CASO DE LA SEMANA
Ayotzinapa fue el tema informativo de la semana. Ocupó los espacios principales de los medios de comunicación. El foco de los comunicadores centró el caso desde que se dio a conocer el Informe de los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y después con la reunión entre el presidente de la República Enrique Peña Nieto y familiares, asesores y acompañantes de los normalistas; y ayer sábado con las movilizaciones por el primer aniversario.
NUEVOS PROTAGONISTAS
Este caso tiene ahora nuevos protagonistas los “expertos” de la Comisión Interamericana de Derechos humanos, quienes cuentan con mayor credibilidad, acaso por no ser mexicanos.
Recordemos que la CIDH es un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos, encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano. Tiene su sede en Washington y fue creada por la OEA en 1959 y, en forma conjunta con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instalada en 1979.
ORGANIZACIONES QUE APOYAN
Este grupo fue designado como consecuencia de un acuerdo firmado con el gobierno mexicano, resultado de una petición expresa de los padres de los estudiantes y las “organizaciones que les apoyan”. El gobierno mexicano aceptó la asistencia técnica de la CIDH y estableció un fondo para pagar la misión. Conforme al acuerdo, el Estado mexicano se comprometió a financiar por completo las actividades del grupo, y para ello depositó un millón de dólares, que será administrado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en México.
El grupo de expertos está integrado por Carlos Beristain, español que ha trabajado en Guatemala, Colombia, Perú, Paraguay, Ecuador y el Sahara; Ángela Buitrago, colombiana, abogada, ex fiscal y experta en desapariciones y asesinatos políticos; Francisco Cox Vial, chileno, quien trabajó para apoyar la extradición del dictador Augusto Pinochet a España; Claudia Paz y Paz, abogada guatemalteca, especializada en derecho penal, jueza durante 18 años, experta en investigación del crimen organizado y violaciones de derechos humanos, y el colombiano Alejandro Valencia Villa, especialista en derechos humanos, consultor de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, perito ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y colaborador en Comisiones de la Verdad en Ecuador, Guatemala, Paraguay y Perú.
LA MANO DEL NARCO
En su primer informe establece que obtuvo información de que en Iguala opera una red de tráfico de heroína hacia Estados Unidos, que mueve sus cargamentos en autobuses comerciales. Creen que la decisión de los normalistas de tomar autobuses en Iguala explica la violencia extrema contra ellos. “Podría haberse cruzado con la existencia de drogas ilícitas (o dinero) en uno de los autobuses, específicamente en ese autobús, Estrella Roja”. El quinto autobús, dicen, “podría ser un elemento clave para explicar los hechos y la agresión a los normalistas.
El informe de 550 páginas señala que, de acuerdo con la información pública, Iguala “es un lugar de comercio y transporte de estupefacientes, especialmente heroína, hacia Estados Unidos y concretamente Chicago”.
LOS DERECHOS HUMANOS
Los hechos de Iguala son, al unísono, una catástrofe de derechos humanos por la documentada agresión de agentes del Estado, en este caso policías municipales de Iguala y Cocula, en contra de ciudadanos, y una jugarreta política usada por grupos contrarios al sistema para debilitar todavía más al Estado mexicano, sobre todo sus instituciones encargadas de procurar justicia, y obligar a que el Ejecutivo federal pague un costo político que en justicia debería corresponder a los políticos perredistas del municipio de Iguala y del gobierno de Guerrero.
Dos organismos de derechos humanos han tenido un papel protagónico en este caso. Desde el principio la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que preside Luis Raúl González, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que encabeza el mexicano Emilio Álvarez Icaza, que en su momento aspiró a dirigir la Comisión Nacional, lo que sin duda ha generado tensiones entre sus titulares. Para hablar sobre el tema de Iguala, central en la agenda de la CNDH, el ombudsman se reunió con los integrantes del Comité Editorial de La Crónica de Hoy y, en el curso de la charla, sostuvo que hay omisiones graves en la investigación que ha llevado a cabo la PGR. Remitió, para su mejor comprensión de lo realizado, al informe que presentó la CNDH para evaluar el estado de la investigación, de lo cual se desprenden observaciones.
