Corrupción y reforma
La impartición de justicia en México sigue siendo un pendiente en las aspiraciones de un país que desea modernizarse y consolidar su democracia. La corrupción es sin duda, el sello más distintivo de la impartición de la Justicia mexicana, la percepción de que aquel que tiene dinero para pagar los servicios de un buen abogado es el único que puede aspirar a la libertad cuando comete un ilícito o es detenido sin razón, sigue siendo una realidad lastimosa.
Los acontecimientos diarios por desgracia reafirman este sentir social, baste el ejemplo más reciente del delincuente apodado “Menchito” hijo del jefe del cártel de narcotraficantes y delincuentes Jalisco Nueva Generación, que muestra la corrupción imperante en el sistema judicial, tres veces detenido y tres veces liberado, con interpretaciones mañosas a los procedimientos penales, por jueces que se suponen probos y defensores de la sociedad. Quizá los letrados en derecho piensen que los ciudadanos neófitos son tontos o torpes y aceptan que con una verbalización confusa y especializada los engañen. ¿Quién sanciona o denuncia al juez corrupto?, en este caso ha sido la opinión pública. Pero cuántos más no conocidos se suceden día con día. La desconfianza en todo el sistema crece, la policía, los ministerios públicos, los jueces, todos han propiciado una desilusión y desprestigio popular.
Por ello, bienvenidos los intentos por modificar esta realidad. Con la Reforma Penal aprobada en 2008, el sistema de procuración e impartición de Justicia en el país se encuentra en una etapa de transición que acepta el calificativo de histórica. Hay en el horizonte señales ominosas de que podría salir mal librado, lo que daría al traste con años de trabajo y quebraría expectativas de hacer realidad el mandato de justicia para todos. Se generaría un foco de inestabilidad social particularmente dañino en estos tiempos, además que sería un golpe brutal para aquellos compatriotas que han tenido la desdicha de dirimir parte de sus vidas en los tribunales. La fecha en la que el nuevo sistema tiene que estar operando en el país es el 18 de junio del 2016, menos de un año. Estamos ante un cambio en la cultura judicial del país, de esa dimensión es el reto.
COMPROMISO DISPAREJO POR PARTE DE LOS ESTADOS
El Estado mexicano, o sea todos nosotros, tenemos la obligación, establecida en la ley, de que el nuevo modelo de justicia, llamado Sistema Procesal Penal Acusatorio, prevalezca y tenga plena vigencia en todo el territorio nacional, lo que supone, por cierto, un flanco muy delicado: homogeneizar los códigos penales de las 32 entidades federativas del país, a los que se debe agregar el código especial de los militares. Como se trata de un esfuerzo nacional no se puede esperar que el gobierno federal haga toda la chamba. Los gobiernos de los estados tienen que asumir la responsabilidad. Hay varios gobernadores que han ninguneado el tema porque no le ven ganancia política inmediata. Sin voluntad política no hay apoyo presupuestal y entonces la implementación del sistema no avanza. No se dice que sea fácil, cada entidad tiene características específicas, pero no porque se trata de un asunto complejo hay que hacerlo a un lado. Se tiene que tomar al toro por los cuernos. No hay excusas que valgan para justificar la demora.
Desde luego para que haya avances es necesario un diálogo permanente entre los poderes Ejecutivo y Judicial, pero también con el Legislativo. Una vez conocida la fecha límite, hay que pensar en lo que falta por instrumentar, que es muchísimo. Lo primero, también en este ámbito, es la capacitación. Se tiene que agilizar y extender entre policías, agentes del Ministerio Público y defensores de oficio. Se supone, que los jueces y magistrados ya lo dominan; pero no. La capacitación es necesaria para que todo mundo sepa qué hacer, cómo aplicar las nuevas disposiciones. Todos los implicados en el sistema se formaron, o tal vez se deformaron, en el viejo sistema, de manera que tienen que emprender un cambio cultural, cambio de “chip”, como se dice ahora, para poder concretar el cambio.
También hay que llevar hasta sus últimas consecuencias el marco legal. En el próximo periodo de sesiones se tienen que concretar las leyes pendientes. También es muy importante emprender una campaña de difusión en todos los medios de comunicación, impresos y digitales, para que los ciudadanos sepan que entrará en vigor un nuevo sistema penal, cuáles son sus ventajas y de qué manera los puede beneficiar. La justicia es para los ciudadanos, no para los profesionales del derecho. La reforma tiene como destinatarios a los ciudadanos. Si ellos no la conocen no se hará una realidad.
