¿Para qué querría Felipe Calderón Hinojosa convertir a México en un narco estado durante su sexenio? La única respuesta lógica es para obtener dinero. Para dejar la medianía y convertirse en uno de los hombres más ricos del mundo o cuando menos de México. ¿Lo es?
Calderón salió de la presidencia en diciembre del 2012 y hoy, agosto del 2020, todavía su nombre no aparece en ninguna lista de los más ricos. No se le conocen grandes residencias en el extranjero, bueno ni siquiera aquí. No se ha dado a conocer que tenga cuentas millonarias en paraísos fiscales o una colección de joyas o autos de súper lujo. Las agencias de inteligencia de Estados Unidos tampoco han dicho nada al respecto. De hecho, en mayo del 2010 Calderón recibió una ovación de pie en el Capitolio.
En lo que va de la administración de López Obrador ni la Secretaría de Hacienda, ni la Unidad de Inteligencia Financiera lo han podido exhibir como un hombre acaudalado. Seguramente han buscado hasta debajo de las piedras, pues es conocido por todos que AMLO tiene sed de venganza. Hasta ahora no han encontrado nada.
A pesar de todo, el propio presidente López Obrador habló de un narco estado. Claro que después corrigió y dijo que en realidad se le había chispoteado porque, explicó, no llega a las conferencias mañaneras con ideas acabadas. sino que dice lo que le sale de su ronco pecho. Ya lo habíamos notado. Acaso calibró la dimensión de esa afirmación que hubiera incluido necesariamente a las cúpulas de las secretarías de la Defensa y de la Armada. El daño, sin embargo, estaba hecho. No pocos seguidores incondicionales del tabasqueño lo creen a pie puntillas.
Calderón ni siquiera se ha retirado a la vida privada a gastarse los millones que le dio el narco. Al contrario, está batallando por tener un partido y seguir en el quehacer político. A pesar de su conocido distanciamiento, el año pasado Calderón le escribió una carta a López Obrador para pedirle niveles mínimos de seguridad para él y su familia porque había sido objeto de amenazas y no tenía dinero para sufragar ese aparato. El tabasqueño cedió y le asignó 12 elementos de seguridad. ¿El jefe de un narco estado tiene que pedirle a su acérrimo rival político ayuda para la protección de su familia y quedar a merced de los guardias que su adversario le mande? Claro que no.
Se dice poco, pero los llamados Operativos Conjuntos arrancaron en el 2006 cuando el entonces gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, le lanzó un SOS al presidente Calderón que tenía una semana de haber asumido el cargo entre severas críticas perredistas que enarbolaban la bandera del fraude electoral. Lázaro también era perredista, pero hizo a un lado lo del supuesto fraude y acudió a Los Pinos a pedir ayuda.
Su gobierno había sido rebasado por una banda del crimen organizado, La Familia, a punto de escindirse en Los Caballeros Templarios. Se arrancó con un despliegue inicial de más de cinco mil efectivos que buscaban recuperar Michoacán para el Estado mexicano. Los primeros enfrentamientos fueron en Apatzingán. Cárdenas Batel, para que tomen nota, es hoy el coordinador de asesores de López Obrador.
La estrategia seguida en el sexenio 2006-2012 se puede y se debe criticar. Las seguidas por Peña y por López Obrador son una calca, Si acusan a Caderón de ser jefe de un narco estado, tendrían que extender el mismo calificativo a Enrique y Andrés Manuel, ¿verdad que no?
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