Derechos humanos ante el déficit de gobernabilidad

Declaración Universal

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene su antecedente histórico en la “Declaración Universal de los Derechos Humanos”, aprobada y proclamada el 10 de diciembre de 1948; en ese entonces el mundo se recuperaba de los estragos de una guerra y se anhelaba un mejor futuro para todos. La defensa de los derechos humanos surge entonces como una aspiración de los regímenes democráticos modernos para defender a los ciudadanos de las injusticias generadas del ejercicio del poder y de la autoridad. Forma parte de la aspiración para que las sociedades cuenten con un estado de derecho real, anhelo universal para, vivir en paz con justicia y plena libertad.

Tlatelolco

La cuestión de los derechos humanos es asombrosamente reciente en el país. El régimen político dominante a lo largo del siglo pasado, con un partido único y autoritario, se manejaba a discreción sin pensar en las repercusiones humanitarias de sus decisiones políticas. Episodios como la noche de Tlatelolco, la matanza del Jueves de Corpus o la llamada Guerra Sucia se registraron sin que ningún organismo de derechos humanos pidiera cuentas al gobierno. ¿Qué papel hubiera jugado la CNDH ante esos sucesos? Imposible saberlo.

Proyecto modernizador

Hubo que aguardar hasta el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, 88-94, para dar el gran paso. Salinas, quizá el único presidente con un proyecto claro de gobierno en medio siglo de historia nacional, el otro fue Lázaro Cárdenas, estaba decidido a meter al país en un proceso modernizador que lo transformara en un jugador internacional activo, para lo cual era necesario aceitar la maquinaria del viejo régimen y realizar cambios que parecían imposibles años atrás. La creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a mediados del año 1990, fue parte de una estrategia general en la que también estaba la creación del Instituto Federal Electoral, hoy INE, y la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Salinas sabía qué esperaban de México sus principales socios y puso manos a la obra para poner a México al día en materia de derechos humanos.

Primeros esfuerzos

Cabe rescatar en esta entrega un dato valioso. En el estado de Nuevo León, durante el gobierno del Dr. Pedro Zorrilla, se creó dentro del andamiaje gubernamental una Dirección de Defensa de los Derechos Humanos y años después un área similar surgió en Colima. Se trató de esfuerzos valiosos pero muy aislados. De hecho los derechos de los gobernados ante el poder público no existieron. La Comisión vino a llenar un vacío inadmisible. Con diversos cambios legales la Comisión ganó con el paso del tiempo autonomía de gestión aunque el Estado mantuvo un vínculo fuerte pues, su titular es elegido por el Senado de la República, de manera tal que la correlación de fuerzas al interior de la Cámara alta define el perfil del ombudsman seleccionado por los legisladores.

Primer titular

Su primer titular fue el Dr. Jorge Carpizo McGregor, destacado abogado oriundo de Campeche que dejó honda huella en este organismo. Su legado persiste hasta nuestros días. El nombre de Carpizo está ligado a la UNAM y a dos instituciones cuya creación supuso un cambio cualitativo para el país, el IFE y la CNDH, que hoy día son vitales. Carpizo fue uno de los mexicanos más influyentes del siglo pasado. Su carácter lo llevó a protagonizar docenas de polémicas, algunas bastantes agrias, pero eso no debería impedir que se aquilataran sus importantes aportaciones.

La actividad de la Comisión, sin embargo, fue cuestionada al defender en algunos casos los derechos humanos de delincuentes. Su trabajo para posicionarla como un organismo de legalidad fue sin duda la mayor aportación de Carpizo, quien estuvo al frente de la Comisión entre 1990 y enero de 1993.

Dimensiones históricas

Lo siguió un hombre de sus confianzas, Jorge Madrazo. Carpizo y Madrazo fueron, desde posiciones diferentes, protagonistas de ese año terrible que fue 1994 que descarriló el ambicioso proyecto modernizador. Un secuencia de eventos de alto impacto como el levantamiento zapatista y los asesinatos de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu. Carpizo siguió hasta el final de sus días en la órbita pública, sobre todo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, que era su baluarte, pero Madrazo se bajó del escenario y vive de manera digamos peculiar en otras latitudes. No es para menos. Los zafarranchos que les tocó procesar tuvieron dimensiones históricas.

