Cuando en 2006 el gobierno federal le declaró la guerra al crimen organizado y el narcotráfico en México (así haya sido una expresión netamente discursiva), se comenzó a escriturar la violencia como una posesión del Ejecutivo. Así, se insistió en hablar de los muertos de Calderón (no durante); los desaparecidos de Calderón, la Guerra de Calderón. Y luego se le extendió la propiedad a Enrique Peña Nieto, quien jamás hizo nada para quitarse los golpes, al contrario.
Era, como dicen los contemporáneos, un asunto de “narrativas” encontradas.
Y en ese discurso encontrado, las oposiciones hallaron forma de desacreditar no sólo el combate al delito, sino sus consecuencias.
Hoy, cuando la mortandad no disminuye, la violencia persiste y las desapariciones de personas continúan (cinco mil durante el año pasado), a pesar de los discursos pastorales desde el Palacio Nacional, ya se mide al Señor Presidente con la misma vara. Ya se habla de SUS muertos y SUS desaparecidos. Al menos así lo hace José Miguel Vivanco, el director ejecutivo de American Rights Watch para América Latina.
“Lamentablemente, tanto las ejecuciones como las desapariciones y otro tipo de hechos atroces no han disminuido. Ya estamos con un nuevo gobierno y el año pasado habrían desaparecido más de 5 mil personas; es algo que debería levantar todas las alarmas, pero no pasa nada. Todo sigue como si fuera normal y no es normal vivir con masacres en un país donde hay un sistema democrático de derecho.
“El gobierno no entiende que esos desaparecidos son de Andrés Manuel; ya no son de Felipe Calderón ni de Peña Nieto…, la responsabilidad recae sobre los hombros del actual gobierno. Ésas son las reglas del juego”.
Más allá del juego al cual se refiere Vivanco y de quien haya hecho tales reglas, lo importante es esto: hoy, cada uno de los familiares de esas desapariciones tiene el mismo derecho que los clientes de Mario Patrón y Vidulfo Rosales. Todos pueden alzar la voz y decir “fue el Estado” y ante esa queja sólo puede responder (o cargar con la responsabilidad) el Jefe del Estado.
Tomado de Infobae: “Lo más preocupante, señaló, es que, en 2019, durante el primer año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se registraron oficialmente 5 mil 184 personas desaparecidas. ‘Esta cifra es realmente preocupante porque demuestra que no hay mejorías, que hay retrocesos y que se siguen dando las mismas prácticas’.
“Vivanco planteó que las desapariciones son cometidas por grupos criminales, pero también por policías municipales, estatales y federales, así como por el Ejército y la Marina, en ocasiones coludidos con delincuentes.
“Para Human Rights Watch, en México no hay evidencias de progresos en materia de derechos humanos. El problema que presenta México en materia de derechos humanos es una debacle, aquí hay crímenes de lesa humanidad, lo que duele es la pasividad, la normalidad con la que las autoridades toman esta debacle”, concluyó.
Las palabras de Vivanco no son una mera opinión, son un diagnóstico de una organización no gubernamental a la cual siempre se le han visto nexos con el Departamento de Estado de los Estados Unidos.
Casualmente, dentro de 12 días la presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la señora Rosario Piedra, acudirá a la Cámara de Diputados a presentar un informe. Sobre las actividades del año 2019, en el cual no estuvo como ombudsperson.
Sin embargo, la institucionalidad la obliga a hablar del estado general de la materia sobre la cual opera la CNDH y estos señalamientos no pueden ser soslayados al menos con un comentario frente a los diputados. Ya después deberá presentar otros informes ante la Cámara de Senadores, la Suprema Corte de Justicia y a fines del año (si a ella sí la recibe el Ejecutivo), frente a al Señor Presidente.
Ésta será una buena oportunidad para saber si esos 5 mil desaparecidos, por no hablar de otras graves violaciones expresadas también por Vivanco y HRW, son materia de atención o de disimulo por una mujer cuya presencia en la CNDH —como dice la ya citada organización— ha generado polémica por su afiliación partidaria, política y la manera en que fue designada para el cargo.
Precisamente las investigaciones demandadas por Vivanco a la Suprema Corte de Justicia en la búsqueda de los desaparecidos y la definición de responsabilidades sobre su desaparición, cosa de la cual no se han ocupado Alejandro Encinas ni Karla Quintana, recaen —de acuerdo con las modificaciones constitucionales—, en la CNDH y no en el Alto Tribunal.
Quien está ahí por una desaparición forzada debe investigar otras 5 mil, nada más del año anterior.
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