El voto, máxima expresión
La realización de las elecciones constituye una oportunidad inmejorable para hacer un corte de caja sobre el estado que guarda la democracia en el país. Incluso más que eso, es la exposición del nivel de la cultura política, esto es, de la concepción que como sociedad tenemos del poder, de las formas de acceder a él y de ejercerlo. Una cultura política más consistente supone una democracia funcional que refleja con nitidez la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas en la conformación de los gobiernos. La cultura política fortalece a la democracia y una parte medular de la cultura política en una nación es la ciudadanía. Los ciudadanos terminan siendo, y así debe ser, el eje central de una democracia digna de ese nombre.
Los medios de comunicación
Los medios de comunicación, que participan todos los días en el debate nacional, contribuyen a la ciudadanización de la vida pública al proporcionar información confiable, rigurosa, sobre el quehacer nacional y al abrir espacios para la libre circulación de las ideas. Ciudadanos informados y participativos en los asuntos públicos son el antídoto infalible para regímenes autoritarios. Cabe añadir aquí el elemento de la educación, a mayor nivel educativo, mayor participación en la vida pública. Hay un hilo conductor que conecta a los ciudadanos con la cultura política y con el ejercicio de la democracia. Los ciudadanos son la savia de la democracia, su sustancia vital.
Las reformas
Lo que ocurrió el domingo pasado, comicios organizados por un organismo electoral reconocido por todas las fuerzas políticas competidoras, no fue producto de la casualidad. Hay momentos clave en las últimas décadas que lo explican, desde la promulgación de la reforma política de 1977, en tiempos del presidente José López Portillo y su secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, que abrió las puertas a la participación de las fuerzas de izquierda en la contienda electoral. Acaso los lectores jóvenes no lo crean, pero un año antes de esa reforma, en 1976, sólo participó un candidato con registro formal, José López Portillo, del PRI, a quien le hubiera bastado un solo voto, el suyo, para ser Presidente. Como esa situación no podía continuar, se emprendieron reformas legales que en el sexenio de Carlos Salinas desembocaron en la creación del Instituto Federal Electoral y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
La institución
Durante varios años fui testigo directo de esa transformación trabajando en el Instituto Federal Electoral al lado de políticos de la talla de Fernando Gutiérrez Barrios y Emilio Chuayffet. Aprecié el esfuerzo por establecer un sistema electoral confiable y transparente, se sumaron todos los actores políticos para contar con un padrón electoral depurado y una nueva tarjeta electoral que evitara suplantaciones y con un amplio programa de promoción sobre el valor del voto y la importancia de la participación ciudadana. De esta manera se logró un avance definitivo en la práctica democrática del País, pero especialmente la confianza ciudadana en la emisión de su voto, un voto que cuenta y se cuenta.
Es mucho lo logrado y ahora con el moderno INE habrá que perfeccionar el sistema, pero la voluntad ciudadana, como expresión de una democracia real, fue plasmada en la reciente jornada electoral que involucró a catorce estados, casi la mitad del país, en doce de los cuales hubo elección de gobernador, en Baja California que se eligieron alcaldes e integrantes del Congreso local y en la Ciudad de México, con altísimo nivel de abstencionismo, se votó por los integrantes del Congreso Constituyente.
Las leyes
Es justo decir aquí que el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, aseguró de manera enfática que las actuales reglas electorales son suficientes para nombrar el desarrollo de la elección presidencial del 2018. Su declaración fue tronante: “Lo digo con todas las letras, con las leyes actuales podemos ir sin ningún problema a las elecciones de 2018, aunque siempre existe la pertinencia de discutir y eventualmente instrumentar ajustes a las mismas normas, yo creo que parte de la discusión que tenemos que hacer ahora las autoridades electorales es la que tiene que ver con analizar si los criterios con los que hemos interpretado las normas vigentes son los más pertinentes o si existe la pertinencia de una mejora”.
El consejero presidente del INE dijo que, una vez concluida la jornada electoral, se abre la etapa de reflexión para partidos políticos sobre la conveniencia de modificar o no las reglas electorales con miras a 2018. Córdova tiene una visión de las cosas que vale la pena recuperar: la gente, los ciudadanos, no están desencantados de la democracia, sino de los gobiernos electos de manera democrática que no dan resultados. Se crearon expectativas que no se han cumplido en la realidad y de ahí proviene la decepción.
Seguridad
Habría que agregar también que, aunque no se reconozca del todo, el aparato de seguridad del gobierno federal funcionó y funcionó bien. Quizá se le quieran restar méritos al trabajo callado de coordinación y logística que encabezó el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chon, pero la jornada electoral se desarrolló en calma e incluso en algunas entidades con una gran participación gracias a la seguridad para emitir el sufragio.
El sistema electoral por lo tanto no está a discusión, cumplieron los ciudadanos reforzando nuestra vida democrática, cumplieron las instituciones de Gobierno y las electorales, los que fallaron fueron los candidatos y algunos gobernadores.
Campañas caras
Hay, sin embargo, varios aspectos que vale la pena puntualizar, como por ejemplo el costo de las campañas. Siguen siendo excesivamente caras. Las de este año rebasaron los 8 mil 500 millones de pesos, que es una barbaridad en tiempos de recortes presupuestales, ocasionados por la caída abrupta del precio del barril de crudo. Sólo hubo proceso electoral en 14 entidades, no en la totalidad del país, de otra forma el gran total se habría ido a las nubes. Este asunto del costo está conectado con el de la entrega de informes de gastos. Los candidatos no le dieron importancia y al cuarto para la hora se pusieron a hacer el informe, con seguridad plagado de inconsistencias. Se están gastando dinero público. Tienen que dar razón de su destino peso por peso, lo que en términos electorales equivale a voto por voto.
Spots y encuestas fallidas
Las reglas de comunicación durante las campañas son un verdadero desastre. Saturar los medios de spots ni contribuye a la participación ni aclara las posiciones de los competidores. Son tantos, hablo de millones de ellos, que las pautas de transmisión se arreglan como pueden. Como no hay espacio suficiente se siguieron transmitiendo incluso después de que cerraran las casillas de votación.
Los encuestadores volvieron a quedar en evidencia. Que se equivoquen se está volviendo una tradición nefasta. En muchos casos sus desaciertos rebasaron los márgenes de error y por eso entraron al terreno de la suspicacia. Hay razones para entender su falta de tino. La primera es que las encuestas no se hacen con rigor científico , sino con propósitos de propaganda para apoyar las aspiraciones del cliente. La segunda es que los métodos de trabajo han sido superados y se tienen que actualizar a través del conocimiento del ciudadano de hoy. La tercera razón es que sí logran captar los datos importantes pero fallan al presentarlos al público. Destacan algo que no es lo sustantivo y no se toman la molestia de leer con cuidado sus propios reactivos.
Acusaciones sin pruebas
Si algo quedó claro en esta elección es que se trató de una lucha en el lodo. Fue mucho más allá del contraste. Se lanzaron, hasta ahora de manera impune, acusaciones que merecen años de cárcel, como la malversación de fondos, el peculado, asociación delictuosa, crimen organizado y hasta pederastia, lo que desde luego es inadmisible. Si una acusación de ese tamaño no se permite a los ciudadanos, mucho menos debería tolerarse en los políticos que nos quieren representar. Que quede claro, para no equivocarnos. Una cosa es criticar o descalificar a un candidato por sus antecedentes o declaraciones y otra muy diferente acusarlo de un delito sin pruebas o sin sustento real, esto no ayuda a la democracia y mucho menos a la percepción social que, se dice, hay que cambiar con gobernantes honestos y probos.