Prestigio dentro y fuera

Desde principios de 1997 asumió la presidencia de la CNDH la doctora Mireille Rocatti, una abogada de altos vuelos, que dejó su lugar al doctor José Luis Soberanes que estuvo una década al frente de la Comisión. De Soberanes se decía que era integrante de grupos católicos radicales, como el Opus Dei, y que esto afectó su desempeño. Estaba en sintonía con el régimen panista que arribó al poder en el año 2000 con el triunfo de Vicente Fox, que llegó acompañado de personajes del perfil de otro abogado de prestigio reconocido: Carlos Abascal. Lo cierto es que tuvo un trabajo encomiable y la CNDH adquirió prestigio dentro y fuera del país.

Perdió el piso

A Soberanes lo siguió Raúl Plascencia que ocupó el cargo en 2009, tiempo suficiente para que asumiera que lo importante no era la CNDH, su prestigio ante los ciudadanos, sino su carrera, su figura pública. Plascencia perdió el piso, comenzó a grillar con un ojo, imaginó que el mundo giraba en torno suyo. El resultado es que está fuera de la jugada y vio cómo su adversario más notable era designado para el cargo y no sería nada raro que pronto comenzaran a revisar con lupa todas sus cuentas.

Crisis severa

La llegada de Luis Raúl Gonzales Pérez en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se llevó a cabo a la mitad de una crisis severa de gobernabilidad en el país. Una crisis aguda pero también sorpresiva. La mayoría de los observadores no terminan de asimilar el pasmo en el que cayeron los encargados de los tres niveles de gobierno después de la noche triste del 26 de septiembre en los municipios de Iguala y Cocula, en el estado de Guerrero. En nivel municipal la simbiosis con el crimen organizado, el estatal con complicidad inconfesable y el federal con ineficacia dolorosa.  Grupos de activistas, tomando como pretexto la desaparición de los normalistas, desplegaron en diversas entidades del país acciones violentas, disolventes, mientras que las fuerzas del orden se limitaron a observar, como si nada.

Reestructuración necesaria

Esto provocó que analistas de todas las tendencias señalaran la necesidad imperiosa de realizar cambios profundos en el sistema nacional de procuración e impartición de justicia, en cuyo marco despliega sus acciones de manera cotidiana la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que no se ha sustraído de la crisis, al contrario, está en sus horas más bajas. De modo que las demandas de una reestructuración también alcanzan a la Comisión, cuyo futuro inmediato se dirimirá en los próximos días ya con el abogado universitario Luis Raúl González Pérez como ombudsman nacional.

Capacidad y talento

El nuevo titular, Luis Raúl González Pérez, también fue parte de la ola de acontecimientos del año 1994, pues fue el último fiscal especial del caso del asesinato de Luis Donaldo Colosio, quizá el más complicado del último medio siglo en el país. La investigación fue un cochinero que tuvo de todo. Las versiones del asesino solitario y de la acción concertada, la posibilidad de que existieran varios Aburtos, un sinfín de irregularidades. González Pérez hizo un trabajo profesional que ayudó a darle vuelta legal al caso, aunque claro, las sospechas persisten. Es un hombre cercano al doctor José Narro, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, casa de estudios de la que fue abogado general. La ciudadanía espera mucho de él. Tiene capacidad, le deseamos suerte.

Legalidad y gobernabilidad

El país requiere en estos momentos certeza, paz y confianza. Certeza en las decisiones de gobierno que comprueben con resultados que la legalidad es un valor de todos, que los conflictos, así sean auspiciados por el crimen organizado o por intereses políticos sectarios, no pueden estar por encima de la paz social y la seguridad pública, confianza en que se cumple con la ley y se vigile su cumplimiento; no es deseable que en aras de un diálogo prudente, que por cierto parece de oídos sordos, se agredan los derechos de la mayoría.

La Legalidad y el estado de derecho se sustentan en la Paz, la Justicia y la Libertad. Sabemos que hay una línea delgada entre estos tres atributos. ¿Dónde empieza la libertad de uno y dónde termina la libertad del otro? Ese límite lo establece el estado de derecho al que estamos comprometidos todos. Es hora de poner remedio, de gobernar para todos y de ser solidarios con los valores nacionales...