EXISTIÓ LA REELECCIÓN
La reelección es uno de los villanos favoritos del sistema político mexicano. Las generaciones de mexicanos formadas después de la Revolución Mexicana, tienen la leyenda “Sufragio efectivo, no reelección”, como una suerte de mantra político que, a fuerza de repetirse, se transformó en ley indiscutible de la vida pública. La reelección se percibe entre nosotros, o se percibía hasta hace algunos años, como otra manera de referirse a la dictadura. No en balde el partido de Francisco I. Madero se llamaba así: Partido Antirreeleccionista, con lo que ubicaba, de manera por demás clara, el adversario al cual se enfrentaba. Sin embargo; la “no reelección”, en ese tiempo, se circunscribió sólo a la Presidencia de la República.
Habrá que recordar que después de prohibir la reelección presidencial, los constituyentes de 1917 no consideraron necesario introducir una limitación análoga para las elecciones de senadores y de diputados; algunos, por tanto, pertenecieron a diversos partidos y otros eran independientes. Lo más relevante es que la poca conformación partidista de esa época no distinguía entre diputados reelectos y diputados no reelectos. De esta manera, no es posible hablar de una cohesión o disciplina partidista a la cual las Cámaras se acostumbrarían en los años posteriores. La persistencia de muchos y muy diversos partidos locales durante la época con reelección, confirma la existencia de poderes y líderes locales en el Congreso de la Unión, con una representación regional y no partidista.
Fue hasta la reforma constitucional publicada el 29 de abril de 1933 que se prohibió la reelección inmediata de los integrantes del Poder Legislativo, estableciendo que los senadores y diputados al Congreso de la Unión no podrían ser reelectos para el periodo inmediato. De igual manera los integrantes de los Congresos estatales.
La misma reforma señala que los senadores y diputados suplentes podrían ser electos para el periodo inmediato con el carácter de propietarios, siempre que no hubieren estado en ejercicio; pero los senadores y diputados propietarios no podrían ser electos para el periodo inmediato con el carácter de suplentes.
CAMBIO EN LA PERCEPCIÓN
El tema surgió nuevamente hasta después de la reforma que permitió la incorporación al Congreso de los diputados de partido, y fue el 13 de octubre de 1964 cuando el Partido Popular Socialista presentó en el Congreso de la Unión una iniciativa, con el propósito de que se permitiera la reelección de los diputados federales. Como se explicaba en la propuesta, y como también lo declaró entonces Vicente Lombardo Toledano, la imposibilidad de reelegir a esos miembros del Legislativo impedía la formación de cuadros parlamentarios dotados del necesario rigor profesional.
Aunque la iniciativa fue considerada “contraria a la técnica legislativa”, la Cámara de Diputados votó a favor de “que los diputados pudieran ser elegidos en dos periodos sucesivos, pero no para un tercero inmediato; sin que ello, sea óbice para que, transcurrido el tercero, puedan volver a ser electos”. No obstante, el Senado rechazó la iniciativa de la colegisladora, y prefirió que el artículo 59 constitucional permaneciera invariable, por lo que el proyecto fue devuelto a la Cámara de Diputados y posteriormente archivado.
La percepción antirreeleccionista comenzó a cambiar a partir del año dos mil, cuando la oposición desplazó al partido de la Revolución Mexicana de Los Pinos. Cuántos de los integrantes de las nuevas generaciones de ciudadanos, digamos menores a los 30 años, recuerdan los documentos oficiales rubricados con la leyenda “Sufragio efectivo, no reelección”. Seguramente muy pocos.
Desde entonces, en reuniones de politólogos, entre la “comentocracia” en los medios y entre los ciudadanos en la calle, comenzó a visualizarse la reelección, no como un enemigo de la democracia, sino como un aliado para profesionalizar el trabajo de los legisladores, premiar a los que tengan mejor desempeño y castigar a los que no destacaron. De igual manera reforzar el federalismo con auténticos representantes de los intereses de los ciudadanos de su comunidad. No es que la gente esté plenamente a favor, sino que muchas personas consideran que en ciertos casos, en ciertos niveles, puede ser útil, al restarle al poder presidencial, considerado centralista, capacidad de decisión para la solución de los problemas estatales.
Detrás de este concepto, el de utilidad, está la aspiración concreta de que el federalismo, y por tanto la democracia, sea efectiva, que entregue buenos resultados, que equivalga a un mejor nivel de vida para la gente. Si la democracia se limita a discursos floridos se desgasta. Lo importante es que sirva para resolver problemas. Durante años se forjó la idea de que un régimen plenamente democrático abriría las puertas a una etapa de progreso. La democracia, para no decepcionar a los ciudadanos, tiene que ser efectiva.
APROBACIÓN DE LA REELECCIÓN LEGISLATIVA
En la más reciente reforma política los partidos políticos dieron pasos importantes en favor de la reelección, pero se cuidaron mucho de no incluir ni siquiera veladas alusiones a la reelección del Presidente de la República o de los Gobernadores. Pero así, se abrió la puerta a diputados, senadores y alcaldes. La idea es menguar un poco el poder de los partidos, dueños y señores del escenario político, y trasladar la influencia a los ciudadanos que con su voto determinarían la movilidad de los legisladores.
