La Guardia Nacional de López Obrador es la fase superior de los Operativos Conjuntos ideados por Felipe Calderón para auxiliar a Lázaro Cárdenas Batel. La estrategia se mantuvo durante el sexenio de Enrique Peña. La propuesta de AMLO va incluso mucho más lejos. A la militarización plena agrega permanencia permanente del personal militar en las calles.
La oposición en el Senado consiguió —por el momento— que la Guardia tenga mando civil y una fecha para regresar a los cuarteles. Lo cierto, aquí entre nosotros, es que esos cambios estaban presupuestados porque el interés real del gobierno de AMLO era la Guardia en sí. Desde el principio se pensó en la posibilidad de un mando civil, si no para qué crearle una nueva Secretaría de Seguridad al mando de Alfonso Durazo. Sin la Guardia esa dependencia hubiera sido un cascarón vacío. Lo de la temporalidad es otra jugarreta porque este gobierno termina en el 2024, si para entonces las circunstancias exigen que la Guardia extienda su estancia, pues la alarga y ya y ni modo. La verdad es que no hay otras alternativas.
En toda esta discusión ha faltado algo central: Ante las circunstancias imperantes en materia de seguridad en el país, frente al gran número y el poder de fuego de las bandas del crimen organizado, la única arma del Estado mexicano para enfrentarlos con ciertas posibilidades de éxito es recurrir al personal militar, que desde hace más de 12 años está siendo sometido a un desgaste severo e injusto. Digo injusto porque la idea original era que los soldados la harían de policías mientras el gobierno, en sus tres órdenes, federal, estatal y municipal, creaba policías competentes y honestas. Una de las grandes fallas de la propuesta de AMLO es que quita los incentivos para hacer el esfuerzo y el gasto de crear policías.
El tema de la Guardia Nacional tiene pavimentado el camino en los gobiernos de los estados, porque los gobernadores están felices de que alguien les haga la tarea, aunque sea sólo durante cinco años. La mayor parte de ellos dentro de cinco años ya estará con un pie o los dos fuera de su estado, así que ese detalle les tiene sin cuidado. Hasta el momento, el Presidente no ha tenido buenos dividendos del proceso de negociación. Su intento de equiparar a la Guardia Nacional con los cascos azules de la ONU es un disparate de pronóstico reservado. Son dos cosas completamente diferentes.
Los cascos azules se guían por tres principios de actuación. El primero es el consentimiento de las partes. ¿Cómo aplicar esto en México? ¿El Presidente le va a pedir al Mencho su consentimiento para que la Guardia Nacional actúe en Jalisco, Michoacán o Guanajuato?, por mencionar tres estados con presencia fuerte del CJNG. Es una tontería. El otro principio de actuación de los cascos azules es el de imparcialidad, lo que está vedado para la Guardia Nacional, que tiene que estar de lado de los ciudadanos y en contra de los delincuentes. El tercer principio es el no uso de la fuerza, excepto en legítima defensa, lo que en el caso de la Guardia es un cuento de hadas porque tiene la obligación de usar la fuerza legítima del Estado, aunque lo ideal sería disminuir los índices de letalidad de sus operativos. Pero si la Guardia Nacional quiere hacerse sentir en el país, por desgracia tendrá que jalar del gatillo un montón de veces. Así es esto.
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