Como la mayoría de los casos de esa naturaleza, mezcla de delincuencia organizada, sus protectores y un Estado débil o cómplice, el crimen de Iguala y la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, transcurre por el tiempo dentro de un laberinto en el cual todo mundo mete la mano para lograr una finalidad distinta de la deseable: conocer la verdad y sus detalles.
La investigación hecha por la Procuraduría General de la República en los tiempos de Jesús Murillo Karam, fue desestimada desde un principio porque nunca se ajustó a las exigencias políticas de quienes construyeron con los hechos una bandera y una causa inatacable.
Las pesquisas de la PGR —en algún momento hubo miles de personas trabajando en las indagatorias— fueron descalificadas por una sola razón: provenían de un gobierno al cual los defensores de las víctimas acusaban de haber promovido o cuando menos encubierto los hechos indagados (cuatro meses); la posterior indagatoria hecha por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (cuatro años) y el burdo manoseo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales, no difieren en el fondo, solamente en la forma.
La CNDH exhibió una treintena de observaciones sobre inconsistencias, sin negar el aporte básico del trabajo; los estudiantes fueron secuestrados por una banda criminal, responsable también de su exterminio físico, ya fuera por cremación (en algunos de los casos, como quedó demostrado) o por algún otro medio suficiente para desparecer hasta los rastros.
Sin embargo la “verdad histórica” nunca satisfizo a quienes promueven la verdad imposible; hallarlos vivos, cuando todo mundo sabe lo contrario. La insistencia mantiene viva una bandera y una quimera interesada. Si se partiera del hecho real de las muchas muertes, entonces sería más simple conocer la verdad, si en este caso pudiera hablarse de simpleza.
Pero el laberinto está tan oscuro como para chocar contra sus paredes. Todos se han contradicho, todos se han equivocado. Y los muertos, muertos están.
Por ejemplo, el Señor Presidente dijo en noviembre de 2019: (El Sol de México) “…que los casos de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y del asesinato del activista Arnulfo Cerón Soriano, ya no son crímenes de Estado, porque se conocerá la verdad y se hará justicia.
“Destacó que si existe voluntad de parte de las autoridades se llega a la verdad”, pero cuando es lo contrario “es muy difícil saber”, pues aseguró que no permitirá más injusticias.
“El Presidente de la República no va a permitir ningún acto autoritario”.
“Asimismo, durante su gira por Guerrero, se comprometió a no dejar impune la desaparición de los 43 normalistas. El mandatario resaltó que no se van a escatimar recursos para esclarecer los hechos y dijo que “todo el gobierno tiene ese compromiso, de encontrar a los de Ayotzinapa”.
“Tengo el compromiso, de conocer y dar a conocer toda la verdad…”
Y tras esa certeza contra la impunidad, vino hace un par de días el otro compromiso: la amnistía a cambio de información, porque se trata —dijo— de un asunto de Estado.
¿Crimen o asunto?
“(ES).— El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló este martes que habrá protección para quienes revelen información sobre el caso Ayotzinapa, así como amnistía y recompensa para los informantes.
“En la conferencia, el mandatario señaló que su gobierno está comprometido a esclarecer el caso de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa, y enfatizó en que México necesita conocer la verdad y castigar a los responsables.
“Invitó a los involucrados a hablar sobre el caso, ofreciéndoles amnistía y protección, pues mencionó que al parecer existe un pacto para mantenerse en silencio, en un evento en el cual hubo más de 100 personas involucradas.
“Además, el Presidente reveló una carta que le envió al presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, y al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, con la finalidad de que trabajen de manera conjunta en la demanda de los padres del caso de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Ayotzinapa en 2014.
“En la carta señala que conocer la verdad y el paradero de estos jóvenes es un objetivo superior del Estado mexicano, por lo que nada ni nadie debe impedir que se esclarezcan los hechos…”
Mientras tanto, la CNDH cierra la oficina especial sobre este caso. El GIEI busca chamba; la subsecretaría de Alejandro Encinas no atina cómo atravesar el laberinto; todo mundo mete mano y las cosas siguen como al principio. O peor.
La verdad “histórica” contra la “verdad” política.
¿Cuál ganará?
La política, obviamente.
rafael.cardona.sandoval@gmailcom
