SUMIDOS EN EL DESPRESTIGIO
Nuestra Carta Magna, que pronto cumplirá cien años, establece en su artículo 17 que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Ahí tiene parte de su sustento legal el Poder Judicial en el país que es, para decirlo en términos astronómicos, un hoyo negro, desconocido para la población mayoritaria quien no conoce a los jueces, no sabe en qué consiste su trabajo, que realizan en la penumbra para darle a la corrupción e impunidad todas las oportunidades que se necesitan para florecer y echar raíces.
Del Poder Judicial en el país se habla poco y mal. No debe sorprender su mala fama. Los ciudadanos detectan el nivel de vida opulento de jueces y magistrados que viven muy por encima de sus salarios. La idea dominante es: con un juez siempre hay manera de arreglarse. Todos a la hora de la verdad tienen su precio. Si esto es verdad o mentira es complicado saberlo. Lo real es que están sumidos en el desprestigio.
¿MUCHOS O POCOS JUECES?
En nuestro país los jueces pertenecientes al Poder Judicial federal están conformados por tres categorías que, de acuerdo con su jerarquía jurisdiccional, corresponden a la de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y los magistrados de circuito y jueces de distrito.
Los magistrados de circuito y jueces de distrito, se encuentran bajo la administración y vigilancia del Consejo de la Judicatura Federal, órgano del propio Poder Judicial creado en 1995 especialmente para esta función, que incluye la de fincar responsabilidades a los juzgadores federales que no cumplan con la normatividad que les ha sido impuesta para desempeñar sus funciones, de acuerdo con los principios establecidos por el propio Consejo.
Adicionalmente, cada entidad federativa, incluyendo la Ciudad de México, cuenta con un Tribunal Superior de Justicia que administra e imparte justicia, ejerciendo la función jurisdiccional, mediante la gestión basada en los principios éticos y valores institucionales, para preservar el estado de derecho y la paz social en su Estado, según versa en sus declaraciones de principios, e incluye la organización, administración y vigilancia de la función de los jueces del Estado en las diferentes materias: penal, civil, mercantil y familiar.
Según datos del Inegi, el Estado de México, la Ciudad de México y Veracruz son las entidades federativas que tienen el mayor número de jueces; mientras que Tlaxcala, Colima y Baja California Sur son los que menos. En promedio seis de cada diez jueces son hombres y apenas el 5 por ciento es menor de 35 años de edad.
DESCONFIANZA Y CORRUPCIÓN
La percepción pública, sin embargo, es muy negativa al percibir al sistema de justicia en general como corrupto, Se basa desde luego en los hechos cotidianos, en los que se conoce que delincuentes reincidentes, son liberados con facilidad. Alejandro Martí, por ejemplo, presidente de la organización México SOS, afirmó que la falta de capacitación de los jueces, su falta de sensibilidad, así como la corrupción, propician la impunidad y la liberación de delincuentes.
En un estudio desolador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, coordinado por Manuel Carbonell, se afirma que la peor consecuencia de la corrupción en el sistema judicial de nuestro país son los altos niveles de impunivdad, o sea que los delitos que se cometen no son sancionados. Esta impunidad es generada y amparada por la corrupción de los distintos agentes involucrados en el sistema judicial: policías, ministerios públicos, jueces y responsables de las cárceles.
Según este estudio. La impunidad alcanza una cifra altísima. Los datos disponibles justifican de sobra el bajísimo nivel de confianza de la sociedad en las instituciones encargadas de la justicia en el país. Refleja una crisis antigua, persistente, difícil de remover, que se muestra de manera notable en los tribunales locales, que todavía son más vulnerables que los federales para ser presas de la corrupción.
Los mecanismos para sancionar a los jueces que han cometido delitos son lentos, poco transparentes, aliados de la impunidad. La mala fama pública de los agentes del Ministerio Público, por demás justificada, hace que la gente muchas veces no se fije, o lo haga menos en la corrupción de jueces y magistrados. ¿Cuántos de ellos viven de acuerdo al sueldo que reciben? Muy pocos, casi ninguno.
EJEMPLO VERGONZOSO
Un caso reciente, y sólo como ejemplo real, es el que ocurrió a Luis Carlos Vega Pámanes, presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, que logró resonancia en la prensa nacional. La historia, fue revelada por un grupo editorial de alcance nacional, y el hecho es que pidió al secretario de Seguridad Pública de Guadalajara, Salvador Caro Cabrera, liberar a dos presuntos delincuentes que fueron detenidos con armas de fuego y habían sido buscados por robo y asalto. En gesto inusual el funcionario municipal se negó a soltar a los delincuentes. El magistrado movió todas sus influencias, que no son pocas, para evitar que los detenidos fueran encarcelados por más tiempo.
