“A los juzgadores con motivo de su día el 7 de marzo”
ASIGNATURA PENDIENTE
La procuración e impartición de justicia sigue siendo una asignatura pendiente en el país. Nuestro sistema político establece de acuerdo a la Constitución General de la República, tres poderes el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, este último ha sufrido varias modificaciones y en él se desarrolla nuestro sistema de impartición de Justicia. Muchas generaciones de mexicanos han pasado de largo, sin conocerla. No se regatea el mérito de los logros alcanzados, pero es tanto lo que falta por hacer que no hay espacio para ninguna complacencia. En todos los frentes hay desafíos. En el sistema judicial, se requiere abrir cortinas y ventanas para que entre el aire y la luz. Los organismos que lo componen, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunales colegiados y Unitarios de circuito, Consejo de la Judicatura y los jueces de Distrito y los organismos estatales, han trabajado demasiado tiempo en la penumbra, lejos de la observación ciudadana, lo que es sin más una afrenta para la democracia. La mexicana no será una sociedad plenamente democrática mientras el trabajo judicial no sea una caja de cristal.
El sistema presenta una figura, orgullo del Poder Judicial, creada por Manuel Crescencio Rejón en 1847 “el juicio de amparo” medida de protección ciudadana a la violación por parte de la autoridad de los derechos individuales o fundamentales consagrados en la Constitución. Este procedimiento con los años ha sido modificado facilitando su acceso, lo que ha propiciado también en la práctica un uso indebido. Este tema requeriría de un comentario más amplio que guardaremos para otra ocasión.
DESAPROBACION Y DESCONFIANZA
En 1995 se aprobó la Reforma Judicial, criticada en su momento, pero decisiva para el futuro del Poder Judicial dando paso al Consejo de la Judicatura Federal, organismo responsable de la vigilancia y supervisión del trabajo de los jueces que integran el sistema judicial, con la aspiración de mejorar el trabajo de los jueces, profesionalizándolo y abatir la corrupción.
Sin embargo; a pesar de todos los esfuerzos, la percepción cotidiana sobre la labor judicial es de desaprobación y desconfianza, como lo demuestran las estadísticas que señalan que solo se denuncian 7 de cada 100 delitos cometidos., debido a la falta de confianza de las víctimas.
De los delitos consumados solo existen un 4.46% de sentencias condenatorias, lo que representa una impunidad cercana al 95% de los delitos que fueron acreditados por la autoridad correspondiente.
La certeza ciudadana es que quien cuenta con recursos económicos suficientes, bien o mal habidos, siempre tendrá más facilidades y posibilidades de obtener una sentencia favorable. Los ejemplos más claros están con los narcomenudistas o narcotraficantes que una vez detenidos, durante su proceso, claro llevado con toda rapidez, se encuentra un elemento legal para que el juzgador declare que lo deja en libertad, en virtud de que las pruebas fueron insuficientes o se presentaron fallas procesales de la Procuraduría al consignarlo ante el Juez; quizá, el caso más reciente se presenta con el “Yorch” narco que se apoderó desde hace 16 años del Auditorio “Justo Sierra” de la UNAM donde habita y lidera una pandilla de delincuentes con impunidad. Por ello, Indigna a la sociedad la decisión del juez que con rapidez y casi con cortesía libera a este delincuente público.
¿JUSTICIA EXPEDITA?
¡Cómo no pensar que existe corrupción! ¡Cómo exigir confianza de la sociedad¡ si comparamos este caso con el que se narra en la película-documental “Presunto Culpable” donde gracias a un esfuerzo creativo de jóvenes abogados se exhibe la corrupción e ineficiencia de los jueces penales, declaraciones sin sustento, aceptación de pruebas falsas, prepotencia y poco cuidado procesal en contra de un detenido que paso varios años en la cárcel injustamente.
Adicionalmente se encuentran los detenidos sujetos a sentencia que padecen una lentitud y rezago en sus procesos, incumpliendo así con la garantía constitucional de “justicia expedita”, los litigantes aprovechan los recovecos procesales para buscar dilación en los procesos y cobrar un poco más, chantajeando a familiares de los detenidos. La presunción de inocencia también ha sido letra muerta y los presuntos culpables tienen que ingeniárselas jurídica y económicamente para demostrar su inocencia.
Crear leyes, organismos, grupos burocráticos para la procuración e impartición de justicia expedita, hasta ahora no ha sido el remedio eficiente, solo ha incrementado la desigualdad, propiciando una corrupción escalonada y seguramente muy redituable, policía, litigante, ministerio público, juez.
La última reforma se pondrá en marcha en todo el país próximamente el nuevo sistema de justicia penal, el de los Juicios Orales, tendrán la virtud de ser públicos donde los juzgadores podrán dar la cara a los ciudadanos. Esta reforma no resolverá todos los problemas de corrupción e incredulidad del sistema penal, pero habrá que ser optimista y apostar a que de algo servirán.
