Turismo.- Es momento de que autoridades, legisladores prestadores de servicios y comunicadores vinculados al sector turismo respondan a la pregunta: ¿De qué manera la reforma al artículo 27 de la Constitución, para permitir que extranjeros compren terrenos en playas mexicanas, afectará el presente y el futuro de la actividad turística en el país? Es un tema relevante al que casi nadie ha prestado atención. Debería ser abordado por expertos en foros al más alto nivel por la profundidad de sus repercusiones. Tanto silencio alrededor de este asunto genera suspicacias.
El periódico Novedades de Cancún publicó ayer una nota de primera plana titulada “Acechan Baby Boomers playas de Quintana Roo”. Se refiere a que la generación de norteamericanos mayores de 60 años espera que concluya el proceso legislativo del artículo 27 para comenzar a adquirir casas en playas mexicanas. Aunque el proceso no termina ya hay desarrollos inmobiliarios en marcha, prácticamente terminados. Los eventuales compradores, dice la nota, “buscan certeza jurídica y esperarán que la reforma se concrete para construir o buscar residencias de descanso en las playas de Quintana Roo, siempre que existan escrituraciones”. Hay miles de potenciales compradores esperando el banderazo de salida. Los profesionales inmobiliarios de ese y otros estados se frotan las manos ante el inminente negociazo. Qué bueno por ellos. ¿Los demás debemos alegrarnos o preocuparnos? Una vez que pase el boom inmobiliario qué sigue. Ya se realizan recorridos promocionales, una especie de viajes fam para desarrolladores, por las playas mexicanas más afamadas, las ubicadas en Cancún, Riviera Maya y en el estado de Baja California Sur.
Entiendo que el sector inmobiliario tiene impacto positivo sobre la economía de las regiones y construir doscientas o trescientas residencias supone miles de empleos y una importante derrama económica, pero ¿después, qué? ¿Se impedirá el paso de mexicanos a las playas a través de esos desarrollos? ¿Estos desarrollos podrán contratar seguridad privada internacional para proteger a sus acaudalados residentes? ¿Si la economía norteamericana repunta en cinco o diez años comprarán todos los terrenos junto a las playas? El texto original de la Constitución hablaba de una franja de 100 kilómetros en las fronteras y 50 kilómetros en las playas vedadas a extranjeros. Eso fue hace casi 80 años. Las cosas han cambiado, es cierto, pero no tanto. El caso de la anexión de Crimea lo demuestra. Estados Unidos sigue siendo una potencia expansionista, con un presidente güero, negro o, próximamente, mujer. ¿Estoy viendo moros con tranchete?
En la década de los años 70 un presidente nacionalista como Luis Echeverría creó la figura del fideicomiso que permitió a los extranjeros vivir en las playas sin dueños del terreno que pisaban. La idea era terminar con los prestanombres mexicanos que fingían comprar una casa en la playa, cuando el verdadero comprador era un extranjero. Terminar con la simulación es encomiable, pero en los cambios legales se tienen que contemplar todos los escenarios posibles que las nuevas reglas pueden ocasionar. ¿Conviene a los intereses mexicanos que se multipliquen los residentes norteamericanos en nuestro país? ¿Qué tanta relación tiene este fenómeno con el turismo? ¿A más residentes americanos mayor injerencia del gobierno de Estados Unidos?
Los habitantes de las penínsulas de Yucatán y de Baja California son los que conocen el tema de manera directa y pueden responder la siguiente inquietud: ¿Un boom inmobiliario transitorio se puede convertir en un problema de soberanía nacional en el mediano plazo? Podríamos comenzar por el principio y saber cuántos americanos viven en el país, donde están y cuántos se esperan para los próximos diez o quince años. ¿Los cambios en el artículo 27 constituyen una buena noticia o son un riesgo?
