El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este viernes una orden ejecutiva que suspende temporalmente la aplicación de un amplio paquete de sanciones contra Rusia, al argumentar, frente a la decisión del Congreso, que la medida responde al interés nacional, según informó la Casa Blanca.
La decisión afecta a una ley bautizada con el nombre del fallecido senador republicano Lindsey Graham, de Carolina del Sur, que busca endurecer las sanciones contra la economía rusa y limitar el flujo de recursos financieros que contribuyen a sostener la guerra contra Ucrania.
Trump justificó la exención ante el Congreso por considerar que responde al "interés nacional" de Estados Unidos.
El mandatario había promulgado esa legislación el pasado 18 de septiembre, pero ahora ha eximido temporalmente de la aplicación de varias de sus disposiciones.
La orden exime de la aplicación de varias disposiciones de la ley aprobada por el Congreso el 18 de septiembre, entre ellas las sanciones contra personas y entidades vinculadas al gobierno ruso, las restricciones financieras y comerciales y los aranceles previstos para los productos rusos y los procedentes de determinados países compradores de hidrocarburos de Rusia.
La decisión no elimina las sanciones que Estados Unidos ya había impuesto a Rusia mediante órdenes ejecutivas anteriores.
Las exenciones de la nueva ley permanecerán vigentes hasta que Trump o el secretario de Estado, en consulta con el secretario del Tesoro y el representante comercial estadounidense, determinen que corresponde adoptar nuevas medidas.
La orden también delega en varios departamentos del Gobierno la aplicación de las disposiciones de la ley que continúan vigentes.
La decisión se produce después de que Washington autorizara temporalmente las operaciones comerciales con diésel de origen ruso hasta el 7 de abril de 2027, incluida su importación a Estados Unidos, pese a las sanciones vigentes contra Moscú.
Trump anunció el pasado 9 de octubre que había acordado con su homólogo ruso, Vladímir Putin, el suministro de diésel para los mercados internacionales, con el objetivo de aliviar los precios de la energía.
El mandatario afirmó que Rusia entregaría inicialmente más de 300 mil toneladas de combustible y que posteriormente suministraría cantidades adicionales, condicionadas en parte al estado de sus refinerías.
El acuerdo ha suscitado críticas de legisladores de ambos partidos, que cuestionan sus posibles efectos sobre la presión económica contra Moscú y su compatibilidad con la legislación estadounidense.
Los detractores advierten de que los ingresos derivados de la venta de combustible ruso podrían contribuir a financiar la guerra contra Ucrania, mientras la administración defiende la necesidad de contener los costes energéticos.
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