México queda por debajo de Guatemala y Honduras en una evaluación de las condiciones de seguridad y estabilidad para hacer negocios publicada por la Cámara de Comercio de Estados Unidos . El país obtiene 24.7 puntos sobre 100 , frente a los 31.8 de Guatemala y los 33.1 de Honduras , en el Global Rule of Law and Business Dashboard 2026 .
El reporte evalúa las condiciones del Estado de derecho para hacer negocios en 149 economías mediante cinco pilares : transparencia, previsibilidad, estabilidad, rendición de cuentas y debido proceso. Examina si las empresas cuentan con reglas claras, una aplicación consistente de las leyes, condiciones para operar sin amenazas, instituciones íntegras y mecanismos imparciales para resolver disputas. México obtiene su menor puntuación en estabilidad , el pilar que combina control del crimen y estabilidad política. Sus 24.7 puntos también representan un retroceso frente a los 27.5 de 2021 , según el comparativo elaborado con la misma metodología. La evaluación publicada por la Cámara de Comercio de Estados Unidos fue elaborada por NORC, una organización de investigación independiente afiliada a la Universidad de Chicago. En la evaluación general, que reúne los cinco pilares, México alcanza 43.5 puntos y ocupa el lugar 91 entre 149 economías . En la calificación general que reúne los cinco pilares, Canadá obtiene 79.2 puntos y Estados Unidos, 76 . México también queda por debajo de Chile, con 75.1; Colombia, con 55.1; Brasil, con 55, y Perú, con 47.9.
Detrás de sus vecinos En el pilar de estabilidad, la brecha de México frente a Guatemala es de 7.1 puntos ; respecto de Honduras, de 8.4 puntos . Colombia obtiene 34.1 y Brasil, 36.2, también por encima del resultado mexicano. México tiene una puntuación cercana a Bolivia, con 25.6 puntos, y Burkina Faso, con 24.3 . La proximidad de las calificaciones no implica que estos países enfrenten los mismos problemas: el reporte reúne distintas condiciones nacionales en una puntuación comparable. El componente de control del crimen considera que prevalezcan la ley y el orden, y que las empresas puedan operar sin riesgos indebidos de violencia o interferencias ilícitas. Para los negocios, esto involucra el entorno en el que trabajan sus empleados, funcionan sus instalaciones y se trasladan sus mercancías. La estabilidad política , el otro componente de este pilar, evalúa el riesgo de conflictos civiles, agitación política o cambios abruptos de gobierno que puedan interrumpir las operaciones comerciales o debilitar la confianza de los inversionistas. La distancia del T-MEC En el pilar de estabilidad del reporte de la Cámara de Comercio, el contraste es mayor frente a los principales socios comerciales de México. Canadá obtiene 81.3 puntos y Estados Unidos, 63.5 , frente a los 24.7 mexicanos. La diferencia también aparece frente a otras economías manufactureras: Vietnam alcanza 62.8 puntos y China, 50.9 . México supera a ambos países en transparencia y previsibilidad, pero queda por debajo en estabilidad. Ese perfil muestra que mejores resultados en información y reglas pueden coexistir con debilidades en las condiciones donde las empresas desarrollan sus operaciones.El costo de protegerse La inseguridad aparece como una preocupación para las empresas que buscan invertir en México y como un costo para sus operaciones en el Informe sobre el clima de inversión en México 2026 , publicado por el Departamento de Estado de Estados Unidos en septiembre de 2026 . Este documento señala que los gastos relacionados con seguridad alcanzan hasta 5% de los presupuestos operativos empresariales , con base en un reporte de AmCham México de 2024. La evaluación incluye la inseguridad entre las principales preocupaciones de los inversionistas, junto con la falta de acceso a energía confiable, la corrupción y la incertidumbre regulatoria. En su apartado sobre el entorno político y de seguridad, afirma que la violencia relacionada con el narcotráfico y el crimen organizado aumentó significativamente en años recientes. Sin embargo, precisa que las condiciones de seguridad varían ampliamente entre los estados , por lo que el entorno de riesgo depende también de dónde se ubican las operaciones. El documento refiere que el proceso electoral de 2024 estuvo marcado por una ola de violencia política sin precedentes, con más de 30 candidatos asesinados . Señala que se cree que muchos de esos ataques estuvieron vinculados con grupos del crimen organizado que buscan influir en la política local y controlar territorios. A estos riesgos se suma la designación, por parte del gobierno estadounidense, de seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras el 20 de febrero de 2025 . De acuerdo con el informe, esa decisión elevó la importancia de que las empresas mantengan programas sólidos de cumplimiento. La evaluación coloca así la seguridad entre los factores que las compañías deben considerar al decidir si invierten en México y al calcular el costo de operar en el país. Extorsión en máximos La extorsión aporta otra señal de los riesgos para operar en México. Según un análisis publicado por Coparmex el 16 de agosto de 2026 , con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el primer semestre acumuló 6,562 víctimas registradas , un aumento de 9.17% anual y el mayor nivel para ese periodo en 11 años. El incremento tuvo diferencias territoriales: 19 entidades reportaron aumentos y 12 alcanzaron sus máximos para un primer semestre en los últimos 11 años . Las cifras corresponden al registro general de víctimas de extorsión, tanto empresas como ciudadanos. Ante ese panorama, la organización empresarial exigió fortalecer las unidades especializadas de las fiscalías locales y la aplicación efectiva de la legislación contra la extorsión.
