La Historia
Los antecedentes de la Suprema Corte se remontan a 1814, cuando el Congreso de Chilpancingo, convocado por el jefe insurgente José María Morelos y Pavón, expidió el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana.
En 1824, la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos dispone la división de los Poderes en: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Ante el triunfo del liberalismo, del que resultó la Constitución de 1857, por primera y única vez en su historia, se decreta que los miembros de la Suprema Corte fueran electos popularmente, ya que las Constituciones anteriores preveían su designación por las legislaturas locales.
Con la aprobación de la Constitución de 1928 la Suprema Corte, que se componía por once ministros, sufrió diversas modificaciones hasta llegar a 26 ministros.
Fue hasta 1988, por virtud de una reforma integral a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a la Ley de Amparo y a la Constitución Federal, que se otorga a los Tribunales Colegiados de Circuito la competencia exclusiva para conocer de amparo en materia de control de legalidad de los actos reclamados, reservándosele a la Suprema Corte la interpretación definitiva de la Constitución.
Finalmente el 31 de diciembre de 1994, a través de reformas integrales a la Constitución, se redujo el número de ministros que integran a la Suprema Corte de 26 a 11 y se le invistió de facultades propias de un Tribunal Constitucional. Con estas reformas se creó también el Consejo de la Judicatura Federal, encargado de los asuntos administrativos del Poder Judicial de la Federación y de la vigilancia del desempeño de los jueces.
ESTADO DE DERECHO
Con estos antecedentes y con la aspiración de contar con el cumplimiento de la Constitución Federal y para remontar la aguda crisis de credibilidad y confianza que padece México, se debe ubicar en un lugar prioritario la vigencia del Estado de Derecho. Una tarea que debe liderar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, encargada de procurar justicia, de ser guardián de la Constitución y contrapeso del Ejecutivo, para buscar un equilibrio democrático.
No será fácil. La cultura de la legalidad es una asignatura pendiente. Una aspiración sistemáticamente frustrada. Conseguirla sería cambiar el destino del país. Se tiene que comenzar por una cruzada educativa, para que la gente conozca sus obligaciones y derechos y las opciones que tiene para defenderlos. Esa cruzada debe incluir, entre otras muchas medidas, liberar a las escuelas de Derecho del cinismo imperante en muchos salones de clase, donde se les transmite a los estudiantes una y otra vez el mensaje: el que no tranza no avanza.
Los conflictos son inherentes a las sociedades humanas. Tienen que ser resueltos de manera civilizada. Una representación superior es la normatividad social instrumentada por las leyes de cumplimiento obligatorio para todos. Nuestro país tiene un andamiaje legal sólido. Lo que falla es su aplicación en la vida diaria. No es tanto un problema de textos, sino de su cumplimiento por parte de autoridades y ciudadanos.
PROPUESTA DE LA DISCORDIA
En días recientes el Poder Judicial, y en particular la Suprema Corte de Justicia, han estado en el centro de una amarga controversia, con motivo del nombramiento de Eduardo Medina Mora como su nuevo integrante. El nombramiento cumplió con rigor los requisitos de ley. El proceso arranca siempre con una propuesta por parte del Presidente de la República en su calidad de Jefe de Estado. No obstante, la propuesta tiene que ser aprobada por el Senado de la República, de manera que los tres poderes de la Unión están implicados.
OTRAS PROPUESTAS PRESIDENCIALES
Pero no hay que perder de vista que, de los once ministros actuales, todos fueron propuestas de los Presidentes de la República de otros tiempos. La ministra Olga Sánchez Cordero, por ejemplo, fue propuesta por el presidente Ernesto Zedillo, al igual que Juan Silva Meza. Ya en la alternancia, el Presidente Vicente Fox propuso a los ministros Franco González Salas, Ramón Cossío y Beatriz Luna. En el sexenio de Felipe Calderón llegaron a la Corte Luis María Aguilar, actual magistrado presidente, Pardo Rebolledo, Lelo de Larrea, Pérez Dayán y Gutiérrez Ortiz Mena. Si aplicáramos una medición serían 5 de Calderón, 3 de Vicente Fox, 2 de Ernesto Zedillo y 1 de Peña Nieto. ¿Quién tendrá más influencia? Habrá que creer en la honestidad de todos y su compromiso con la sociedad.