¿Fue un gesto inusitado o se trata de la regla seguida por ese personaje? ¿Cuántos delincuentes han librado la cárcel gracias a este acomedido juez? Vega explicó al jefe policiaco las razones de su petición: “el jefe de los delincuentes es muy amigo de un grupo empresarial de aquí”… En un mensaje críptico que puede significar cualquier cosa. Con lo que no contaba el magistrado era que la alcaldía de Guadalajara lo denunciaría ante la Procuraduría General de la República por delitos en contra de la administración de la Justicia y que una grabación de su charla se difundiría. La pregunta inevitable es: ¿qué recibió el juez a cambio de sus gestiones?, ¿una palmada en la espalda?, ¿una invitación a comer?, ¿dinero? La bancada del Partido Movimiento Ciudadano no dejó morir el tema, aprovechando también el sentido partidista, y anunció que solicitará el desafuero del presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco. Si el magistrado Vega Pámanes es inocente valdría la pena revisar con lupa su actuación en otros casos, sus ingresos, sus resoluciones, las compras que autorizó.
Prácticamente no hay información de jueces o magistrados involucrados en casos de corrupción que hayan sido encarcelados. Tal parece que la ley está hecha para propiciar impunidad. Los trámites de quejas ciudadanas son ocultos, lentos, engorrosos al máximo. La regla es que se salgan con la suya a pesar de ser blanco de señalamientos muy serios. Duele decirlo, pero se cubren unos a otros, como en la mafia. ¿Por qué a jueces y magistrados no se les pide por ejemplo presentar su declaración 3 de 3? Su actuación debe estar a la vista de todos. Deben operar en una caja de cristal y no en la penumbra, como ocurre hoy.
En ocasiones, por motivo de un escándalo, un juez es retirado del cargo. Una vez que pasa el escándalo y que la atención de la opinión pública se va a otras cosas, los jueces son reinstalados, como si nada.
NUEVO SISTEMA PENAL
La sociedad mexicana está agraviada. Está harta de las historias de servidores públicos, de los tres Poderes de la Unión, que usan y abusan de sus cargos para enriquecerse. Hay funcionarios, legisladores y también jueces. De ahí se deriva el desprestigio de las instituciones y, lo que es todavía más grave, el desencanto con la democracia como forma de gobierno.
Por ello, toma especial importancia el nuevo sistema penal acusatorio, su aprobación no ha sido fácil, pero al fin se logró a partir del mes de junio de este año. La sociedad debe participar, sin duda, pero habrá que brindarle confianza desechando un sistema penal laberíntico y tenebroso, como el que hemos padecido: un sistema donde pocos rinden cuentas y donde los jueces condenan o absuelven sin que la sociedad sepa por qué.
El nuevo sistema pretende agilizar y transparentar la impartición de justicia penal en todo el país, estableciendo los Juicios Orales, con audiencias públicas, en las que se pueda observar la actuación de los juzgadores, donde se conozcan las pruebas que obtuvo la policía y cómo elaboró su acusación el Ministerio Público y donde el juez tendrá que explicar el motivo de su decisión en una audiencia pública; la llamada Justicia Alternativa, que consiste en lograr un acuerdo previo entre las partes sin tener que enfrentar un juicio procesal largo y complicado; el proceso abreviado cuando el inculpado acepta su responsabilidad; y la presunción de inocencia, elemento poco admitido por los juzgadores.
La reforma constitucional establece que, al dictar la sentencia que dé fin a un juicio, el juez explique, en audiencia pública, qué razones tuvo para absolver o condenar a una persona, qué elementos consideró en su decisión. Una medida como ésta, aplicada en países jurídicamente desarrollados, hace que sólo 10 por ciento de las sentencias se apelen, pues la mayoría de las personas quedan, si no satisfechas, al menos conscientes acerca de qué consideró un juzgador al momento de dictar sentencia.
Habrá que reconocer las ventajas y virtudes de la nueva reforma y es el momento de poner al Poder Judicial debajo de los reflectores y pasar a todos los jueces a la báscula. La sociedad debe participar, denunciar y exigir que se cumpla con la ley. Los jueces y magistrados, honestos, que existen también, tienen la oportunidad de trabajar para recobrar la confianza de la sociedad.
El que nada debe, nada teme.
