Si bien las prioridades políticas del gobierno mexicano pueden determinar la distribución del gasto público, la realidad económica e incluso la simple aritmética condicionan tanto el alcance como la sostenibilidad de las decisiones presupuestarias. En prácticamente cualquier país, los compromisos gubernamentales tienden a multiplicarse de la mano de las crecientes necesidades de la población, generando presiones sobre el gasto público que, en ausencia de una recaudación suficientemente robusta, pueden desembocar en déficits fiscales.
Desde luego, no todo déficit fiscal es negativo, ni todo aumento del endeudamiento público compromete la sostenibilidad de las finanzas públicas. En realidad, sus efectos en el largo plazo dependen del destino del gasto y de los recursos obtenidos mediante la contratación de deuda pública, de la magnitud y persistencia de los déficits, del costo financiero de la deuda, del crecimiento económico y de la capacidad recaudatoria del Estado.
En este contexto, un indicador clave para evaluar la salud financiera del gobierno es el balance primario, que representa la diferencia entre los ingresos y los gastos públicos sin considerar el costo financiero de la deuda. La existencia de un déficit primario indica que los ingresos gubernamentales resultan insuficientes para cubrir los gastos corrientes y de inversión realizados, incluso sin tomar en cuenta el pago de intereses y la amortización de la deuda. En consecuencia, cuando ese faltante se financia mediante nuevos préstamos, a la deuda vieja se le van sumando nuevas obligaciones, directamente asociadas con el funcionamiento del gobierno. Dado que esta nueva deuda no es gratuita, tiende a aumentar también el monto de intereses por pagar, los cuales, a su vez, pueden inducir a contratar financiamiento adicional, generando un efecto bola de nieve que, en última instancia, podría conducir a ajustes fiscales profundos y dolorosos o incluso a una suspensión de pagos.
De acuerdo con cálculos propios basados en datos del Banco de México y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el balance primario del sector público entre 2019 y 2025 representó, en promedio, -0.21% del Producto Interno Bruto (PIB). Esta cifra negativa indica la presencia de un déficit, que, en la medida en que se financia mediante contratación de deuda adicional, implica asumir nuevas obligaciones simplemente para cubrir el gasto corriente y de inversión del gobierno. Aunque la magnitud de ese déficit en relación con el PIB es bastante acotada, debe señalarse que en 2024 se registró un deterioro considerable. Es
decir, el balance primario pasó de -0.1% del PIB en 2023 a -1.5% en 2024. Este deterioro obedeció a que el gasto público creció muy por encima de los ingresos, debido no sólo a una mayor inversión física, sino también a un incremento sustancial en el gasto corriente. El aumento del gasto corriente respondió a los mayores desembolsos por concepto de programas sociales, servicios personales (particularmente en salud y educación) y gastos de operación. Asimismo, también influyeron las erogaciones corrientes de empresas del Estado como Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Por otra parte, de acuerdo con el Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, la inversión física creció notablemente debido, en buena medida, a la decisión de la administración de López Obrador de avanzar y concluir megaobras como el Tren Maya y los proyectos de infraestructura económica de Pemex. En todo caso, el pronunciado relajamiento fiscal de 2024 indujo un drástico ajuste en 2025, dado que el déficit primario pasó de 1.5% del PIB en 2024 a 0.2% en 2025. En este contexto, de acuerdo con los Criterios Generales de Política Económica 2027, para 2026 se espera continuar con el proceso de consolidación fiscal y cerrar con un superávit primario equivalente al 0.1% del PIB.
A estas presiones presupuestarias se suma el peso de las pensiones y jubilaciones, que, de acuerdo con el portal de Transparencia Presupuestaria del gobierno federal, representan el 24% del gasto programable previsto para 2026, frente al 58% destinado a otros gastos corrientes y al 18% correspondiente al gasto de inversión. Es decir, casi uno de cada cuatro pesos del gasto programable se destina al pago de pensiones y jubilaciones, monto que supera ampliamente al gasto de inversión y que tiende a crecer de manera inercial no sólo debido al envejecimiento de la población, sino a las obligaciones legales derivadas de los distintos regímenes pensionarios, particularmente los de reparto. Aun cuando las pensiones cumplen una importante función social y económica al estimular el consumo y brindar bienestar a millones de personas, su crecimiento tiende a agudizar las tensiones entre la necesidad de mejorar la infraestructura económica, que constituye un importante motor del crecimiento, y el cumplimiento de las obligaciones del Estado con la población jubilada. Esto, sin aumentar los impuestos, elevar el endeudamiento o recortar otros rubros del presupuesto público.
A las presiones estructurales de gasto público y las necesidades de inversión previamente analizadas habría que añadir el costo financiero de la deuda pública, que comprende el pago de intereses de la deuda interna y externa, así como las comisiones y otros gastos asociados
a su contratación, administración y servicio. A diferencia de otros rubros del presupuesto, estas erogaciones forman parte del gasto no programable y constituyen obligaciones financieras que deben atenderse con independencia de la voluntad política o de las prioridades del gobierno en turno. Adicionalmente, el costo de estos compromisos depende, en parte, del comportamiento de las tasas de interés y, en el caso de los pasivos denominados en dólares que no cuentan con cobertura cambiaria, también puede verse afectado por las fluctuaciones del tipo de cambio.
En este contexto, entre 2019 y 2025, el costo financiero de la deuda pública aumentó de 2.7% a 3.7% del PIB, mientras que los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), que constituyen la medida más amplia del déficit público en México —al incluir las necesidades de financiamiento que van más allá del balance presupuestario—, crecieron de 2.3% a 4.8% del PIB. Un matiz importante es que, entre 2024 y 2025, se registró una mejoría en los RFSP. Sin embargo, como consecuencia del comportamiento del balance primario y del costo de la deuda pública, entre otros factores, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) pasó de 43.3% del PIB en 2019 a 52.6% en 2025. Más aún, a pesar del esfuerzo de consolidación fiscal realizado en 2025, el SHRFSP continuó aumentando, puesto que pasó de 52% del PIB en 2024 a 52.6% el año siguiente.
Aunque las reservas internacionales del Banco de México alcanzaron 257,166 millones de dólares al cierre de octubre de 2026, es necesario continuar avanzando en el proceso de consolidación fiscal, contener los RFSP y revertir la trayectoria ascendente del endeudamiento público, a fin de preservar el grado de inversión de la deuda soberana ante las principales agencias calificadoras internacionales. En el caso de Moody’s Ratings, la calificación soberana de México disminuyó de Baa2 a Baa3 en mayo de 2026, situándose en el último escalón del grado de inversión. Fitch Ratings, por su parte, mantiene la calificación en BBB-, con perspectiva estable, también en el nivel más bajo de dicha categoría. En ambos casos, una reducción adicional de tan solo un escalón colocaría a la deuda soberana mexicana en la categoría especulativa, frecuentemente asociada con los llamados bonos basura, lo que tendería a elevar el costo del financiamiento tanto para el sector público como para el privado. En última instancia, las prioridades políticas pueden influir mucho en el destino del gasto, pero no pueden ignorar indefinidamente las restricciones que condicionan su sostenibilidad.
Profesor-investigador de la UAM-Azcapotzalco e Investigador Nacional Nivel III
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Contenido sindicado vía RSS de El Universal Opinión. Nota original: https://www.eluniversal.com.mx/opinion/victor-cuevas-ahumada/el-laberinto-fiscal-de-mexico-entre-la-politica-y-la-realidad-de-los-numeros/