INFORME DE LA CNDH
La Comisión Nacional ha hecho un trabajo profesional. Desde el principio expuso la gravedad inusitada de los sucesos. De hecho, en el documento titulado “Estado de la Investigación del Caso Iguala”, presentado a la opinión pública el 23 de julio del 2015, pone al descubierto omisiones sustantivas que después se asumirían con fallas de las autoridades. En su informe de julio, la CNDH asienta que México no es el mismo después de Iguala. Considera que los hechos ocurridos hace un año forman, por su naturaleza, el más grave conjunto de violaciones a los derechos humanos de la historia reciente del país. Se da por hecho que además de los seis muertos, 43 personas fueron desaparecidas forzadamente. Son hechos de extrema gravedad por el rompimiento del estado de derecho y asevera que las víctimas tienen derecho a la verdad. Para la CNDH los hechos demuestran sin duda la connivencia entre autoridades y delincuentes y queda expuesto lo que llama triángulo perverso: encubrimiento, complicidad e impunidad.
ALIANZA CRIMEN Y PODER
La CNDH detectó desde el principio la necesidad de implementar medidas para lograr un mayor acompañamiento y apoyo a las víctimas y familiares que no han recibido la asistencia y apoyos a que tienen derecho. Saltan a la vista la falta de realización, localmente, de diligencias ministeriales. Subraya que dar con la verdad materializa el derecho de las víctimas a la justicia y puede evitar que hechos semejantes se repitan. Lo central es romper la alianza del crimen con el poder. Sin esa ruptura no se alcanzará la paz y la justicia en el país.
Para los investigadores de la CNDH la colusión entre autoridades de los municipios de Iguala y Cocula con la delincuencia organizada dedicada al tráfico ilícito de drogas y al secuestro, propició los hechos. Pidió la puesta en marcha de políticas públicas para devolver a Iguala niveles decorosos de seguridad. La CNDH aceptó la participación de organismos internacionales para participar en las investigaciones y, textual, reiteró “el profundo respeto que tiene por los organismos y organizaciones con las que ha venido compartiendo impresiones”. A pesar del trabajo conjunto la CNDH dejó en claro que sus recomendaciones son de exclusiva incumbencia y responsabilidad.
CRISIS DE DERECHOS HUMANOS
Las estructuras de justicia no han respondido al desafío de la crisis que el país enfrenta en materia de derechos humanos. Del informe de los expertos de la CIDH, los medios de comunicación destacaron, por su peso, tres puntos: la aseveración de que es científicamente imposible que los cuerpos de los 43 normalistas desaparecidos hayan sido incinerados en el basurero de Cocula, como dice la autoridad federal.
Lo dicen porque se debió haber utilizado una colosal cantidad de madera, llantas de autos para alimentar llamas de gran tamaño por 60 horas seguidas. El segundo punto es que agentes federales y soldados estuvieron al tanto de los hechos y se abstuvieron de actuar. El tercer punto, como lo comentamos líneas anteriores, destacó la posibilidad de que los normalistas hayan secuestrado un camión que llevaba, sin que lo supieran, un importante cargamento de droga.
LA VERDAD Y CUMPLIR LA LEY
Para poder darle la vuelta al caso Iguala es necesario conocer la verdad de lo ocurrido y llevar ante un juez a los responsables, ya sean autores intelectuales o materiales de la desaparición de los normalistas.
La “mano” detrás de los padres de familia también es una interrogante que debemos conocer: ¿Quién ha patrocinado las movilizaciones en México y el extranjero? ¿A quién le interesa el descrédito de las instituciones del país?. Sólo la verdad, la auténtica verdad, podrá responder a estas interrogantes.
Se juega mucho en estos días, entre otras cosas la credibilidad de instituciones claves y el prestigio internacional del país. Es un caso que se ventila a nivel internacional y que tiene un costo muy alto en la imagen del país. Los expertos de la CIDH tienen asegurados seis meses más en territorio nacional investigando el caso, de manera que todavía falta mucho para que se diga la última palabra.
Lo importante, desde mi perspectiva, es tener la certeza de que un hecho tan abominable no tenga oportunidad de repetirse. ¿Ya cambiaron las condiciones en Guerrero? ¿Ya no hay convivencia entre autoridades y delincuentes? ¿Los normalistas y sus aliados se sujetan al marco legal?
Si no hay respeto a la ley, a la normatividad, el peligro de masacres seguirá vigente. Lo que se necesita es cumplir la ley. No hacerlo nos mete en un callejón sin salida.