CAMBIO DE PARADIGMA JUDICIAL
Hay que hacer un paréntesis para anotar que durante un periodo de tiempo, todavía indefinido, convivirán los dos sistemas, el antiguo y el nuevo, pues mientras uno se consolida y el otro se retira, los casos judiciales tienen que seguir atendiéndose. El presidente Enrique Peña Nieto calificó el proceso como un cambio de paradigma y dijo que “llevar este modelo a su debida instrumentación no sólo significa haber hecho los cambios legales necesarios para ello. Las leyes por sí mismas no aseguran su debida aplicación. Son las instituciones del Estado mexicano, en los Poderes y en los órdenes de Gobierno, en donde debe materializarse debidamente. El Gobierno de la República está puesto y tienen en el Presidente de la República a un aliado permanente”.
El empresario Alejandro Martí ha dicho que la reforma se tiene que implementar al cien por ciento en todo el país sin excusas, sin dudas y sin regateos, porque la justicia no admite términos medios. “Se imparte justicia con probidad o simplemente no hay justicia”, aseveró. Subrayó que se trata de un cambio de cultura en donde se deben de romper paradigmas de todos los que operan y administran la justicia, y obviamente, de quienes somos sujetos y beneficiarios de ella. Ahí está el gran reto. Por eso, es fundamental la voluntad política de quienes toman las decisiones.
PROYECTO TRANSEXENAL
Vale la pena recordar que la reforma penal se trata de un proyecto transexenal. Hay que trasladarnos a 2008. Ante los estragos de la crisis de seguridad que ensangrentó al país, la sociedad se movilizó y las autoridades, me refiero a las del gobierno encabezado por el entonces presidente Felipe Calderón, respondieron. Comenzó entonces una transformación del sistema penal. Se espera que sea la más ambiciosa en un siglo. La reforma penal, que se fundamenta en la realización de juicios orales, muy parecidos a los que vemos en los programas de televisión de tema policiaco, pretende reducir de manera significativa el tiempo de resolución de los asuntos, reducir los casos de prisión preventiva, impulsar alternativas de resolución por medio de pactos entre las partes involucradas en los delitos menores, mejorar la elaboración de las averiguaciones y combatir la corrupción, que es la bestia negra del sistema de justicia en el país.
EL CASO DEL DISTRITO FEDERAL
La entidad federativa mejor preparada para asumir la plena puesta en marcha del nuevo sistema penal es el Distrito Federal.
Edgar Elías Azar, presidente del Tribunal Superior de Justicia capitalino, está enfocado en el tema día y noche. Cuenta, para lograrlo, con un equipo de trabajo comprometido y eficiente. Su as bajo la manga es el respaldo de Miguel Ángel Mancera, el jefe de Gobierno, que es abogado, que fue procurador y que conoce la problemática. En este tema la voluntad política hace la diferencia. El Distrito Federal cuenta ya con jueces capacitados en el nuevo sistema, con instalaciones construidas de manera expresa para los juicios orales.
El liderazgo del Distrito Federal conduce a que personal del equipo de Elías Azar oriente, capacite, comparta sus conocimientos con colegas de otras entidades federativas. Con todo lo logrado, también falta mucho por hacer. Lo primero es que la relevancia del tema, la impartición de justicia, se refleje de manera nítida en el presupuesto que se le asigna. “Prioridad que no se refleja en el presupuesto es demagogia”. El presupuesto suficiente está ligado de manera inexorable con la independencia. En alguno de sus textos, Azar lo dice así: “hasta que los jueces no cuenten con independencia presupuestal, se verán sometidos año con año, a la negociación política de su presupuesto”.
Es claro que esto afecta la autonomía del poder Judicial que queda a merced de la buena o mala voluntad de los gobernantes en turno. Hay en el país tribunales que tienen amargas dificultades para pagar las quincenas de sus empleados, lo que deriva en una falta de profesionalismo y por supuesto que abre una ancha avenida, con camellón y arbolitos, para la corrupción.
La consolidación de la Reforma es inaplazable y la lucha contra la corrupción y la injusticia debe ser permanente.
