El gran problema que enfrentan los sistemas de pensiones a nivel mundial es cómo asegurar su financiamiento ante una creciente población con acceso a este derecho y que a su vez vive cada vez más años lo que crea una presión fiscal y actuarial severa. La base de la problemática es el deterioro de la razón de dependencia con menos cotizantes por cada persona pensionada. Si bien ello no implica un colapso inevitable, el resultado depende del diseño del sistema, la edad de jubilación, la productividad, la cobertura laboral y completar las reformas necesarias. En nuestro país la situación se agrava por la insuficiencia tanto de las reservas técnicas que debían respaldar el sistema de beneficio definido (Ley 73), como los fondos de ahorro para el retiro acumulados en las cuentas individuales del régimen de 1997.
Todo surge de un tema demográfico y de los avances en salud. La población mundial de 60 años o más ha estado creciendo rápidamente. Se prevé que el número de personas de 60 años o más en todo el mundo pase de 1,100 millones en 2023 a 1,400 millones en 2030 y las proyecciones de la ONU la sitúan en 2,100 millones para 2050. Al mismo tiempo la longevidad también aumenta, siendo que la esperanza de vida al nacer alcanzó 73.3 años en 2024 y se proyecta en cerca de 77.4 años en 2054. Ello significa que quienes llegan a la vejez pasarán más años percibiendo pensiones, atención médica y cuidados de larga duración.
En México, según Conapo, la población de 60 años o más pasará de 17.8 millones en 2026 a 35.4 millones en 2050. Lo anterior combinado con el aumento de la esperanza de vida y la caída de la fecundidad presionan la sostenibilidad financiera de las pensiones, especialmente en sistemas de beneficio definido como el que se operaba antes de la reforma de 1997, donde los aportes de los trabajadores financian las pensiones corrientes, lo que implica haber constituido reservas para el pago de las pensiones en curso.
La Ley del Seguro Social de 1973 ordenaba constituir reservas técnicas para respaldar las pensiones en curso. En la práctica, esas reservas se usaron para otros fines (hospitales, clínicas, gasto corriente) y no se repusieron, generando un sistema que dependía de las cuotas de los trabajadores activos, no de un fondo. En 1995, los diagnósticos actuariales advertían que sostener el sistema exigiría elevar la cuota contributiva de 8.5% a 23.3% del salario hacia 2020, por lo que se optó por la reforma de 1997 que creó las Afores, las administradoras de cuentas individuales de retiro, y dejó la transición (pago de pensiones del 73) en manos del Estado. Si bien aparentemente se resolvió el futuro de los trabajadores, pero trasladó al erario el costo del pasado, dejando a la suficiencia del ahorro individual expuesta a bajas densidades de cotización, salarios bajos y rendimientos insuficientes.
Las pensiones en curso de pago, del sistema del 73 se cubren con el presupuesto federal: en 2025 fueron 783,346 millones de pesos para 5,236,066 pensiones, según el IMSS; en 2026 la partida sube marginalmente a 795,824 millones. El gasto federal equivale a unos 12,500 pesos mensuales por cada pensión en curso de pago. El ajuste reciente a la Modalidad 40, el esquema que permite seguir cotizando tras dejar el empleo formal, corrige incentivos de optimización salarial o prácticas que elevaban artificialmente el salario base de cotización, pero no crea reservas. El problema no es la flexibilidad, sino la escala con millones de pensiones y ningún fondo específico para cubrirlas. El beneficio definido funciona mientras la población es joven, pero se deteriora cuando envejece.
La situación ya se ha previsto, empero sin un aparente plan de solución. Los Criterios Generales de Política Económica 2027 calculan en 13.2 billones de pesos el monto que representan las pensiones futuras tanto en el esquema de reparto como el de las Afores (contribución definida). Es una deuda que año con año ocupará más espacio en el presupuesto.
El esquema de cuentas individuales tampoco alcanza. Las Afores administran casi 9 billones de pesos, pero para muchos jubilados la pensión resulta estructuralmente insuficiente.
El costo de oportunidad es en esencia una variable ineludible. El gasto en pensiones compite con la inversión pública. En la práctica, cada peso comprometido para cubrir el pasivo pensional deja de financiar agua, salud, educación o seguridad. La solución ha sido financiar el gasto en obras con deuda, pero el endeudamiento ampliado casi se duplicó en ocho años, de 10.6 billones en 2018 a 20.06 billones al cierre de 2026 con un costo financiero que maltrata la calidad crediticia y confirma que el margen se estrecha.
La solución no es desconocer derechos ni recortar pensiones en curso. Es reconocer el tamaño del pasivo, fijar reglas de financiamiento y construir reservas técnicas con un calendario verificable y con la disciplina necesaria; no obstante, ello no se logrará si el país no retoma el camino de un crecimiento sostenido en el tiempo que genere riqueza. El riesgo no es un colapso repentino, sino que el pago del retiro de ayer se financie con mayor deuda, menor inversión pública o recortes futuros, erosionando la sostenibilidad fiscal y la calidad de las pensiones.
*Presidente de Consultores Internacionales, S.C.
Contenido sindicado vía RSS de El Universal Opinión. Nota original: https://www.eluniversal.com.mx/opinion/julio-alejandro-millan/pensiones-la-factura-de-una-reforma-inconclusa/