Avances, pero insuficientes El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora, reconoció avances en seguridad durante el gobierno de Claudia Sheinbaum. Mencionó las detenciones de delincuentes y los decomisos de armas y narcolaboratorios como resultados que, según señaló, también han recibido reconocimiento en Washington. “Aunque estamos lejos del México con seguridad, justicia y paz que requerimos. Pero nos parece que la tendencia es la adecuada, con mucho por hacer”, afirmó. Su valoración reconoce una dirección favorable, pero mantiene la seguridad y la justicia entre los pendientes del país. Ambas condiciones forman parte de la certidumbre que el propio Medina Mora considera necesaria para reactivar la inversión empresarial. En su respuesta sobre los requisitos para invertir, también señaló la necesidad de contar con energía y agua suficientes. La seguridad forma parte, por tanto, de un conjunto de condiciones que las empresas requieren para concretar proyectos. Justicia con pendientes Además de las condiciones de seguridad y estabilidad, el reporte examina si las empresas pueden resolver controversias ante tribunales independientes y lograr que sus decisiones se cumplan. Esos elementos forman parte del pilar de debido proceso . En esta dimensión, México mejora desde 29.9 puntos en 2021 hasta 35.8 en la edición 2026 , aunque permanece como la segunda peor evaluada del país entre los cinco pilares. El debido proceso reúne el acceso a tribunales y mecanismos alternativos de solución de controversias, la independencia e imparcialidad de los procedimientos y el cumplimiento de sentencias y laudos arbitrales. Para una empresa, la protección legal depende de poder presentar una demanda, obtener una resolución justa y lograr que se ejecute. El diagnóstico evalúa esas condiciones, pero su tabla mexicana no detalla los tiempos ni los costos de los litigios. En ese terreno, Medina Mora señaló que la reforma judicial sigue como un factor de incertidumbre para las decisiones empresariales. “Especialmente en la incertidumbre para la inversión, sigue siendo un elemento la reforma del poder judicial y esto sí ha deteriorado el ánimo para invertir en las empresas mexicanas”, afirmó. Explicó que el Consejo Coordinador Empresarial se apoyará en el Observatorio de la Justicia, coordinado por universidades, para revisar si las sentencias de jueces y magistrados se apegan a la ley. Vinculó ese cumplimiento con la certidumbre jurídica que necesitan las empresas y señaló que el organismo advertirá sobre los casos en los que no ocurra. De cara a la siguiente elección judicial, planteó que solo se sometan a votación las plazas vacantes y que los aspirantes acrediten su capacidad para desempeñar el cargo. “Nos parece fundamental que todo aquel que aparezca en la boleta tenga una certificación de que sabe ser juez o magistrado y que no es producto simplemente de un sorteo”, sostuvo. Su planteamiento coloca la aplicación de la ley y la preparación de quienes imparten justicia entre las condiciones necesarias para recuperar la confianza empresarial. Esa valoración complementa el diagnóstico del reporte, pero no constituye una explicación de su puntaje ni demuestra que este mida los efectos de la reforma judicial.
Transparencia pierde terreno Aunque estabilidad recibe la menor puntuación mexicana, transparencia registra el mayor retroceso frente a 2021 : pasa de 74.2 a 65.7 puntos, una pérdida de 8.5. Este pilar considera la disponibilidad y claridad de las leyes y regulaciones, la posibilidad de verificar información empresarial y el acceso a información gubernamental. Para los negocios, esos elementos permiten consultar las reglas que deben cumplir, revisar información sobre otras compañías y acceder a registros públicos, incluidos datos sobre presupuestos, gasto y decisiones administrativas. La transparencia permanece como la dimensión mejor evaluada de México. Sin embargo, el informe no ofrece una explicación específica de su caída ni la atribuye a una reforma o institución determinada. En rendición de cuentas , otro de los cinco pilares, el resultado cambia poco: pasa de 41 a 40.8 puntos . Este rubro contempla la investigación y sanción de prácticas corruptas, la integridad institucional y los mecanismos de supervisión pública. La previsibilidad también mejora frente a 2021. Esta dimensión evalúa la aplicación consistente de las leyes, la capacidad institucional para detectar y sancionar incumplimientos y la existencia de procedimientos establecidos y transparentes para modificar las reglas.
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