Viejo, muy viejo aquel dicho: es muy fácil militarizar a un civil, pero es imposible civilizar a un militar.
Ayer fueron cumplidas parcialmente, en los hechos, las instrucciones dictadas por el Presidente de la República al Senado nacional. El acuerdo logrado por gestión, presión y persuasión por Ricardo Montreal, fue anunciado con platillos y tambores en una conferencia de prensa —tan civilizada como el mando de la guardia—, en la cual cada quien presumió su pincelada en el pardo pelaje del gato por la noche.
La Guardia Nacional, con la relativa disposición civil en el mando y la todavía más endeble temporalidad de cinco años (ya en el transcurso del tiempo se verá cómo se modifica esta circunstancia), es ahora un hecho consumado, como lo había sido la convocatoria al reclutamiento de sus integrantes desde hace varios meses.
Pero lo fundamental es esto: derribada la Ley de Seguridad Interior promovida por el anterior gobierno, hoy, por fin, el Ejército y las demás fuerzas armadas, ya tienen un marco jurídico de actuación . Eso resuelve los problemas hacia el interior del aparato de seguridad, pero no necesariamente elimina la inseguridad.
Se ha construido, dice la versión oficial de las cosas, un Ejército de Paz, como el de las Naciones Unidas y sus cascos celestes. Eso no es cierto.
Se ha hecho algo en sentido contrario al espíritu de la centenaria Constitución de 1917, se ha suprimido aquello del confinamiento castrense a los cuarteles en tiempos de paz, con lo cual se reconocen dos cosas: su resurgimiento y la ausencia de paz. No vivimos tiempos pacíficos en México.
La violencia y el crimen organizado nos han hecho vivir en el mundo temeroso de la inseguridad. La congoja, el susto cotidiano, la criminalidad en la sala de la casa.
Y la Guardia Nacional pretende (o al menos su creador), revertir esa tendencia, para lo cual, además, reparte dinero a diestra y siniestra, como una forma de atacar (paliar, disminuir, maquillar, amortiguar), las causas profundas de la violencia, las cuales son la desigualdad, la injusticia, la pobreza y —cómo no iba a ser— la corrupción.
Pero el paso está dado. Cinco años se impone el gobierno como límite para regresar a los soldados a sus cuarteles. Eso quiere decir, que el actual gobierno (si no hay otros cambios constitucionales en el plazo del ejercicio presidencial), entregará el poder y un país pacífico, sereno, justo, limpio de corrupción, con una refinería en Dos Bocas, un sistema de aeropuertos en Santa Lucía y Toluca y la CDMX y con un tren Maya. Nada mal.
Pero revisemos algunos datos. Vale la pena no olvidarlos:
Dos fueron los puntos culminantes de una estrategia veloz por parte del Presidente de la República.
La primera, las instrucciones al Senado, tras el pequeño obstáculo de la eliminación del cuarto artículo transitorio en la Cámara de Diputados, lo cual terminó siendo un hecho irreversible.
Así ocurrió en aquel ya lejano 17 de enero:
“El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este jueves no estar satisfecho con el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados…
“…Había un artículo transitorio que se propuso y fue eliminado del proyecto (...) Que durante un tiempo en lo que consolidamos la Guardia Nacional pueda el Ejército y la Marina ayudarnos. Entonces se quitó ese transitorio... nosotros tenemos que pedir respetuosamente a los senadores que se contemplen temas que fueron eliminados en la aprobación, sobre todo con la participación de las Fuerzas Armadas…”
Y así fue.
Hace apenas unos días se dio esta nueva advertencia:
“No queremos ser simuladores, no vamos a aceptar (¿?) leyes que no resuelvan el problema (de la inseguridad y la violencia), no queremos una reedición de la Policía Federal que no funcione…
“…Sin embargo, a pregunta expresa sobre el plazo de cinco años que se pretende acordar para mantener a las Fuerzas Armadas en estas tareas, dijo: “eso yo lo aceptaría, pero estoy seguro que como va a funcionar, le van a dar continuidad, eso está bien, es el beneficio de la duda.
“Que nos den, cuando menos, el beneficio de la duda… los gobernadores de Campeche, Coahuila, Durango y Sinaloa (PRI) han expresado su respaldo a la creación de la Guardia Nacional, pero los legisladores priistas se oponen. Lo mismo pasa con el PAN “entonces ¡fuera máscaras!”, aseveró.
Y al parecer se acabaron los días enmascarados. O al menos hubo cambio de máscaras, como hubiera dicho Carlos Fuentes.
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