Mes a mes, las empresas formales determinan y enteran cuotas obrero-patronales. Se trata de una obligación legal y no de una contribución voluntaria ni de una dádiva, con preferencia sobre casi cualquier otro acreedor.
A cambio, empresarios y trabajadores esperarían algo elemental: cuando un colaborador enferma, se accidenta o da a luz, el Instituto debería responder con oportunidad y calidad.
Hoy esa expectativa se incumple de forma cada vez más evidente y la indignación en el sector productivo es comprensible. Se paga como cliente de primera y se recibe un servicio de tercera, cuando se recibe.
La narrativa oficial admite rezagos, reconoce problemas de desabasto y califica como legítimas demandas de su personal, pero rechaza que exista una crisis generalizada.
La distinción no es semántica. Un rezago sugiere un retraso que se corrige con ajustes de gestión mientas que una crisis supone fallas estructurales que exigen decisiones de fondo sobre financiamiento, abasto y capacidad instalada. Elegir una u otra define la respuesta que se considera suficiente y el contraste con el discurso reciente es elocuente.
Hace dos años, el expresidente aseguró que el sistema de salud mexicano no era como el de Dinamarca, sino mejor. Hoy, la terca realidad presenta algo más profundo que un rezago.
El propósito original del Instituto fue construir un amortiguador social para una clase trabajadora formal en expansión, financiado por quienes generan el empleo, patrones y trabajadores, acompañados del Estado.
Durante décadas, el modelo funcionó y el Instituto fue orgullo nacional. Pero también acumuló vicios.
El deterioro se aceleró a partir de 2019. La administración anterior desmanteló el Seguro Popular, ensayó el fallido INSABI y, en agosto de 2022, creó por decreto el organismo IMSS-Bienestar para atender a la población sin seguridad social.
En los hechos, la estructura, los directivos y parte de los recursos del IMSS ordinario (financiado con cuotas de empresas y trabajadores) fueron puestos al servicio de un proyecto político de cobertura universal sin el financiamiento fiscal que exigía. A ello se sumaron la centralización improvisada de las compras de medicamentos y una pandemia que drenaron capacidades.
La falta de planeación cobra dos veces, en la espera del paciente y en el gasto extraordinario.
La presidenta Sheinbaum heredó menos camas, enfermeras y consultorios por derechohabiente, cadenas de abasto rotas y un seguro estructuralmente deficitario.
La población con carencia por acceso a servicios de salud pasó de 20.1 millones de personas en 2018 a 44.5 millones en 2024, más del doble (INEGI). El gasto de bolsillo en salud de los hogares creció 41.4% en términos reales y alrededor de 83% entre el 10% de los hogares de menores ingresos. La carga recayó sobre quienes menos podían absorberla.
El informe financiero IMSS 2024-2025 proyecta un déficit de 4.47 billones de pesos en valor presente para 2025-2054, con una reserva de apenas 117,484 millones al cierre de 2024. Presumir reservas récord del IMSS en su conjunto oculta esta realidad.
Al patrón le impone registrarse, inscribir a sus trabajadores, determinar y enterar cuotas, además de someterse a inspecciones y dictaminar su cumplimiento. Las cuotas tienen carácter de crédito fiscal y, en caso de concurso, son preferentes a cualquier otro, salvo laborales y alimentarios. El peso operativo y financiero recae sobre la nómina formal.
La empresa que cumple paga varias veces, primero las cuotas y después los seguros de gastos médicos privados, las consultas externas o las incapacidades prolongadas por citas y cirugías que no llegan, con la consecuente pérdida de productividad.
Además, cada peso de cuota desviado para cubrir a población no derechohabiente sin reembolso del erario es, en los hechos, un impuesto adicional a la formalidad, que encarece el empleo formal y castiga precisamente a quien cumple la ley.
Reconocer el problema es un primer paso, pero no basta con calificarlo de exageración opositora. Se requiere separar con claridad el financiamiento del IMSS ordinario del de la atención a población sin seguridad social.
No se trata de compararnos con Dinamarca. Se trata de honrar un pacto de ochenta años en el que las empresas que pagan, los trabajadores que cotizan y el personal que sostiene la atención diaria tengan un servicio a la altura de lo que aportan.
Contenido sindicado vía RSS de El Financiero. Nota original: https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/juan-carlos-machorro/2026/10/20/quien-paga-merece-empresas-y-trabajadores-frente-al-deterioro-del-imss/