Algunos lo dicen en voz alta. Otros prefieren susurrarlo, no tanto por precaución sino para no despertar ambiciones absolutas y apetitos después incontrolables, pero la verdad hay una creciente preocupación en algunos círculos de análisis político sobre los efectos de la aplastante mayoría y omnipresencia de Morena en el escenario nacional.
Hace muchos años, cuando el PRI era la única fuerza dominante, se decía: los mexicanos somos miembros del partido lo sepamos o no. Todas las organizaciones estaban adheridas a él, desde las centrales campesinas hasta las del movimiento obrero o las ligas de taxistas u operadores de carruseles con caballitos en las ferias infantiles.
Todos éramos el PRI en aquellos tiempos. Fue tan abrumadora la presencia del Partido, como para provocar su indigestión congestiva (con la cual inició su derrumbe endogámicamente) y no tener ni siquiera un palero para presentar candidato en la elección de José López Portillo.
Desde entonces fue necesario fomentar la lucha de partidos, hacer después los órganos autónomos de contrapeso y abrir las puertas de la sociedad a todo tipo de actividades fomentadas en un principio y toleradas más tarde.
Hoy, esa nueva capacidad aglutinante de todo y de todos se refleja en Morena. No sólo en quienes crearon con AMLO esa organización, sino en quienes ahora se suman apresurados a la fiesta de la victoria.
Y como las intenciones de adhesión son muchas, casi tantas como la fila de aspirantes a recibir favores del nuevo gobierno, la capacidad crítica se distorsiona y merma. Hoy nadie es capaz de censurar los vaivenes de anuncios tras anuncios, imprudencias notables, desatinos visibles y dislates evidentes del futuro gobierno, para quien un día se hará una nueva versión de la gendarmería, por ejemplo, pero al día siguiente una Guardia Nacional y días más tarde una Guardia Civil sin saber con claridad ni cómo se plantea ni cuál es su significado. Y mucho menos las razones de estos giros de banda a banda.
Institucionalmente no hay espacios de contrapeso, mucho menos de vigilancia o supervisión o exigencia de cuentas. Hace apenas unos días, el futuro Presidente se quitó de encima el estorbo del Instituto Nacional de Acceso a la Información y lo hizo, previsoramente, mediante la descalificación de sus integrantes. Los acusó de uno de los peores pecados en la vida: la opulencia de sus ingresos frente a lo escaso de sus resultados.
Andrés Manuel López Obrador tiene en la mira los sueldos de la burocracia que labora en organismos autónomos como los institutos Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
López Obrador criticó este martes la “burocracia dorada” que representa el Instituto de Transparencia y aseguró que no ha servido de nada frente a temas de interés nacional.
Así se ha publicado:
“No se trata de andar creando aparatos burocráticos, gastando el dinero del pueblo en mantener a burócratas de altos vuelos, a la burocracia dorada.
“Eso se va a terminar, ahí tienen ustedes como ejemplo, el Instituto de la Transparencia, ganan como 250 mil pesos mensuales los consejeros y qué han hecho desde que se fundó ese instituto”, cuestionó.
“¿Han evitado la corrupción en México? Nada. Al contrario, cuando se fundó ese instituto decidieron de que iban a mantener en secreto todo lo que se le condonó de impuestos a los grandes contribuyentes y hace poco ese mismo instituto de la Transparencia resolvió mantener en secreto el caso Odebrecht”, expuso.
Poco tiempo después la comisionada Blanca Lilia Ibarra divulgó la resolución del INAI (recurso de revisión 4436/18), para ordenarle a la Procuraduría General de la República la apertura del asunto Odebrecht, el cual —como se sabe de hace tiempo—fue entregado por el exprocurador Cervantes al actual encargado del despacho.
El asunto aquí no es si el INAI o la PGR son responsables del ocultamiento de las investigaciones de este escandaloso asunto, sino la actitud del futuro gobierno en relación con los órganos autónomos.
Sin elementos reales para la acusación, pues se trata de cosas aún no ocurridas y cuya posibilidad es remota, el futuro presidente culpó —o al menos responsabilizó— al Banco de México de una crisis financiera en el porvenir. Ahora habla de la inutilidad del INAI en el combate a la corrupción, y ya ha enderezado baterías para reducir a la mitad el financiamiento da los partidos —dejándolos tuertos, cojos y poco competitivos—, y los sueldos de consejeros en el Instituto Nacional Electoral.
Los órganos autónomos tienen una función paralela a sus fines institucionales sustantivos: el contrapeso del poder. En algún tiempo también lo tuvo el Congreso.
Fox dijo, el Presidente propone y el Congreso dispone. Ahora dirán, el Presidente dispone y el Congreso no se opone.
