Su nacimiento
El antecedente del municipio en México lo encontramos en los calpullis, que se caracterizaron por ser la unidad económica autosuficiente con gobierno propio, la propiedad era comunal, los vecinos tenían derecho al usufructo, pero no a la propiedad privada; el consejo de ancianos era una junta vecinal, la cual estaba representada por un integrante de cada familia, que designaba por elección a los funcionarios.
A la llegada de Hernán Cortes a las costas mexicanas, se instaló en Veracruz el primer ayuntamiento y cabildo a la usanza del derecho municipal español, pues en España, el gobierno de las ciudades residía en el concejo municipal o ayuntamiento. El 22 de abril de 1519 en la Villa Rica de la Vera Cruz se instaló el primer ayuntamiento de la Nueva España.
La Constitución de 1824 estableció las bases de la libertad de los estados para que organizaran su régimen interior. Durante el Segundo Imperio Mexicano, se utilizó el Departamento como división territorial, sustituyéndose al estado. Finalmente en la Constitución de 1917, Venustiano Carranza reforma el artículo 115 estableciendo que la base de la división territorial y de la organización política administrativa de los estados de la federación es el “Municipio Libre”.
SUS ATRIBUCIONES
En 1983, al modificarse el artículo 115 de la Constitución Política de México se otorga al municipio la capacidad jurídica de formular el presupuesto y recaudar ciertos impuestos. Se establece que son parte del municipio las congregaciones, pueblos, aldeas, ejidos y ranchos que se encuentran dentro del territorio municipal. Uno de estos pueblos o ciudades funcionan como “Cabecera Municipal”, desde donde el presidente gobierna. El ayuntamiento está integrado por: Presidente Municipal, Síndicos Municipales y Regidores, El municipio es responsable por: Agua y Drenaje, Alumbrado Público, Seguridad Pública, Tráfico, Cementerios y Parques; sin embargo, pueden convenir con los Estados sobre la prestación de servicios públicos, si esto les significa la prestación de un mejor servicio. Los poderes del Municipio, es decir, el Ayuntamiento, pueden suspenderse o desaparecer si así lo decreta el Congreso del Estado, de conformidad con el artículo 115 de la Constitución, por acuerdo de las dos terceras partes de sus miembros, fundándose en las causales que determinen las leyes del Estado.
DESIGUALDADES
Este nivel de gobierno que tiene la misión de atender las necesidades más inmediatas de una localidad, especialmente la seguridad, ha sido víctima histórica de la pulsión del centralismo que caracteriza al país desde el virreinato. Los municipios son el reflejo de la desigualdad de nuestra nación. Los hay prósperos, los menos, y muchos miserables. Así como hay municipios ricos, como Monterrey o San Pedro Garza García en Nuevo León, hay otros que exhiben niveles de pobreza alarmantes, donde la gente tiene problemas incluso para comer tres veces al día. Van como ejemplos los nombres de Metlatonoc, en Guerrero, Coicoyán en Oaxaca o el Pinar en Chiapas. No parece sensato que unos y otros tengan la misma denominación y respondan a la misma figura jurídica, ya que se trata de mundos diferentes. La capacidad de gestión de los alcaldes ante los respectivos gobiernos estatales es limitada, su capacidad de resistencia ante los embates económicos y del crimen, es nula.
DEBILIDAD Y CORRUPCIÓN
El caso Iguala y la actuación delincuencial de su Presidente Municipal José Luis Abarca impacta de tal manera las estructuras del Estado mexicano que más allá de la investigación formal que está en curso, y que eventualmente llevará a la captura de los autores materiales y, acaso, de los intelectuales de los hechos incalificables; lo que es un imperativo para el Estado mexicano y para el prestigio del gobierno del presidente Enrique Peña, impone una reflexión sobre el andamiaje estatal para intentar desentrañar las causas de la aguda debilidad institucional de muchos municipios del país, que han permitido que bandas del crimen organizado asuman en muchos casos el poder real, dejando a las autoridades legalmente constituidas un papel secundario, apenas decorativo, pues no tienen elementos reales para hacer frente al amago de la delincuencia que hace a los alcaldes aquella estremecedora oferta: “Cooperas o cuello”. Casi siempre los presidentes municipales terminan cooperando, aunque en ocasiones son eliminados. La combinación de debilidad institucional y corrupción coloca a los municipios en una charola de plata para los depredadores de la mafia.
