Según datos del INEGI, en México más de 3 millones de niños, entre los 5 y 17 años de edad, están trabajando; de éstos, un millón cien mil son menores de 14 años, es decir, no han cumplido la edad mínima que marca la Ley Federal del Trabajo.
Entre las principales actividades que realizan los niños están la venta ambulante, el aseo de calzado, la carga de bultos, la limpieza de autos y el trabajo doméstico.
Las consecuencias, entre otras, son: la violencia, el maltrato; el inicio temprano de la vida sexual (con la consecuente falta de información sobre las enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados); la explotación sexual comercial infantil; el consumo de drogas y la trasgresión de las leyes.
De acuerdo al informe El trabajo infantil en México: avances y desafíos, elaborado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), la principal causa del trabajo infantil es la pobreza. Otros factores causantes de este fenómeno social son: la demanda en hogares, granjas o negocios familiares para que los niños participen en el trabajo; las normas y actitudes sociales y los costos que implica la educación (uniformes, transporte, material escolar, inscripciones).
Solamente uno de cada cuatro niños trabajadores concluye su educación básica, de lo cual se desprenden problemas como el analfabetismo y el ausentismo escolar, altos índices de reprobación, bajo aprovechamiento y deserción escolar. Un alto porcentaje de los niños trabajadores pertenecen a comunidades indígenas. Habrá que agregar que éstos son los datos oficiales, por lo que el número puede ser mayor.
En la semana que termina, Crónica presentó un amplio reportaje, ejemplo del trabajo y la explotación infantil, elaborado por nuestra reportera Dennisse Mendoza y el equipo de jóvenes asignados a los asuntos de la Ciudad de México en nuestro diario. El reportaje da cuenta de menores de edad que son utilizados para vender dulces y botanas que transportan en pesadas carretillas, por las colonias Polanco, Roma y Condesa. Niños, en su mayoría, indígenas reclutados en algunos de los estados de mayor pobreza del interior de la República, que viven hacinados en una bodega y que son obligados a recorrer las calles, especialmente aquellas donde existen restaurantes y bares. Es frecuente verlos también en las estaciones del Metro y sitios concurridos, ante la indiferencia de todos. Son explotados por un grupo de pillos que los tiene retenidos, que les da un techo, alimento, obligándolos a trabajar más de 10 horas diarias en largas caminatas y les prometen una retribución económica, que nunca llega, a cambio de trabajo.
Son delitos cuya existencia no se entiende sin la protección de las autoridades, que saben que el ilícito se comete, pero voltean de manera interesada hacia otro lado.
El trabajo periodístico cumple con los requisitos éticos establecidos en Crónica de apegarse a la verdad y presentar los temas con objetividad, pero también obedece a nuestro deseo de romper con la indiferencia y menosprecio social por la realidad de nuestros niños explotados.
En lo personal y conmovidos por las narraciones de nuestros compañeros nos preguntamos ¿dónde están los programas sociales?, ¿los de protección a los niños?, ¿dónde está el compromiso de un gobierno que se proclama de “izquierda” para luchar por los más pobres?, cuando a los ojos de todos y todos los días somos testigos de la explotación infantil que, en muchos casos, habrá que decirlo, cuenta con la aprobación de los padres, con la esperanza de tener mayores recursos económicos.
En esta ocasión, gracias a este trabajo, conocimos sólo un caso de abuso y explotación infantil, pero ¿y los boleritos, los limpiaparabrisas, los carretilleros de los mercados, los vende chicles que todos los días observamos?, ¿qué hacemos como sociedad para remediar el abuso del que son objeto?, la respuesta es… nada, somos una sociedad indiferente y desvalorizada.
Las autoridades judiciales investigaron este caso, fue detenida una mujer encargada del reclutamiento de los niños; el asunto fue presentado ante un juez y se ha iniciado un juicio para castigar a los culpables. El principal responsable está prófugo y deseamos que sea detenido pronto y castigado por los delitos que cometió.
Intimidación a los periodistas
“La investigación no es una especialidad del oficio, sino que todo periodismo tiene que ser investigativo por definición”
GABRIEL GARCIA MARQUEZ
La intimidación o las agresiones a periodistas son atentados en contra de la libertad de expresión y por ese motivo contra la democracia. No es, en consecuencia, un asunto menor o restringido a los practicantes de una oficio determinado, sino en contra de la sociedad en su conjunto. La integridad de los periodistas en el ejercicio de su trabajo es un tema de interés público.
El propósito de fondo de los agresores y sus cómplices es controlar el tipo de información que le llega a la sociedad. Es una suerte de censura, ya que se decide, desde órbitas diferentes a la mesa de redacción, qué se publica y qué no. Los reporteros quedan expuestos cuando hacen tareas de investigación consideradas peligrosas, como exhibir a un grupo del crimen organizado que vende droga en Ciudad Universitaria o informar sobre una situación delictiva.
Hay un andamiaje legal vinculado a la protección de periodistas. Se creó en 2010 la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), que forma parte de la Procuraduría General de la República. Dos años después nació el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que depende de la Secretaría de Gobernación. El Mecanismo, se dijo, debe estar pendiente de las amenazas y agresiones a comunicadores que se denuncien en los medios. Cuando se detecta alguna situación de riesgo debe contactar a los afectados.
Para un reportero el riesgo arranca desde que empieza a hacer preguntas en casos delincuenciales. Los especialistas dicen que ni siquiera es necesario que ya haya publicado la información, con que se sepa que anda por ahí preguntado comienza a ser un probable blanco de represalias.
El ejercicio periodístico es, como decía Gabriel García Márquez, un trabajo de investigación. Hay muchos floridos discursos sobre la libertad de expresión y la labor de los periodistas de cara a la democracia gracias al fortalecimiento de la ciudadanía. En el caso de la secuencia de notas sobre investigaciones periodísticas ligadas a la delincuencia y el narcotráfico han dado pie a amenazas e intimidaciones a los autores de la información, por ello es preocupante meter a los reporteros a los procesos judiciales ya que esto los coloca en situación de riesgo.
En Crónica seguimos una línea editorial apegada a los intereses del país, con información consistente, sin estridencias, que busca ser de utilidad para nuestros lectores y la sociedad en su conjunto. El equipo de trabajo está conformado por un grupo de profesionales, algunos con vasta experiencia y otros que se abren camino gracias a su dedicación y ganas de trascender. Comprendemos que el trabajo se despliega en un entorno adverso de violencia creciente, por eso mismo es que se necesita de las autoridades un comportamiento acorde con las circunstancias para evitar potenciar riesgos. Al final lo que se busca es ejercer a plenitud la libertad de expresión y con ello fortalecer nuestra endeble democracia.
