ORGANISMO IMPARCIAL
La transición política en el país es quizá el dato de mayor relevancia en la historia moderna de México. Para las nuevas generaciones, digamos mexicanos menores de 30 años, es la regla en un sistema de partidos -donde existen organismos electorales que organicen y califiquen las elecciones y sobre todo que sus decisiones sean acatadas-, que los votos se cuenten a la vista de todos y que los ciudadanos tengan un documento de identificación confiable, como es la credencial para votar con fotografía. Es normal que el gobierno de un estado pase de un partido a otro, como lo acabamos de ver el pasado 5 de junio, en estados como Veracruz, Quintana Roo, Chihuahua, o Tamaulipas, o que el gobierno de la República sea controlado por partidos políticos diferentes, como ocurrió en el año 2000 y en el 2012 entre PRI y PAN.
Pero no siempre fue así. Pasar de un régimen de partido hegemónico, que tuvimos por décadas, con un presidencialismo que fue descrito por un narrador como dictadura perfecta, a uno de competencia real en el que todos los poderes, incluso el Ejecutivo están acotados y en el que los otros Poderes de la Unión, Legislativo y Judicial, gozan de autonomía, y hacerlo de manera pacífica es, me permito decir, una hazaña colectiva. El que se respete y cuente el voto ciudadano, que exista un organismo imparcial responsable de la elección y en caso de controversia un tribunal que resuelva con justicia las inconformidades, forma parte de un auténtico sistema democrático, aún con defectos, pero en proceso de perfeccionarse.
Según textos claves para entender el funcionamiento de las sociedades democráticas, es fundamental que exista una instancia independiente para dirimir los conflictos suscitados por la aplicación de la normatividad electoral, que es el papel que en México desempeña el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Su creación es relativamente reciente, a partir de los años noventa, con el objeto de velar por la legalidad de los procesos de elección de los representantes populares, es decir, del Presidente de la República, los Senadores y los Diputados. En el año 1996, se integró formalmente a la estructura del Poder Judicial de la Federación, con una Sala Superior y cinco Salas Regionales. La primera está integrada por 7 magistrados y las segundas por tres.
LAS BASES
Sobresalen en este proceso de integración dos personajes que habrá que recordar, el primero José Fernando Franco González-Salas, actual ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde el 2006.
Fernando Franco cursó su carrera de licenciado en Derecho en la Escuela Libre de Derecho, donde ha dado clases por décadas y fue electo como Presidente del Tribunal Federal Electoral (Trife) desde 1990 hasta 1996, en estas fechas también fue creado el Instituto Federal Electoral. Su desempeño fue fundamental para sentar las bases del actual Tribunal y es recordado por su sobriedad y capacidad jurídica.
Posteriormente fue electo el destacado maestro José Luis de la Peza, quien por más de 50 años dio cátedra en la Escuela Libre de Derecho y fue maestro por oposición en la Universidad Autónoma de México.
En su calidad de Presidente del Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación, fue el primero que entregó una constancia de triunfo electoral a un Presidente de la República Electo, en este caso, a Vicente Fox. Tras declinar su reelección se incorporó a la Sala Superior, como magistrado de ésta, cargo que ejerció hasta su muerte.
Estos dos personajes lograron prestigiar al Tribunal, pero especialmente trasmitir la seguridad de que las sentencias eran justas y objetivas, lo que permitió el reconocimiento y confianza de todos en este organismo.
CONTROVERSIAS
El Tribunal está calificado constitucionalmente como órgano electoral jurisdiccional y como única autoridad competente en materia contencioso-electoral. Es la última instancia en la calificación de las elecciones, que conoce y resuelve aquellas impugnaciones que con tal motivo se interponen, realiza el cómputo final y formula, en forma definitiva e inatacable, tanto la declaración de validez de la elección, como la declaración de Presidente electo.
Es obvio que esas facultades convierten al tribunal en protagonista clave de vida pública del país y es que impartir justicia en el ámbito electoral contribuye a la conservación de la paz y la estabilidad social, lo que hace que el Tribunal sea una institución garante de la legalidad y la vida democrática.
Esta atribución, declarar al Presidente electo, fue particularmente compleja en el año 2006, cuando la elección presidencial dejó un virtual empate técnico entre Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador, que tuvieron una diferencia de menos de un punto porcentual, equivalente a 250 mil votos. El Tribunal estuvo sometido a presiones de todo tipo, pero consiguió sacar adelante un dictamen que, si bien resultó controvertido, pudo proteger el orden constitucional y propiciar el ascenso de un nuevo gobierno, lo que por momentos, en aquellos tiempos, parecía difícil de conseguir. Muchos analistas que siguieron de cerca el caso descalificaron al Tribunal y consideraron que atentó contra el estado de derecho y por lo tanto Felipe Calderón habría asumido el cargo de Presidente de México de manera ilegítima y podía ser imputado por usurpación de funciones. El Tribunal, se dijo entonces, emitió un mero dictamen administrativo, carente de los elementos necesarios para dar validez a su declaración. Lo cierto es que experimentó un desgaste, pero con el paso del tiempo emergió con banderas desplegadas para seguir adelante.
LOS ACTUALES
Constancio Carrasco Daza es actualmente el presidente magistrado del TEPJF. Se trata de un oaxaqueño de 52 años que tiene el grado de maestro en Derecho, que hizo carrera en el Consejo de la Judicatura, con inclinación a la docencia que ejerció aquí, en la UNAM, como en su natal Oaxaca.
Flavio Galván Rivera, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Iberoamericana, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, y especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid. Fue presidente del Tribunal de noviembre del 2006 a Agosto del 2007.
María del Carmen Alanís Figueroa. Fue la primera mujer en presidir el Tribunal electoral del país de agosto de 2007 a agosto de 2011, licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Gobierno Comparado por la London School of Economics y doctora en Derecho también por la UNAM.
Pedro Esteban Penagos López. Licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México; realizó los estudios de doctorado en Derecho en la Universidad Panamericana; es especialista en juicio de amparo.
Manuel González Oropeza es licenciado y doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México con especialidad en Derecho Público, por la Universidad de California en Los Ángeles.
Salvador Olimpo Nava Gomar, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Iberoamericana; doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid.
Fue director de la Escuela de Derecho de la Universidad Anáhuac México Sur, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; miembro del Sistema Nacional de Investigadores.
De acuerdo con lo establecido, todos ellos deberán ser sustituidos en breve.
LOS PRÓXIMOS
Próximamente se iniciará el proceso de renovación de los actuales magistrados de Tribunal Federal Electoral, Los nombres de los candidatos a magistrados serán propuestos al Senado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los elegidos duraran 8 años en su encargo y ninguno podrá ser reelecto.
Así pues, la Cámara de Senadores a través del voto de las dos terceras partes de los miembros presentes en la sesión de que se trate, elegirán a los futuros magistrados. Existe el antecedente de que no fue posible designar anteriormente a uno de los magistrados hasta ahora faltante.
Los partidos políticos, desde luego, no se quedarán quietos, seguramente buscarán nominaciones de personajes a favor de sus intereses. La Suprema Corte tendrá la obligación de presentar los mejores candidatos que aseguren la continuidad de la imparcialidad y justicia electoral y los senadores deberán anteponer sus intereses partidistas ante la capacidad e imparcialidad de los próximos juzgadores.
Todos deberán tener presente que México requiere consolidar sus instituciones regidas por el Derecho, si aspiramos a un México más fuerte, unido e independiente.
