La pregunta de este encabezado es tan antigua como los periódicos y las radiodifusoras, la televisión o cualquier otro medio de comunicación.
En teoría los medios les sirven a sus lectores —y uso la palabra lectores como sinécdoque de sociedad—; al público, a esa entidad única, infinita, diversa y omnipresente a la cual, sin embargo, nadie conoce por más estudios demoscópicos habidos y por haber.
En el nombre del interés del público se hizo durante años la “telebasura”.
—Eso le gusta a la gente, decían los productores, como si “la gente” tuviera opciones para decidir siquiera su gusto orientado por los caprichos comerciales de un duopolio.
Sin embargo, la realidad no es así. Los medios, en términos generales, son el picaporte de otros intereses, más allá del muy legítimo propósito por informar con seca neutralidad.
Comprendidos como extensiones, ramificaciones o herramientas de la política y plataforma indispensable para ella, los medios de comunicación son altoparlantes de los grupos de poder, en busca DEL PODER. En paralelo, les sucede como a los partidos políticos: dicen representar el interés público, pero representan nada más el interés de un grupo.
Pero la naturaleza común de los medios no es tan importante, por lo menos ahora en el umbral del nuevo gobierno, como le necesaria identificación de su genealogía política. Al menos esa definición le urge a la nueva burocracia de la comunicación social, pues de tales confesiones de filiación, dependerán muchas de las formas de relación con Presidencia de la República, en especial en lo relativo al control, gasto, inversión y propaganda en los medios.
Ayer, en la Cámara de Diputados, se realizó un foro llamado “Hacia una agenda legislativa en materia de comunicación pública”, el cual a pesar de lo farragoso del título, tenía por objeto soltar algunas ideas, mientras en la Suprema Corte de Justicia se revisa la Ley de Comunicación Social, cuya redacción fue uno de los últimos productos de la anterior Legislatura.
La ley de Comunicación Social nació de una orden judicial hacia el Congreso, para clasificar y regular el excesivo gasto de comunicación del gobierno. Provino de un amparo de la organización “Artículo 19” y su redacción final no satisfizo a los quejosos. Simultáneamente, durante la campaña, el futuro presidente de la República ofreció disminuir hasta en 50 por ciento el gasto de la propaganda.
Pero la ley está en la Corte porque dejaba todo igual. Revolcaba la gata y vestía a la mona. Por eso la CNDH, entre otras instituciones, impugnó su constitucionalidad.
En el mencionado foro, el ya designado coordinador de Comunicación Asocial, Jesús Ramírez Cuevas, expuso algunas líneas generales de la relación futura con los medios. Ofreció todo cuanto es obvio: respeto, civilidad, garantías a la libre expresión y el ejercicio profesional de los medios, protección para los informadores, promoción de sus derechos laborales; análisis de los medios públicos y de gobierno y, por encima de todo, claridad, debate y transparencia absoluta en lo administrativo (no gastar en premios no ahorrar como forma de castigo), pero también en lo político.
Y en este sentido pidió algo: olvidarse de los superficiales calificativos de la prensa fifí, externados por su jefe y futuro jefe del Estado; y volcarse en un debate en el cual se responda la pregunta inicial de esta columna: ¿A quién le sirven los medios?
Y en ese sentido dejó claro que si en la democracia se debe presentar una plataforma ideológica definida y abierta, a la vista del público, los medios deben exponer sus dependencias, sus razones para tal o cual línea editorial.
Y para eso, faltaba más, convocó a un debate.
Una discusión nacional para decir quién es quién, quién representa a qué corriente o qué forma de pensamiento o patrocinio político.
Y se comprometió, como lo había hecho en una reciente entrevista con Notimex:
“…una política abierta, franca, de respeto absoluto a la libertad de expresión y al derecho a la información y se van a acabar dos elementos centrales del viejo régimen: meterse en la política editorial de los medios, dictar cabezas, notas, enfoques, eliminar imágenes incómodas”.
Pero además se habló de la fragilidad del oficio, de la vulnerabilidad del trabajo de los periodistas, de las amenazas, de los asesinatos.
Ya lo había dicho en la citada entrevista y ahora lo repitió:
“… también se buscará redignificar el trabajo de los periodistas y eliminar la displicencia que algunos medios han tenido respecto a empleados suyos que han sufrido acoso o incluso ataques, en su mayoría por agentes gubernamentales.
“De hecho, planteó reforzar el Mecanismo de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos, pero no con más policías o guardaespaldas a los periodistas amenazados, porque cuando el crimen organizado está determinado a hacer algo, no importa el número de custodios.
“Por el contrario, dijo, la idea es ofrecer otras maneras de apoyo y respaldo incluso a las familias, que a veces son las que sufren los ataques, para vulnerar a los periodistas”.
¿Cuáles pueden ser esas otras “maneras de apoyo y respaldo”? Nadie nos lo ha dicho.
