Antes de tomar el mes pasado el avión que lo llevó a la cumbre del G7 en Francia, el primer ministro canadiense Mark Carney dijo tener claro que todo lo que está haciendo la oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) es con el fin de no alterar la “arquitectura fundamental” del TMEC y de esa manera evitar que los acuerdos que se logren durante la revisión del tratado sean ratificados -y muy posiblemente corregidos- por el congreso. De acuerdo con la constitución de la Unión Americana, y a diferencia de lo que sucede en México y Canadá, el congreso es responsable del comercio internacional de ese país y ambas cámaras deben aprobar los tratados que negocie el USTR y los cambios a los ya existentes, a menos que se trate de ajustes en la implementación o que mejoren el cumplimiento de los acuerdos vigentes.
Los 14 tratados de libre comercio en vigor en Estados Unidos, incluyendo el TMEC, se negociaron de acuerdo con el proceso establecido en la ley conocida como Trade Promotion Authority (TPA), la que hasta los 90s se conocía como la ley del fast-track. Esta ley establece objetivos y tiempos para la negociación que se acuerdan entre la Casa Blanca, el congreso y los comités asesores del sector privado, y su vigencia depende de la duración esperada de la negociación. La TPA permite que el USTR ofrezca a los países con que negocie la certeza de que los acuerdos alcanzados no se modificarán en el Capitolio durante el proceso de ratificación, en tanto que el congreso considere que se alcanzaron los objetivos establecidos de manera conjunta con el sector privado, antes de iniciar dichas negociaciones.
Siendo la revisión del TMEC un proceso inédito en Estados Unidos, Trump consideró que no era necesario solicitar una nueva TPA y mantener así la posibilidad de realizar cambios de manera unilateral a los acuerdos sin consultar a nadie o tener el respaldo del congreso. Esta posibilidad adquiere mayores implicaciones estratégicas ante la posibilidad de que los demócratas retomen el control en enero al menos de la Cámara de Representantes y que el proceso de revisión continúe al menos hasta enero del 2029, cuando termina el segundo periodo de Trump.
Las negociaciones bilaterales permiten al USTR argumentar ante el congreso que los acuerdos que se vayan alcanzando serán ajustes que ayudarán a mejorar el cumplimiento del tratado por parte de México y Canadá y que por lo mismo, se integrarán al cuerpo del acuerdo vigente como “side letters”, esto es, documentos vinculatorios entre sólo dos de las partes y que no aplican a los tres países. Este razonamiento permitirá generar los documentos que sean necesarios con los acuerdos para corregir las barreras no arancelarias generadas por el gobierno mexicano durante el sexenio anterior, pues todas ellas son violaciones al texto acordado. El caso de Canadá es diferente pues hay asuntos, como el de las restricciones a las exportaciones de lácteos de Estados Unidos, que implican cambios en las cuotas acordadas previamente.
Por todo esto, la redacción de los acuerdos entre México y Estados Unidos representa todo un reto para que no se consideren que implican cambios a la esencia del texto vigente. De acuerdo con quienes han tenido acceso en Washington a varios de los textos que el USTR le ha presentado a México para su discusión desde el mes pasado, se leen como documentos escritos con enorme atención por los abogados de esa oficina y parecerían no tener espacio para ningún cambio. Ninguna de las fuentes consultadas, varias de las cuales viajaron con Greer a esta ciudad la semana pasada, conocen alguna propuesta presentada por México.
Cualquier negociación implica los temas a tratar, como el acceso que pide USTR al litio, y el nivel del compromiso adquirido. La redacción inicial de los acuerdos se hace en inglés, donde existen variaciones en el lenguaje que no tienen correspondencias en español, como el uso de “shall” y “will”. Mexico shall provide access to its lithium reserves implica un mayor nivel de obligación que Mexico will provide access to its lithium reserves. Por esto, es que Ebrard debe apoyarse en personal experimentado. México no puede aceptar cualquier texto que presente el USTR antes de consultarlo con los afectados porque el TMEC es un documento donde sus capítulos están relacionados. Recuerden la experiencia al final de la negociación del TMEC, cuando funcionarios del gobierno anterior no consultaron los cambios propuestos en el capítulo laboral y luego se enojaron.
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