Sí se puede
Los recientes acontecimientos violentos en Chiapas y Oaxaca, generados por la supuesta inconformidad del grupo magisterial llamado CNTE, me han hecho recordar la actuación de un admirado y entrañable amigo: Javier López Moreno, quien asumió la gubernatura del estado de Chiapas en Enero de 1994, después del levantamiento del Ejercito Zapatista.
Javier, un hombre sencillo de gran arraigo y raíces indígenas, es un conocedor de la idiosincrasia de sus paisanos chiapanecos, de las inquietudes y desde luego injusticias históricas de los pueblos indígenas de Chiapas; su arribo al Gobierno del estado se dio en un momento de crisis, y con actores destacados en el conflicto: la iglesia, con el obispo Samuel Ruiz; un comisionado para la Paz, Manuel Camacho Solís; invasiones a fincas y saqueos frecuentes; participación de partidos políticos buscando adeptos electorales; delincuentes disfrazados de luchadores sociales; el subcomandante Marcos y, desde luego, las comisiones de derechos humanos y los medios de comunicación.
Su tarea difícil fue exitosa, poco reconocida; ayudó a la pacificación de Chiapas, su inteligencia y capacidad de diálogo permitieron armonizar a la sociedad chiapaneca, a las fuerzas políticas estatales, a los empresarios, ganaderos y a los dirigentes de los pueblos indígenas. Obtuvo un respaldo definitivo y muy importante en ese momento del gobierno federal y logró la simpatía de los medios de comunicación.
Presencié de cerca las angustias y las decisiones del gobernador López Moreno, observé cómo se empeñó en aplicar la ley, cómo actuaba con inmediatez y eficiencia ante nuevos reclamos, cómo logró devolver la credibilidad sobre la ley y la confianza en el gobierno a la mayoría de los habitantes de Chiapas, cómo cuidó que durante el proceso electoral interno de Julio del 94, se mantuviera la seguridad en las instituciones.
Apego al estado de derecho
Pero, ¿cuáles fueron las mayores virtudes de Javier López Moreno, además de su sencillez, inteligencia y honestidad? Su apego al estado de derecho, su compromiso permanente de cumplir con la ley. En alguna reunión con la prensa dijo: “Necesitamos dar más pasos para que haya una verdadera cultura política que permita la pluralidad, no tenemos hábito de la discrepancia, no hemos aprendido a disentir”.
Finalmente en Chiapas se logró la paz y la restauración del estado de derecho, el conflicto se originó por la desigualdad y la injusticia y a pesar de que se declaró la guerra por parte de los zapatistas al gobierno, nunca se presentó una batalla cruenta o recordable. En Chiapas se impuso la ley y el orden.
Por ello, es conveniente recordar la importancia de la vigencia en México del estado de derecho, lo forman: el Estado (como forma de organización política) y el Derecho (como conjunto de las normas que rigen el funcionamiento de una sociedad).
El estado de derecho, da vida a la división de poderes: Legislativo, Judicial y Ejecutivo, que deben garantizar que la Ley se cumpla y que en ella se vele por la libertad de todos los individuos y de la sociedad en su conjunto, pero debe vigilar también que los derechos de unos no violen los de otros.
La educación, prioridad
La educación es elemento crucial en la construcción de una nación próspera, generosa, pacífica, igualitaria. Que todos los mexicanos en edad escolar reciban, sin excepción, una educación de calidad es aspiración compartida. No es una utopía, puede hacerse realidad. La condición es trabajar de manera incansable para conseguirlo. Toda la sociedad está implicada en este proceso. Nadie puede quedar al margen.
La reforma educativa propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto, procesada al interior del Pacto por México al principio del sexenio, aprobada por amplia mayoría en el Congreso de la Unión, respaldada por los congresos locales y elevada ya a rango constitucional, fue un paso en la dirección correcta. Muestra una voluntad política inequívoca y la decisión de que el Estado mexicano recupere la rectoría plena en el proceso educativo nacional. Rectoría que se perdió a causa de una larga secuencia de decisiones miopes, interesadas, pusilánimes incluso, que trasladaron el poder a cúpulas sindicales corruptas sin ningún interés en la educación, concentrados sólo en la posibilidad de obtener ganancias políticas y financieras. Poder y dinero.
Está en la Constitución
La reforma educativa es ley. Fue aprobada por todas las corrientes políticas, la derecha, la izquierda y desde luego el partido en el gobierno. La responsabilidad de las autoridades de los tres niveles de gobierno es instrumentarla a lo largo y ancho del país, para beneficio de la sociedad, de los alumnos, pero también de los maestros que tienen hoy la oportunidad de crecer profesionalmente por sus méritos académicos y no depender, como antes, de la voluntad de dirigentes sindicales. Los destinatarios de la reforma son los niños y sus maestros, para conseguir que tengan una interacción virtuosa en beneficio de la nación. El camino está por recorrerse, los resultados se verán en el mediano plazo.
