La defensa de la seguridad y el orden de un país no pueden ser excusa para violar los derechos humanos y para permitir abusos contra migrantes, coincidieron legisladores, defensores de derechos humanos y especialistas durante el foro “Retos y Perspectivas de la Migración con los Estados Unidos de Norteamérica”, llevado a cabo en el Senado de la República este jueves 23 de julio.
Durante el encuentro, los asistentes analizaron el impacto de las políticas de contención, las agresiones durante los operativos de control migratorio en Estados Unidos y la urgencia de construir una política de Estado en México que trascienda las coyunturas electorales.
A continuación, te desglosamos los puntos centrales abordados durante la jornada parlamentaria.
La postura del Estado mexicano frente a las deportaciones y operativos de ICE
Durante su intervención, la senadora con licencia Beatriz Silvia Robles Gutiérrez respaldó que el gobierno mexicano exija el respeto a las garantías individuales frente a las acciones ejecutadas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
Robles enfatizó que ninguna medida de carácter administrativo justifica la deshumanización de las personas y recordó que el retorno forzado no le resta valor ni dignidad a quienes han trabajado en el extranjero:
- Reconocimiento a la comunidad retornado: Destacó que los connacionales regresan a una nación obligada a brindarles acompañamiento, escucharlos y garantizarles certeza jurídica para reconstruir sus proyectos de vida.
- El costo del desplazamiento: Subrayó que los migrantes dejan atrás empleos, hogares y núcleos familiares, por lo que el Estado mexicano debe evitar tratar a los deportados como desconocidos.
Corresponsabilidad, causas estructurales y brechas en la ley
Por su parte, Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez, comisionado para América Latina y el Caribe de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA), sostuvo que abordar la política migratoria únicamente bajo la óptica de la seguridad nacional es un error que invisibiliza las verdaderas causas del fenómeno.
Gutiérrez Yáñez planteó los siguientes ejes prioritarios para la agenda bilateral:
- Atención a la raíz del problema: México y Estados Unidos deben colaborar para reducir los factores de expulsión, como la pobreza, la violencia, el desempleo, la debilidad institucional y la falta de oportunidades educativas.
- Legislación con enfoque internacional: Hizo un llamado al Senado mexicano para adecuar la ley migratoria nacional con los tratados internacionales de derechos humanos, garantizando que estas reformas trasciendan administraciones gubernamentales.
En esta misma línea, Juan Maldonado Vargas, víctima de violaciones a derechos humanos por parte del Estado chileno, advirtió sobre la brecha entre el discurso legal y su aplicación práctica. Señaló que mientras no se entienda al migrante primeramente como un ser humano, los mecanismos de protección internacional continuarán siendo “retórica y romanticismo jurídico” difíciles de implementar, por lo que urgió a fortalecer la asistencia legal en los consulados mexicanos en EE.UU.
Desplazamiento interno, despojo agrario y delincuencia organizada
El análisis del foro también abarcó la realidad interna que expulsa a las personas de sus lugares de origen. Manuel Guzmán García, comisionado presidente de la CIDHPDA para el estado de Oaxaca, expuso cómo los conflictos comunitarios en zonas rurales aceleran la migración:
- Disputas por la tierra: Pese a la existencia de resoluciones presidenciales sobre la propiedad de la tierra, persisten rencillas históricas en las comunidades.
- Infiltración del crimen organizado: Guzmán García alertó que la delincuencia organizada aprovecha estos vacíos agrarios para infiltrarse en los pueblos, explotar a los campesinos y agravar las condiciones de inseguridad que obligan a las familias a huir.
Durante el evento se proyectó el cortometraje “Behind the Walls”, del cineasta Luis Fernando Palatto, una pieza basada en hechos reales que visibiliza las presiones que ejercen autoridades estadounidenses sobre migrantes mexicanos para obligarlos a denunciar a sus propios connacionales a cambio de compensaciones económicas.
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