Próximamente los mexicanos veremos una interesante batalla jurídica. Se podría anunciar como las viejas películas de El Santo, enmascarado de plata, dirigidas por Alfonso Corona Blake, (“¡Profesor Orloff llamando a Santo! ¡Rápido Santo, mi hija Diana corre un grave peligro!”), pero en este caso los únicos seres voladores no serán las mujeres vampiresas, sino los amparos contra el aeropuerto de Santa Lucía.
El presidente de la República ha invocado (como en Estados Unidos hizo Trump para fondear su ignominioso muro), el supremo argumento de la Seguridad Nacional, cuyo amplio significado todo lo abarca y sirve, como el bálsamo de Fierabrás o el rezo de La Magnífica.
En todo caso los poderes casi ilimitados del Presidente se enfrentarán —a tres caídas y sin límite de tiempo, en batalla campal— al sentido de los amparos, cuya cascada ha sido definida por el molesto Ejecutivo, como sabotajes legales en contra de su gobierno y sus transexenales proyectos, como el ya conocido Sistema Aeroportuario del Valle de México cuyo diseño es, por decir lo menos, delirante, complejo, innecesariamente complicado y a final de cuentas tan gravoso como el caldo de las albóndigas pobres: carísimo.
Superior, obviamente al perverso, faraónico, neoliberal y fifí Aeropuerto Internacional en Texcoco, abortado quien sabe —en verdad— por cuáles profundas y caprichosas razones o sinrazones. Pero lo hecho, hecho está y no hay más para dónde hacerse.
La base de cualquier argumentación se encuentra en el siguiente artículo (5°) de la Ley de Seguridad Nacional, cuyo texto algunos desconocen. Vale la pena leerlo:
“Artículo 5.- Para los efectos de la presente Ley, son amenazas a la Seguridad Nacional:
“I. Actos tendentes a consumar espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria, genocidio, en contra de los Estados Unidos Mexicanos dentro del territorio nacional;
“II. Actos de interferencia extranjera en los asuntos nacionales que puedan implicar una afectación al Estado Mexicano;
“III. Actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada;
“IV. Actos tendentes a quebrantar la unidad de las partes integrantes de la Federación, señaladas en el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
“V. Actos tendentes a obstaculizar o bloquear operaciones militares o navales contra la delincuencia organizada;
“VI. Actos en contra de la seguridad de la aviación;
“VII. Actos que atenten en contra del personal diplomático;
“VIII. Todo acto tendente a consumar el tráfico ilegal de materiales nucleares, de armas químicas, biológicas y convencionales de destrucción masiva;
“IX. Actos ilícitos en contra de la navegación marítima;
“X. Todo acto de financiamiento de acciones y organizaciones terroristas;
“XI. Actos tendentes a obstaculizar o bloquear actividades de inteligencia o contrainteligencia, y
“XII. Actos tendentes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos.”
En esas condiciones es comprensible el recurso legal. Si el amparo es legal, la invocación a la Seguridad Nacional, también, así fuera sólo con el breve contenido de los subrayados, podría orientar la decisión del juez o los jueces responsables de resolver los amparos en definitiva (las presiones políticas son aparte), en un sentido desfavorable a quienes buscan la protección de la justicia federal contra el capricho de Tecamac.
Y si a eso le agregamos esta declaración; pues ya nos podemos imaginar:
“Hay otros que no se atreven ya a dar el paso, a quitarse la máscara, a constituirse en una asociación política, en un partido político. Por ejemplo, todo esto que hace la asociación de Claudio X. González, de estar promoviendo los amparos para que no se construya el aeropuerto en Santa Lucía, o todo este activismo político; ya, fuera máscaras, a un lado la hipocresía, además es legítimo, permitido, aceptado… siempre han tenido diferencias con nosotros porque Claudio X. González papá fue asesor de Salinas y ha sido el dirigente de grupo… la base aérea de Santa Lucía tiene más de 50 años; le están construyendo amparos por daños ecológicos, pero se va a construir en la base aérea. Es nada más por frenar el avance de nuestro movimiento transformador”.
DISCULPAS
Los guerrilleros a quienes ahora se les ofrecen piadosas disculpas fueron, en su tiempo juzgados y condenados por los delitos cometidos durante su etapa de lucha política armada. Después fueron amnistiados. Luego se reconocieron violaciones a sus derechos humanos. Se les ofrecieron disculpas y una nieve de limón.
Ahora a los indiciados por los crímenes de Iguala, habrá que pedirles perdón por las “torturas y violaciones a sus derechos humanos”. ¡Ah!, pero sin nieve de limón. No se la merecen.
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