Al devolver el control del proceso educativo al Estado mexicano, antes en manos del Sindicato, la reforma educativa resultó tóxica por los dirigentes sindicales de secciones agrupadas en torno a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que se toparon con nuevas reglas. Por eso, porque la reforma supone el fin de una era de privilegios inadmisibles, es que los dirigentes de la CNTE han emprendido la batalla final contra la reforma. La CNTE que todos hemos padecido no puede convivir con la reforma, por eso trata de derogarla por las malas. Al hacerlo, confrontan a las instituciones, retan a las fuerzas de seguridad del Estado, las provocan, y ponen en marcha un despiadado operativo de desestabilización que ya ocasionó víctimas fatales.
En este operativo, la CNTE cuenta con el respaldo de grupos radicalizados, algunos de ellos incluso vinculados a la lucha armada, como son el EPR en Oaxaca y los zapatistas en Chiapas. Son enemigos de México. Optaron por la vía armada. Buscan lacerar a las instituciones, confundir a la población, crear un clima de desconfianza, infundir miedo. Quieren dividir al país y desprestigiar a la democracia, pues olvidan, o pretenden olvidar, que un proceso democrático llevó la reforma educativa a la Carta Magna, a nuestra Constitución Política. Esto es clave. La reforma educativa no fue una imposición unipersonal, fue una decisión de los representantes populares de todos los partidos.
CNTE, dialogar desde el chantaje
Por esta razón, porque es ley, la reforma educativa no está a negociación. No puede estar en la mesa de diálogo entre autoridades federales y dirigentes de la CNTE que se lleva a cabo en el antiguo Palacio de Covián. Lo que debe acordarse es el cese inmediato de actos vandálicos y de provocaciones violentas que llaman a la insurrección. Los delincuentes y los integrantes de grupos radicales tienen que ser detenidos y presentados ante un juez para que respondan por sus actos. De ninguna manera se pueden sentar con las autoridades para tratar de que sus intereses particulares prevalezcan sobre el interés general de la nación. No pueden tener privilegios como dejar de trabajar y que les sigan pagando, o robar o vandalizar y que la policía no los detenga. Eso es simplemente inadmisible.
La reforma educativa está en su etapa inicial. Es un patrimonio nacional que debemos proteger. Para que dé sus frutos todavía requiere capacitar a los profesores, sujetarlos a evaluaciones periódicas para hacerlos mejores profesionales y que eso se refleje en su nivel de vida. Se tienen que dignificar todos los espacios educativos del país. No es posible trabajar en escuelas sin piso o sin baño o sin ventanas. Todas las escuelas deben contar con los servicios requeridos por estudiantes y maestros.
Se debe pasar a la parte propiamente educativa, esto es, mejorar los programas académicos, elevar la calidad de la educación de manera que niños y jóvenes obtengan en sus evaluaciones mejores resultados. Ya hay pruebas que ayudan a medir el aprovechamiento y compararlo incluso con otros países, no automáticamente sin tomar en cuenta las circunstancias específicas, sino como herramienta para saber dónde estamos. Es un esfuerzo titánico pero ineludible. La condición para desplegarlo es que haya paz, que se cumpla con la ley, que se respete el estado de derecho. Que los violentos no se salgan con la suya. Que no prevalezca el resentimiento, sino la cooperación.
¿Debilitar las instituciones?
¿Quiénes son los violentos? Hay organizaciones que se conocen, como el Ejército Zapatista que tiene presencia sobre todo en las montañas de Chiapas, pero algunos efectivos, ya sin capucha, suelen mezclarse con protestas sociales para radicalizarlas con actos de agresión a la autoridad. El Ejército Popular Revolucionario tiene presencia en Oaxaca y Guerrero. Organismos de inteligencia lo revelaron en la revuelta que coordinó la APPO con el propósito de destituir al entonces gobernador de Oaxaca Ulises Ruiz. Casi lo consigue. Lo dejó maltrecho, al grado de que el PRI perdió hace seis años la elección y ganó Gabino Cué con una alianza en la que también estaban los líderes de estos grupos radicales como el inefable Flavio Sosa, autor de múltiples actos violentos y de saqueo.
La protesta en contra de la reforma educativa se ha quitado la máscara. Ya se ve que tiene muy poco que ver con las cuestiones académicas y mucho con una estrategia política de debilitamiento de las instituciones,a la que ahora se suma con oportunismo electoral el mesianismo de López Obrador y su partido Morena. Por eso en los plantones y manifestaciones hay una minoría de maestros y una mayoría de activistas de diversos grupúsculos que suelen actuar fuera del marco de la ley. La lucha por la reforma educativa tendrá otra semana complicada. El gobierno no puede rendirse y entregar la plaza. Tiene argumentos de sobra para defender a la reforma educativa, es momento de mostrarlos y actuar en consecuencia. Es indispensable que los tres poderes que integran el Estado mexicano, el ejecutivo, el Judicial y el legislativo se esfuercen por preservar el auténtico estado de derecho, de hacer cumplir la ley sin distingos y fortalecer las instituciones.
