MAL COMIENZO
Iniciamos el año electoral en el que están en juego 12 gubernaturas, 1015 presidencias municipales y 441 diputaciones locales, en las que intervendrán más de 26 millones de ciudadanos registrados en el Padrón Electoral. Adicionalmente habrá que elegir a los ciudadanos integrantes de la Asamblea Constituyente para la Ciudad de México.
Grandes retos se presentan en estas elecciones, tanto para los partidos políticos como para la autoridad electoral. Entre ellos, y quizá los más importantes, la credibilidad y la comunicación para los electores; sin embargo, un incidente a todas luces arbitrario y fuera de contexto ha exhibido la debilidad en la observancia de la legalidad, al Instituto Nacional Electoral que ha desatado una serie de acciones contra los periodistas y conductores de televisión Javier Alatorre, Carolina Rocha, Jorge Zarza y Joaquín López Dóriga, por haber hecho una serie de comentarios sobre los spots que se transmitieron durante la cobertura televisiva de la visita del papa Francisco a México.
López Dóriga escribió: “La persecución del INE la basa en los comentarios que hice durante la transmisión del sábado de la visita del Papa, en el sentido de que el corte comercial al que íbamos, había sido pautado por el mismo INE, lo cual es cierto; que era sobre las campañas para candidatos constituyentes de la Ciudad de México, cierto también; que en los del partido Acción Nacional, se promovía la persona de su presidente, Ricardo Anaya, de nuevo cierto, y habían sido programados en la transmisiones del viaje papal a México, otra verdad del tamaño de una catedral, para estar en el tono”. La Comisión de Quejas y Denuncias del INE, concluyó que “no existe base para destinar que las expresiones y comentarios analizados transgredan el marco normativo y no se vulnera el modelo de comunicación política previsto en el artículo 41 constitucional” y que lo dicho en la referida transmisión “se hizo en ejercicio de libertades que el Estado mexicano debe respetar”, agrega que esas expresiones “están amparadas bajo la libertad de expresión. Considerar lo contrario, podría ser nugatorio de derechos fundamentales sin que exista base razonable o motivos suficientes para ello, lo cual conduciría a la adopción de una medida desproporcionada en perjuicio de los denunciados”.
No obstante Joaquín fue emplazado a una audiencia de “pruebas y alegatos”.
¿ILEGALIDAD O INCIDENTE?
La pregunta obligada es: ¿esta acción es legal?, es decir ¿está previsto por la ley electoral sancionar menciones de hechos reales? A todas luces la respuesta es no, ya que la ley superior, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece claramente y auspicia la libertad de los ciudadanos para expresarse, no sólo los periodistas, sino de cualquier ciudadano, la libertad de expresión es por esto un derecho inalienable, que la burrocracia, sí leyó usted bien “Burro-Cracia, en el sentido más peyorativo de nuestro Instituto Electoral, no puede coartar con un oficio o una ocurrencia de autoritarismo fallido. Sólo es un incidente, dirán los eternos defensores de las arbitrariedades, aquellos que se disculpan después de haber efectuado una sentencia injusta y arbitraria que en otra materia le ha costado la libertad a muchos ciudadanos. No, no es un incidente menor, es una acción que lastima los esfuerzos por mantener un organismo electoral confiable y defensor de la legalidad, que traiciona los esfuerzos de muchos por lograr construir instituciones sólidas y respetables como lo debe ser quien cuenta los votos de los ciudadanos que ejercen un acto de gran importancia para la consolidación democrática.
Se puede pensar que este “INCIDENTE” ha llamado la atención porque les ocurrió a famosos periodistas, pero yo me pregunto si esto le pasa a los famosos, qué les pasará a los que no lo son. La legalidad no puede negociarse, debe ser de observancia obligatoria para todos.
LAS ALIANZAS
Ya está casi listo el elenco de los políticos que competirán este año por las doce gubernaturas que estarán en juego el primer domingo del mes de junio. En todos los partidos con posibilidades de ganar ha habido roces, descalificaciones, incluso rupturas. Hay los que molestos incluso se han cambiado de partido y los que sostienen, pero con una queja total, sobre una supuesta parcialidad. El panorama visto desde hoy, habla de un PRI que seguirá como la principal fuerza política. El PAN tiene fuerza por las alianzas en Veracruz y aquí en el Distrito Federal. El PRD no levanta cabeza y Morena no tiene espolones para competir. Su fuerte es el Distrito Federal, pero en el interior del país se deja ver poco.
Un sello distintivo en 2016 son las alianzas electorales, que no son nuevas, ni novedosas, datan desde 1958, cuando pequeños partidos como el Popular Socialista (PPS) y el Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM) postularon al mismo candidato del Revolucionario Institucional (PRI) para Presidente de la República, Adolfo López Mateos; en 1964 a Gustavo Díaz Ordaz; en 1970 a Luis Echeverría Álvarez; en 1976 a José López Portillo y en 1982 a Miguel de la Madrid Hurtado. Posteriormente la reforma electoral de 1985 permitió candidaturas comunes y sirvió de incentivo para formar nuevas alianzas entre nuevos partidos. En las elecciones presidenciales de 1988 el Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM), el Popular Socialista (PPS), Partido Mexicano Socialista (PMS) y el Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional (PFCRN) se unieron y postularon al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, quien obtuvo el 30% de la votación total.
En los noventa, los partidos opositores PAN y PRD formaron alianzas en Durango, San Luis Potosí y Tamaulipas. En 1999 el PAN y el PRD postularon a un candidato a gobernador que logró la victoria en Nayarit. El PRI revisó su estrategia de alianzas y a partir del 2003 decidió realizar coaliciones con el Verde Ecologista (PVEM) y a partir del 2009 amplió su alianza con un partido de reciente creación: Nueva Alianza (Panal). De esta manera las ideologías desaparecen para sumar sólo el interés del triunfo electoral. La gran interrogante será si las alianzas funcionarán también para la elección de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.
EL COSTO ELECTORAL
En la elección de 2015, según datos del financiamiento público proporcionados por el INE, el costo por voto en esa elección fue en promedio de 158.42 pesos.
El costo del voto a favor del PAN se mantuvo en el promedio de 158.42 pesos. El del PRI fue más económico al tener un costo de 131 pesos y el del PRD, el costo más alto por cada elector, fue de 228.00 pesos.
Los partidos medianos todos gastaron por arriba del promedio, pero a quien más le costó fue al PT con 378.00 pesos. Cada voto a favor de Movimiento Ciudadano costó 171.00 pesos. Nueva Alianza erogó 276.00 pesos por cada voto a su favor. El Partido Verde tuvo un costo similar al Partido Movimiento Ciudadano con 175.00 pesos en promedio.
De los tres nuevos partidos quien mejor maximizó sus recursos públicos fue Morena. Ellos tuvieron un gasto por voto de 40 pesos. La publicidad centralizada en López Obrador fue clave en el desempeño del gasto de Morena. Del Partido Humanista el costo del voto estuvo dentro del promedio, mientras que para Encuentro Social el costo del voto fue el más económico.
Para 2016 el Consejo General del INE aprobó un presupuesto mayor a los 4 mil millones de pesos para las actividades de los partidos políticos. Es de esperarse que las expectativas sean proporcionales al presupuesto.
