconocida. No se sabía bien a bien cuántos maestros había, dónde trabajaban, por qué cobraban lo que cobraban y, aunque sea difícil de creer, tampoco había control de las escuelas, su ubicación, su estado físico, su existencia real.
Además, la clave de la movilidad de las carreras de los profesores eran los méritos políticos. Los ascensos dependían de qué tan estrechos eran los lazos de maestros y maestras con sus dirigentes. Hablo de las dos versiones del sindicato. No había méritos académicos que decidieran nombramientos, ascensos, mejoras. La reforma implicó por lo tanto cambiar los méritos políticos por los académicos y esto condujo a la evaluación magisterial. No digo que sea perfecta, pero es necesaria, absolutamente necesaria. Claro que tiene que hacerse con matices, de acuerdo incluso con cada región del país, y sin espíritu punitivo, o sea sin deseo de cortar cabezas, pero tiene que hacerse. La educación y la evaluación van de la mano. Enojados y asustados con la evaluación los maestros se sintieron agredidos por la reforma, no la hicieron suya.
El Presidente Electo y la maestra, dos políticos forjados en los modos imperantes a mediados del siglo XX, están felices por el derrumbe de la reforma educativa. Quieren, nostálgicos, volver a los tiempos de antes. Quieren involucionar y restablecer o reforzar lazos con las dirigencias sindicales. Lo de la educación lo verán después.
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