GOBIERNO MAFIOSO
Para consolidar su hegemonía, poder “trabajar” sin problemas y tener a la mano los recursos que genera la población y ante la debilidad municipal, los cárteles les han puesto el ojo llegando a dominarlos con mucho éxito. Los casos abundan. El más notable de los últimos tiempos son los municipios de Tierra Caliente de Michoacán, que ha sido profusamente documentado por los medios de comunicación. Primero, La Familia Michoacana y después Los Caballeros Templarios pusieron en marcha una nueva estrategia que añadía al trasiego de drogas la expoliación directa de las comunidades, para lo cual fue necesario conseguir, a cualquier precio, la cooperación de los alcaldes, que sin una fuerza policiaca digna y eficaz, sino apenas una docena de uniformados que antes sólo tenían el trabajo de encerrar a borrachos, se entregan sin pensarlo en brazos del crimen organizado, que sí les asegura un cierto control sobre la población, a cambio, claro, de que sean ellos, los delincuentes, quienes tomen las decisiones. Las imágenes de las presidentas municipales de Pátzcuaro y Huetamo, así como del alcalde de Aquila departiendo con Servando Gómez, La Tuta, gran corruptor, no deja lugar a dudas. Autoridades y mafiosos se ponen de acuerdo en cómo se harán las cosas en la alcaldía, incluso qué porcentaje del presupuesto será entregada a los criminales como un singular derecho de piso para dejarlos trabajar. La alcaldesa de Huetamo, Dalia Santana, le cobraba incluso a los empleados de la alcaldía un porcentaje de las quincenas, alrededor del 20 por ciento, para darlo a La Tuta.
CORRUPCIÓN “POQUITA”
Según estudios recientes, más del 70 por ciento de los municipios del país están bajo control de la mafia. Entran como cuchillo en mantequilla porque en casi todos hay una tradición añeja de corrupción en la policía, que se dedica a extorsionar a los ciudadanos, para cubrir la cuota con sus superiores y de éstos, con las principales figuras políticas de la localidad. La ancestral proclividad a la corrupción vuelve porosas a las alcaldías que son presa, más que fácil, del crimen organizado. No hace mucho, un candidato a alcalde en Nayarit, Hilario Ramírez, aceptó que una anterior gestión al frente del municipio de San Blas había robado, pero “muy poquito” porque el presupuesto era pequeño. La anécdota se completa señalando que Hilario volvió a ganar.
POLICÍA SICARIA
Lo que los expertos denuncian es que el esquema de corrupción de las policías municipales no es autónomo, no se limita a ellos, sino que sube a sus mandos y de ahí a los jefes políticos de la región, esos jefes políticos como se presume ocurrió en Iguala,
Guerrero, donde son socios de cárteles con lo que se configura una maridaje que tumba las instituciones. Se ha llegado al extremo de que policías municipales o estatales, en su calidad de sicarios de un cártel, se enfrenten a otros policías municipales a sueldo de un cártel rival. ¿Cómo detectar el involucramiento de un alcalde con actividades delictivas? La respuesta es muy sencilla, siempre siguiendo la óptica de los especialistas, no se realiza porque la clase política en su conjunto se resiste a implementar regulaciones: checar su patrimonio y el de sus familiares directos. ¿Alguien por ejemplo, conoce el patrimonio del huido alcalde de Iguala y de su esposa? ¿Vivían de acuerdo a su sueldo? Ningún integrante de los partidos políticos se tomó la molestia de indagar y nadie tampoco presentó denuncias de enriquecimiento inexplicable, por una sencilla razón: porque no quieren que nadie vea sus propias cuentas. No es una cuestión de siglas políticas sino de ubicación territorial. Al crimen organizado no le importó, por años, a qué partido pertenecía el alcalde de Lázaro Cárdenas, o el de Matamoros, sino que había estructuras como el puerto o el cruce fronterizo para facilitar sus negocios. En Guerrero mismo, hay otra media docena de municipios, sobre todo los que están cerca de Michoacán, que pueden estar cooptados, cuyos alcaldes se asocian por gusto o por obligación con la delincuencia.
TAREA DE TODOS
El proceso electoral 2015 ya arrancó de manera formal. Un apartado que debe estar sobre la mesa son los aspirantes a alcaldes de todos los municipios y en especial de los de alto riesgo en estados como Guerrero. Los partidos, pero también los gobiernos estatales y el federal, así como el organismo electoral, tienen que poner en marcha mecanismos de protección que impidan que llegue a puestos de mando personeros de los cárteles. Hay poco tiempo y mucho qué hacer. La pregunta está en el aire ¿Cómo acabar con la corrupción? ¿Cómo fortalecer la institucionalidad? ¿Cómo seleccionar candidatos honestos y comprometidos con los valores sociales?... es tarea de todos.