SISTEMA INFECTADO
También está el frente del sistema carcelario que está infectado. Por donde quiera que se apriete sale pus. Se vio con la fuga del Chapo y con la masacre en Topo Chico.
Las escenas de los disturbios en el penal de Topo Chico, en Nuevo León, son estremecedoras. Se trató de una masacre que le costó la vida a más de cincuenta personas y que puso al descubierto, otra vez, las irregularidades y corrupción que se registraban en el penal antes de estallar la violencia. Grupos antagónicos de narcos, aunque originales de un mismo cártel, conviviendo en crujías vecinas. Libre circulación de reos por todo el penal. Número limitadísimo de custodios. Ineficaces sistemas de alarma. Hacinamiento, armas hechizas, drogas, celdas tipo spa. Todos los vicios conocidos reeditados. Los delincuentes apresados se siguen comportando como delincuentes, sólo que ahora cometen fechorías en un perímetro supuestamente bajo control gubernamental. Pocas semanas antes, se publicaron cientos de fotos de funcionarios federales del más alto nivel, viendo, atónitos, el hoyo de la desembocadura del túnel que le permitió a Chapo fugarse otra vez de una cárcel de máxima seguridad.
ESCUELAS DEL DELITO
Las irregularidades que acabamos de mencionar tienen causas específicas. No surgen por generación espontánea. Son frutos de algo. El hacinamiento se deriva; por ejemplo, de un sistema de impartición de justicia tardadísimo y de leyes que recurren al encarcelamiento como primera opción. Según estadísticas publicadas de manera reciente, hay en el país un cuarto de millón de personas recluidas. La mitad de ellos, según dicen especialistas, no tienen una sentencia. Su proceso está en curso, pero ya están en la cárcel donde cohabitan con delincuentes peligrosos individuos que han cometido delitos administrativos y que no son un peligro para la sociedad. Los juicios son lentos, corruptos, ineficaces. Del total de reos, sólo el 20 por ciento son de carácter federal, los demás son del fuero común.
Sobran cincuenta mil que bien podrían estar en su casa y no saturando las cárceles que son, como suele decirse, verdaderas escuelas del crimen. Es mucho más usual que una persona de baja peligrosidad se transforme en la cárcel y salga con habilidades delincuenciales, a que se rehabilite para reinsertarse en tejido social. Las sentencias tardan tanto que un ciudadano puede pasar varios años recluido y al final ser declarado inocente, lo que es verdaderamente inaceptable.
Los conocedores del tema sostienen que el meollo del asunto está en que la decisión de encarcelar en la prisión preventiva a la persona que ha infringido la ley, se toma con excesiva ligereza como única forma para que pague su deuda con la sociedad. La sobrepoblación afecta a la mitad de los aproximadamente 400 centros de reclusión en el país. La falta de custodios y los bajos sueldos conforman un coctel letal para el combate a la seguridad en los penales y alienta el surgimiento de autogobiernos, donde la voz de mando es la de los reos más violentos.
POLICÍAS, FALTA APOYO SOCIAL
Otro frente que aguarda su turno es el policiaco. Su problema de corrupción e ineficacia está sobre diagnosticado. La policía sigue quedando a deber. El Estado tiene el monopolio de la fuerza para mantener el orden público En México hay demasiados sitios donde el poder real no son la iglesia o el gobierno, sino el narco.
Me parece que la pregunta clave en materia policiaca es si la gente estaría dispuesta a que más dinero del erario, o sea de sus impuestos, se dirija a la formación de policías competentes, aliados de la gente y no a sueldo de los narcos. Policías mal pagados, mal capacitados, con armamento deplorable son un flan para la mafia, que los soborna o los liquida con la mano en la cintura. Lo que se necesita es que el policía tenga el respeto de la gente a la que protege y eso sólo se logrará si el uniformado es un profesional de la seguridad. Y no un ciudadano que escapa de las garras del desempleo consiguiendo una chambita de policía. En varios lugares del país, siempre se toma el ejemplo de Nuevo León, se ha podido conformar grupos policiacos de alto nivel de eficacia, pero hay que pagarles bien y tenerlos bien pertrechados.
Un estudio universitario llegó a conclusiones interesantes. La sociedad exige mucho de sus policías, pero rara vez se preocupa de su situación laboral y de la valoración social de que aquellas son objeto. Se conforma así un círculo vicioso: como no contamos con policías de calidad aceptable, la retribución y el reconocimiento a su labor son escasos, y a la vez, en consecuencia, ese poco aprecio se traduce en un desempeño policiaco ineficaz. Lo que está en juego es la posibilidad de que el Estado de Derecho esté vigente en todo el país. No soslayo que en estos momentos legisladores de diversas fuerzas políticas están en pleno debate para discutir la propuesta presidencial de establecer en el país un nuevo esquema policiaco, que parte de la premisa de que es mejor tener 32 policías estatales poderosos y no miles fuera de control, lo que abre las puertas a la inestabilidad.