El 10 de febrero del 2014 se publicó la modificación al artículo 59 de la Constitución Política en donde se señala la aprobación de la reelección de diputados y senadores hasta por 12 años, hasta cuatro periodos para diputados y hasta dos para senadores a partir del 2018. Sin embargo, algunos legisladores consideran que el verdadero poder de la reelección dependerá de las cúpulas partidistas antes que del voto ciudadano, porque un legislador sólo podrá aspirar a reelegirse por el mismo partido que lo postuló, a menos que haya renunciado a él antes de cumplir la mitad de su gestión. Los congresos locales quedan obligados a legislar para introducir esta figura en sus leyes estatales.
Con respecto a la elección presidencial el artículo 83 de la Carta Magna establece, para que no quepa ni la más mínima duda: el Presidente de la República entrará a ejercer su cargo el primero de diciembre y durará en él seis años. El ciudadano que haya desempeñado el cargo de Presidente de la República electo, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto.
Expertos universitarios han hecho notar que la prohibición de la reelección del Presidente de la República tiene como uno de sus fundamentos que el poder se personaliza en un individuo, en una persona concreta. No pasa así entre diputados y senadores. En este caso el poder está en el colectivo del Congreso de la Unión y no en una persona en específico. Un diputado no tiene formalmente en los hechos más poder que otro. Un senador tampoco. A la hora de las votaciones cada voto cuenta uno. Claro que hay líderes o pastores, pero su poder sobre sus correligionarios es el convencimiento, la disciplina partidista, no una ley ni el uso legítimo de la fuerza.
Uno de los argumentos para impulsar la reelección de diputados y senadores es precisamente fortalecer al Congreso como uno de los Poderes de la Unión. El Congreso, todos lo saben, estuvo relegado durante la etapa del partido hegemónico, se conducía según los deseos expresos del mandatario en turno, pero en un escenario de competencia política real es imperativo fortalecerlo para que sea un contrapeso real al Ejecutivo.
RENDICIÓN DE CUENTAS Y PROFESIONALIZACIÓN
Existen razones de peso para fortalecer la representación popular. La rendición de cuentas a sus electores, por parte de los legisladores es, quizá, de las más importantes, ya que en la actualidad los legisladores tienen más incentivos para ser más leales a su partido que a sus representados debido a que su carrera política no necesariamente depende de su desempeño legislativo actual.
En la búsqueda de más y mejores mecanismos para rendir cuentas sería muy importante otorgar al ciudadano la posibilidad de reelegir, de manera inmediata, a su representante en caso de que considere que hizo un buen trabajo o sustituirlo en caso de que así lo merezca. En este sentido, la reelección inmediata, y la lógica que entraña la estrecha vinculación entre los legisladores y la sociedad, tendrían un efecto positivo sobre el carácter representativo de nuestras instituciones parlamentarias.
Otra razón de peso tiene que ver con la profesionalización de los legisladores. De acuerdo con el constitucionalista Antonio Martínez Báez, en el derecho constitucional comparado la reelección legislativa “existe en todos los países modernos como una profesión de gran importancia que requiere no sólo una verdadera vocación; sino también, una especialización” por lo que “conviene la formación de gente con experiencia política dentro de las asambleas legislativas, experiencia que no se puede alcanzar sin la posibilidad de permanecer en el Parlamento”.
En efecto, esta experiencia, con que cuentan la gran mayoría de legisladores de países democráticos, hace posible la construcción de alianzas estables sobre los temas más relevantes, reduce las dimensiones de la actual curva de aprendizaje que resulta muy onerosa en términos financieros y políticos además de que estimula la eficiencia y fortalece al Poder Legislativo cuyas tareas son crecientemente complejas.
Un Congreso fuerte es, desde esta perspectiva, esencial para el funcionamiento de un sistema democrático, y si para fortalecerlo la reelección es uno de los caminos pues adelante. Los cambios en lo que podría denominarse cultura política están a la vista, pero también es cierto que en el caso de la reelección hay riesgos tangibles, sobre todo de crear en ciertos distritos cacicazgos respaldados por fuerzas oscuras y no para beneficio de la nación. El riesgo es que el crimen organizado o empresas dominantes en algún campo controlen distritos electorales y con recursos mal habidos, utilicen a los diputados para que defiendan sus intereses.
Los ciudadanos tendrán la última palabra y esa es, después de todas las elucubraciones, la esencia de la democracia. Si están más cerca de sus representantes, si logran identificarlos con nombre y apellido, cosa que hoy simplemente no ocurre, será un avance. ¿Usted, amigo lector, conoce el nombre del diputado de su distrito, está al tanto de su trabajo legislativo, sabe qué iniciativas ha presentado, cuáles apoya, qué rechaza? Hoy día impera la lejanía, el desinterés. Hay poca y mala comunicación, entre otras razones porque al legislador le importa muy poco la opinión de sus representados y mucho más la opinión de sus jefes políticos.
Con la posibilidad de la reelección, eso, dicen, puede cambiar. Puede ser que sí, pero también sería un error dotar a la medida de poderes mágicos que simplemente no tiene. La sociedad mexicana merece mejores representantes y con auténtica preocupación por ayudar a resolver los problemas cotidianos de quienes dice representar; merece políticos a la altura de una modernidad que debe respetar las raíces que aún se conservan en la mayoría de los mexicanos, y los ciudadanos deberán estar al nivel del desarrollo armónico de un País dinámico, con grandes recursos y valores dignos de consolidar.
