Mucho se ha cuestionado el potencial daño de las pantallas en los menores.
El uso problemático de los dispositivos móviles y su relación con el desarrollo cerebral se han venido estudiando con detenimiento, y sus posibles repercusiones merecen nuestra atención.[1]
Entre otras cosas, hoy vemos menores que se enfadan, hacen berrinches y hasta reaccionan con violencia ante las limitaciones impuestas por los adultos, tanto en el tiempo asignado como en las aplicaciones permitidas.
¿Pero qué hacer cuando un menor llega a la agresión física, al intento de lesionar a otros, a las autolesiones o incluso a las amenazas de suicidio u homicidio por un celular?
En los últimos años hemos sido testigos de diversos casos virales en los que niños y adolescentes responden con violencia hacia sus madres o cuidadores, llegando al grado de golpearlos con palos o accionar armas ante la frustración de verse sin la posibilidad de usar un dispositivo.
Entre colegas y académicos vemos, inicialmente, un panorama complejo.
Los dispositivos se han vuelto necesarios en diferentes esferas y negar el acceso a ellos implica un riesgo de analfabetismo digital.
En los colegios, las nuevas normativas los prohíben, excepto en situaciones de emergencia, pero es probable que presenciemos estos mismos actos de violencia a la hora de implementar dichos acuerdos.
Los padres, tutores y maestros tienen la posibilidad y el deber de ejercer autoridad, aun frente a una mala interpretación de los derechos de los menores.
La violencia física y las acusaciones falsas son nuevas formas de revancha que poco a poco se han ido popularizando; se han registrado casos en los que las hijas acusan a sus padres de abuso simplemente por establecer reglas.
Nos encontramos atrapados entre el miedo a ejercer la tutela y la disyuntiva de permitir que se mantengan hábitos que podrían afectar el desarrollo de los menores.
Sin embargo, en los grupos de reflexión hemos conversado sobre algunas alternativas: retrasar la edad de inicio en el uso de dispositivos y redes sociales, y administrar el tiempo de pantalla desde las primeras interacciones, no hasta que la situación se convierta en un problema.
Poner límites no es imponer violencia, sino enseñar autorregulación.
Todos coincidimos en que la principal característica de los límites es que, si bien deben ser firmes, nunca deben dejar de ser amorosos.
Los cuidadores, con una paciencia casi infinita, pueden explicar una y otra vez las razones detrás de una restricción —ya sea de tiempo o de acceso a contenido—, apoyándose incluso en las nuevas normativas.
Poner límites no es agredir, violentar ni regañar; es regular una conducta para evitar que escale.
Esto implica firmeza de carácter y nobleza en la instrucción.
El cuidado de los menores nos ocupa a todos: profesionales de la salud mental, de la educación, del trabajo social, pedagogos y maestros.
Pero corresponde, sobre todo, al núcleo familiar comprender que invertir en juegos tradicionales, deportes y cultura puede ser la vacuna necesaria para garantizar que las infancias usen las tecnologías, y no que las tecnologías usen a las infancias.
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