Tradicionalmente, con la clemencia dispensada en la plaza a un toro de bravura excepcional, en la Casa Blanca se indulta a un guajolote cada año. El presidente mismo es quien dispone de tan misericordiosa facultad y el anuncio se hace con toda la pompa de un acto de Estado en la víspera de día de Acción de Gracias, fiesta mayor en el calendario tradicional americano.
En esta ocasión, el señor Donald Trump ha dispersado por el planeta, al menos el mundo al sur de su frontera, la capacidad de perdonar, si no a los pavos, sí a los bribones de cuello blanco, pues (López Obrador) nos ha dicho sobre lo estéril y aun contraproducente de perseguir a los ladrones, defraudadores y corruptos del sistema en extinción.
Así lo ha dicho en varios foros y también en una entrevista dispensada a su periodista protegida, la señora Carmen Aristegui, a quien le ha facilitado su regreso al éter y le ha dispensado elogiosas maneras.
“Mi idea de punto final es: han abusado, han habido latrocinios, ha sufrido mucho nuestro pueblo, predomina la corrupción, lo que veas tiene que ver con la corrupción.
“Si tú te metes al sector educativo, hay corrupción; si te metes al sistema de salud, hay corrupción; hay políticos vendiendo medicinas, por eso no hay abasto de medicamentos en centros de salud, en hospitales; ahora, te metes a las cárceles, te metes a las policías, si te metes a las empresas que reciben obras del Gobierno, o sea los que les venden al gobierno, todo, todo…
“Si se tratara de juzgar y de abrir expedientes, tendríamos de comenzar con los de arriba... y sostengo que sería conspirar contra de la estabilidad política del País... o sea, desatamos, desatamos... se suelta la confrontación, nos empantanamos…”
Y si se le pregunta por qué, el líder responde:
“¿Por qué?, porque tendrías que enjuiciar a Salinas, a Zedillo, a Fox, a Calderón, a Peña Nieto, habría demasiado escándalo, demasiado… no podría yo hacer lo que quiero para acabar con la corrupción, o sea, me quedaría anclado en el conflicto”.
Y para no dejar anclas en un conflicto, lo mejor es instaurar un proceso de punto final, con todo lo evocativo de ese planteamiento ya aplicado infructuosamente, por cierto y con distintos entornos y circunstancias, en otros lugares como en Argentina al inicio del gobierno efímero de Ricardo Alfonsín, cuando se hicieron las leyes de la Obediencia Debida y el Punto Final; es decir, el célebre y muy mexicano borrón y cuenta nueva.
Dicho de otro modo, el señor Giuseppe Tomasi de Lampedusa se pone a gobernar.
Valdría la pena releer esa información de El País del año 2015:
“La impunidad ha terminado en Argentina”. Néstor Kirchner, el presidente argentino, definió así el paso que ayer dio la Corte Suprema del país, que declaró inconstitucionales las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
“Por siete votos a favor, uno en contra y una abstención, la máxima instancia judicial del país declaró inconstitucionales las leyes adoptadas en 1986 y 1987, durante la presidencia de Raúl Alfonsín, que sirvieron para paralizar los procesos y exculpar a los responsables de la dictadura.
“La decisión de la Corte Suprema provocó reacciones de satisfacción de la clase política y de los grupos civiles de derechos humanos que han luchado por la persecución de los criminales, pero causó ‘cierta inquietud’ entre los militares… se abre así la vía para que continúen los procesos ya iniciados por violaciones de los derechos humanos y para que se acepten nuevos casos.
“…Ambas leyes quedaron promulgadas en 1986 durante el primer Gobierno democrático de Raúl Alfonsín y obedecían a una circunstancia muy determinada: la presión de los militares y su amenaza de impedir la normalización democrática si eran perseguidos por causas que se habían ya abierto o estaban a punto de abrirse. Fue un peaje demasiado duro, sobre todo para los deudos de los más de 25 mil desaparecidos.
El gesto del máximo tribunal debería tener repercusiones y afectar a un millar de militares y policías —la gran mayoría de ellos ya en el retiro—, presuntamente culpables de abusos cometidos durante los terribles años de represión. Es verdad que los máximos líderes de las juntas militares fueron procesados y condenados en un primer momento y que recibieron el castigo de la reprobación ciudadana. Pero se beneficiaron más tarde de la política de indultos del presidente Menem… éstos son los casos que mantienen en arresto domiciliario al expresidente Jorge Videla o al almirante Eduardo Massera”.
[email protected]
[email protected]
Twitter: @CardonaRafael
