Ayer por la mañana ocurrió un evento que nos conduce a pensar que no todo está perdido en el ámbito de procuración de justicia en el país y en particular en la Ciudad de México. La Procuraduría capitalina, por voz de su titular Ernestina Godoy, ofreció una disculpa pública a la familia de Lesvy, la joven de 22 años que hace un par de años fue asesinada en el campus de la Ciudad Universitaria. ¿Recuerdan el caso?
Autoridades capitalinas se ensañaron con Lesvy y sus familiares no sólo diciendo en una primera instancia que se había suicidado de forma por demás inverosímil, sino tirando lodo a discreción, filtrando que era una mala estudiante, dada a los vicios, como si por eso mereciera lo que le pasó. Un verdadero escándalo.
Ante las fallas colosales en el proceso de investigación la Comisión de Derechos Humanos instruyó a la PGJ de la CDMX a dar una disculpa pública, instrucción que fue acatada y cumplida en buena hora por Ernestina Godoy. La procuradora se enfrenta hoy mismo a un nuevo caso de muerte en la UNAM, con el asesinato de una estudiante del CCH Oriente dentro, lo repito, dentro de su salón de clases. La joven recibió un disparo. Hasta el momento no hay una hipótesis firme sobre lo ocurrido, pero Godoy tiene la oportunidad de mostrar que las cosas cambiaron y que ella encabezará una investigación profesional, eficiente, humana, con empatía para la víctima. Ojalá consiga esclarecer el caso y darle un golpe a la impunidad.
Como es natural, la noticia del asesinato en el CCH puso al descubierto la situación de inseguridad y vulnerabilidad que padecen miles de estudiantes de este colegio y otros planteles universitarios que son sitios de ensueño para narcomenudistas que operan con total libertad ante la complacencia o franca complicidad de los grupos de seguridad de la casa de estudios.
El ejemplo, el IEMS
¿Es posible dotar a los planteles de bachillerato público de niveles aceptables de seguridad? La respuesta es afirmativa. Aquí mismo, en la ciudad, hay 20 planteles del Instituto de Educación Media Superior, ubicados casi todos en barrios muy bravos, que sin embargo trabajan con niveles altos de seguridad, entre otras razones porque son custodiados por policías uniformados que vigilan las entradas y dan rondines por pasillos y patios. Ellos cuidan las instalaciones y resulta muy complicado que una pandilla de narcomenudistas irrumpa y se ponga a hacer negocios. Claro que no están exentos de un episodio de violencia, desde luego que no, pero son muchas más las jornadas de tranquilidad para desplegar la vida académica. La voz popular llama a esos planteles “Las prepas del Peje”.
Hablar de profesionales de la seguridad en planteles universitarios es algo que ni siquiera se puede plantear porque hacerlo significa estar del lado de los que odian la universidad, a la escuela superior pública y están a favor del Tec y la Ibero. Pedir seguridad mínima para los planteles universitarios es casi una traición a la patria. ¿Por qué las prepas del Peje sí cuentan con protección y los planteles de la UNAM no?
Cuando ocurre una tragedia, autoridades de la UNAM y de la ciudad se comprometen a redoblar esfuerzos para dar protección, que es su responsabilidad, pero las cosas siguen igual hasta la siguiente tragedia. La tesis de la “bala perdida” en el caso de Aideé, les cae bien porque pueden eludir responsabilidades y achacarlo todo a un caso de muy mala suerte. Ya se le ofrecieron disculpas a Lesvy, habrá que preparar las disculpas para la familia de Aideé.
Juan Manuel Asai
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