Una mujer de Texas deportada a México pese a tener permiso legal para permanecer en Estados Unidos tras haber llegado cuando era niña presentó una demanda contra el gobierno federal después de que se le notificara que se pondría fin a dicho permiso por un “viaje no autorizado” derivado de su deportación.
Jessica Treviño, de 34 años, presentó una demanda por medio de su abogado esta semana y pidió a un juez federal que intervenga.
Treviño y su esposo fueron arrestados en diciembre después de que agentes federales los siguieran hasta el estacionamiento de un Home Depot en el sur de Texas. Ambos fueron deportados y viven en Matamoros, México, al sur de Brownsville, Texas. Sus tres hijos, todos ciudadanos estadounidenses, viven con familiares en Estados Unidos cerca de la frontera.
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Tras haber sido traída a Estados Unidos cuando tenía 7 años, Treviño recibió permiso legal a los 20 años para permanecer en el país bajo el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, o DACA. Implementado en 2012, el DACA no otorga estatus legal, pero ha permitido que cientos de miles de personas que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños se queden temporalmente y obtengan permisos de trabajo.
Como beneficiaria de DACA, debe mantener un historial penal limpio y no se le permite viajar fuera de Estados Unidos.
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Su abogado, David Rozas, presentó la demanda. Señaló que su estatus y permiso de trabajo habían sido autorizados más recientemente hasta abril de 2027.
La semana pasada, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos le envió una notificación de intención de terminar su estatus por “viaje no autorizado fuera de Estados Unidos alrededor del 25 de marzo de 2026”, el día en que fue deportada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).
El DHS no ha respondido a una solicitud de comentarios hasta la tarde del jueves.
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Rozas presentó una petición en la que solicita a un juez federal en Brownsville que declare que la expulsión de la mujer fue ilegal, ordene al gobierno facilitar el regreso de Treviño a Estados Unidos y permita que su estatus DACA siga siendo válido.
“El gobierno no tenía ninguna base legal para expulsarla, y presentamos esta petición para exigir que la traigan de vuelta a casa”, agregó su abogado.
Un juez de inmigración del Departamento de Justicia había emitido en febrero una orden de salida voluntaria para Treviño mientras estaba bajo custodia del ICE, pero un estatus DACA vigente impide que el DHS la deporte.
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Regresar a casa "es lo que más anhelo ahorita. Ya estoy bien desesperada. Ya cumplí siete meses que no estoy en mi casa", manifestó Treviño el jueves. Sus tres hijos tienen previsto comenzar la escuela el próximo mes y su madre dijo que le gustaría estar allí.
El actual gobierno de Donald Trump ha deportado a 86 beneficiarios de DACA y ha arrestado a otros 241, según una carta del DHS enviada en febrero al senador demócrata Richard J. Durbin.
Defensores de los beneficiarios del programa DACA afirman que la deportación de Treviño forma parte de un patrón.
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“Así es como se ve en la práctica un esfuerzo deliberado y sistemático para destruir el DACA: apuntar a los beneficiarios uno por uno, fabricar justificaciones después de los hechos y dejar que sus hijos crezcan sin ellos”, sostuvo Todd Schulte, presidente de FWD.us, una organización de políticas que defienden los derechos de inmigración.
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gs
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