DESPRESTIGIO JUDICIAL
Teóricamente la división de poderes es uno de los elementos imprescindibles en la organización del Estado. Tiene por objeto evitar el abuso del poder y preservar los derechos del hombre. De esta forma, se separan las funciones de los órganos públicos en tres categorías generales: legislativas, administrativas y jurisdiccionales. Sin embargo, el desprestigio de las instituciones toca también al Poder Judicial. La sensación generalizada es que el aparato de justicia ha sido infectado por la corrupción. Muchos jueces viven como jeques, como resultado de su esfuerzo para torcer las leyes para, digamos, favorecer a sus mecenas. Con frecuencia inadmisible, los medios de comunicación reportan fallos increíbles. Mientras, por ejemplo, asesinos confesos salen libres sin que nadie los moleste, ciudadanos inocentes purgan largas penas por delitos menores o, lo que es peor, siendo inocentes de los delitos que les imputan.
RESPONSABILIDAD SUPREMA
La Suprema Corte tiene la responsabilidad de defender el orden social establecido por la Constitución y ser factor en el equilibrio de poderes. No existe, en nuestro país, autoridad que se encuentre por encima de la Suprema Corte, ni hay recurso legal que pueda ejercerse en contra de sus resoluciones. Es el gran árbitro.
Dentro de la estructura del Poder Judicial, además de los tribunales colegiados, están el Tribunal Electoral y el Consejo de la Judicatura, cuyo presidente es el propio presidente de la Corte, en este caso Luis María Aguilar. El primero es la máxima autoridad en materia de competencia política y el segundo está encargado del funcionamiento óptimo y honesto del sistema en general y los jueces en particular. Su desempeño ha dejado mucho qué desear. La Corte defiende el orden establecido por la Constitución y juega un papel determinante en los juicios de amparo, que tiene un origen noble, pues se trata de un afán de defender al ciudadano de abusos de la autoridad, pero en los hechos se ha transformado en un medio de protección de delincuentes con dinero para pagar buenos e inescrupulosos jueces. También dirimen, sin más instancias, las controversias constitucionales.
TRÁFICO DE INFLUENCIAS
Los miembros de este importante Tribunal Constitucional no han sido ajenos a escándalos que han minado la confianza ciudadana y el prestigio por el que se han esforzado la mayoría. El caso del ex ministro
Genaro Góngora Pimentel abochornó a sus colegas. Mostró a los integrantes de la Suprema Corte como personajes de vodevil. El sujeto utilizó su influencia en el Poder Judicial para encarcelar a la madre de sus hijos, ambos diagnosticados con autismo. Con el agravante de que Góngora conoció a la mujer en la Corte, la hizo su asistente y después de embarazarla la dejó a su suerte. Fue llamado por Andrés López Obrador y presentado como el jurista ejemplar, su conducta puso en entredicho su honorabilidad y afectó la de los integrantes del máximo tribunal del país. De López Obrador ni hablar.
SHOW DE LA IMPUNIDAD
Un caso reciente que estuvo en primeras planas varios días, fue el de la francesa Florence Cassez, acusada de pertenecer a la peligrosa banda de secuestradores denominada “Los Zodiacos”. Como se recordará, la captura de la banda estuvo plagada de irregularidades, que incluyeron una recreación de la captura para la televisión comercial. Como resultado de estas pifias, los abogados de la francesa promovieron un amparo que llegó hasta la Suprema Corte. Olga Sánchez Cordero, magistrada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se encargó del caso que permitió a Florence recuperar su libertad, salir del país y demandar al Estado mexicano. Olga dijo que el fallo marcó su carrera profesional y su propia vida, porque el tema es paradigmático, ya que estableció una serie de precedentes. Las autoridades, argumentó la magistrada, fallaron en la presunción de inocencia, el derecho a ser puesta a disposición inmediata ante la autoridad ministerial y la asistencia consular.
RUTA 100
Otro caso de escándalo en el sistema judicial, que vale la pena recordar, fue el episodio del juez Abraham Polo Uscanga, asesinado en extrañas circunstancias en su despacho de Insurgentes, en un caso vinculado a la desaparición de la llamada Ruta 100 de transporte público de la ciudad de México, cuyo sindicato se defendió con todo, pero no pudo evitar su fin. El caso fue una herida para el sistema judicial, comenzando por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Se acusó a un activista político del homicidio, pero no se le pudo comprobar y hasta diputado llegó a ser. La impunidad imperó… Justicia, honestidad, y apego al Estado de Derecho son un reclamo ciudadano.
