El 12 de octubre, con las protestas de trabajadores extendiéndose por el país, el director general del IMSS, Zoé Robledo, anunció que su equipo recorrería “piso por piso” 277 hospitales para preguntar al personal qué hace falta. Al día siguiente, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió “un verdadero diagnóstico para poder atender lo que no está resuelto”. La respuesta institucional es una consulta de pasillo, y llega cuando Robledo suma siete años y cinco meses en el cargo, bajo dos presidentes.
Escuchar a los trabajadores nunca sobra. El problema es otro. Las normas del propio Instituto lo obligan a saber, casi al día, qué medicamento falta en cada servicio. Para las unidades médicas del primer nivel de atención del IMSS, el procedimiento 2200-003-001 ordena calcular el consumo promedio mensual de cada clave, medir cada mes el porcentaje de surtimiento por servicio e informar a diario qué claves hay y cuáles no.
Para los hospitales y Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE) el procedimiento 1832-003-004 establece obligaciones equivalentes. Para el equipamiento médico, la norma 2000-001-012 (Norma para la solicitud de equipo médico en el IMSS) establece un sistema electrónico, el PREI-PROFORMA, como único canal de solicitud, con prioridades por unidad que las Delegaciones (OOAD) y las UMAE están obligadas a mantenerla actualizada. Y la Ley Federal de las Entidades Paraestatales obliga al titular a recabar información que refleje el estado de la institución. La información, en suma, debería existir sin necesidad de recorrer pasillos.
De hecho, buena parte ya existía. La Encuesta de Calidad 2025 del IMSS, con 17 mil 82 cuestionarios levantados en octubre y noviembre del año pasado, encontró que 20.3 por ciento de quienes reciben receta no la obtiene completa, y que 94.8 por ciento de esos faltantes se explica por falta de inventario. Tres de cada diez afectados compran el medicamento con su dinero. Una de cada cuatro cirugías no se realiza en la fecha programada, y 63 por ciento de esas suspensiones ocurre porque el Instituto no tenía el recurso comprometido.
Los indicadores internos de desempeño cuentan lo mismo. En el avance de la evaluación del desempeño de agosto de 2026, (documento interno y preliminar de la Dirección de Prestaciones Médicas), el promedio de las 35 representaciones estatales fue de 62.7 puntos sobre 100. Ninguna alcanzó el nivel esperado y 12 quedaron en desempeño bajo.
En las 25 UMAE el promedio fue de 75 puntos: ninguna llegó a la meta de 90 y 18 están en rango bajo. El área de observación de urgencias del hospital Magdalena Salinas opera al doble de su capacidad. En el hospital de especialidades de Ciudad Obregón se suspende el 14.6 por ciento de las cirugías programadas, casi el triple de la meta de 5 por ciento. En el de Mérida, apenas 26 por ciento de los pacientes recibe su cirugía electiva en menos de 20 días hábiles.
La CNDH completa el cuadro. El IMSS ha sido la autoridad federal con más expedientes de queja en cada año desde 2020. En 2025 sumó 5 mil 210 y acumula 515 recomendaciones en trámite.
Con ese acervo, la consulta difícilmente descubrirá algo nuevo. Al 16 de octubre, según cifras del IMSS difundidas en medios, había 7 mil 474 necesidades registradas, pero solo se detallaron los principales rubros, que suman 2 mil 630. Las 385 “necesidades de personal” no equivalen a 385 plazas, y de medicamentos no se publicó cifra alguna.
Conviene no simplificar: la anulación de la licitación consolidada 2025-2026 por sobreprecios y el incumplimiento de proveedores agravaron la crisis desde fuera de los hospitales. Pero nada de esto explica por qué una institución obligada a medirse cada mes necesita preguntar en los pasillos lo que sus propios sistemas deberían mostrar en pantalla.
El dinero tampoco resuelve la ecuación por sí solo. El proyecto de presupuesto 2027 asigna al IMSS cerca de 1.8 billones de pesos, 9.8 por ciento más que este año, y la Comisión de Seguridad Social de San Lázaro pide mil millones adicionales para prestaciones e infraestructura. Si ese monto se destinara íntegro a salarios, alcanzaría para subir el sueldo tabular alrededor de 1.7 por ciento con cargas patronales. Y si las pensiones del régimen de jubilaciones de los propios trabajadores del IMSS se ajustan con los aumentos de los activos, como describe la Auditoría Superior, el margen caería a 0.4 por ciento (cálculos propios con base en el informe de servicios personales del IMSS).
La Presidenta hizo lo que corresponde a quien encabeza el Ejecutivo: pedir un diagnóstico verdadero a quien tiene la responsabilidad directa de la institución. Si ese diagnóstico no estaba sobre su escritorio, la pregunta no es para ella. Es para la cadena que debía hacerlo llegar.
Más útil que otro recorrido sería publicar lo que los sistemas del IMSS ya producen: las claves en desabasto por unidad, el surtimiento real, las prioridades de equipamiento médico, las plazas vacantes por hospital. Con esos datos, las mesas con el sindicato y el presupuesto de 2027 tendrían una base firme. Sin ellos, el piso por piso corre el riesgo de quedarse en eso, un recorrido de pasillos.
Contenido sindicado vía RSS de El Financiero. Nota original: https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/colaborador-invitado/2026/10/20/el-diagnostico-que-el-imss-ya-debia-tener/