La suspensión definitiva representa un nuevo revés para el desarrollo inmobiliario de Cuauhtémoc 1319, impulsado por GDC Desarrollos y vinculado a Santiago Morales Broc, hijo del exprocurador Ignacio Morales Lechuga. Desde abril, habitantes del pueblo mantienen una lucha para detener la obra, a la que acusan de avanzar sin consulta previa
Texto y foto: Camilo Ocampo
CIUDAD DE MÉXICO. – En Santa Cruz Atoyac, la disputa por el territorio llegó a los tribunales. Un juez federal ordenó detener la construcción del megaproyecto inmobiliario ubicado en avenida Cuauhtémoc 1319, en la alcaldía Benito Juárez, una obra a cargo de GDC Desarrollos que, desde abril, ha encontrado la resistencia de habitantes y autoridades tradicionales del pueblo, quienes se oponen a su construcción en una zona de alto valor patrimonial.
La resolución representa un nuevo revés para el desarrollo inmobiliario. Durante meses, habitantes de Santa Cruz Atoyac buscan detener las obras y exigir a las autoridades que reconozcan su derecho a la consulta como pueblo originario. Ahora, la determinación judicial establece la suspensión definitiva de los trabajos relacionados con el proyecto, por lo que deberán permanecer detenidas las labores de construcción, excavación, perforación del suelo, cimentación y cualquier otra actividad material vinculada con la obra hasta que se resuelva un juicio de amparo.
La medida la dictó el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México y se mantendrá vigente hasta que exista una sentencia dentro del juicio de amparo o alguna causa legal que permita modificarla o dejarla sin efecto. Además, la Dirección de Normatividad para el Desarrollo Urbano de la alcaldía Benito Juárez deberá hacer cumplir la resolución y solicitar al propietario del inmueble, al desarrollador, a la empresa constructora y a cualquier persona involucrada en los trabajos que detengan de inmediato las actividades.
Una victoria, que no es definitiva
El camino hasta esta resolución comenzó meses atrás, cuando el conflicto dejó de ser una inconformidad comunitaria para convertirse en una batalla por el territorio. El 27 de abril, habitantes de Santa Cruz Atoyac colocaron sellos de clausura en el predio donde se desarrolla el proyecto, frente a uno de los espacios considerados de mayor importancia histórica para la comunidad: la iglesia y el mercado del pueblo.
Desde entonces, integrantes del Consejo del Pueblo han mantenido presencia y vigilancia para evitar el ingreso de maquinaria y contener el avance de la obra.
La oposición al proyecto surgió a partir de la denuncia de que su construcción avanzaba sin que la comunidad hubiera sido consultada previamente. Para los habitantes, el megaproyecto podría tener consecuencias sobre el territorio, los recursos disponibles y las formas de vida que se han mantenido en Santa Cruz Atoyac.
El desarrollo está pensado para tener ocho niveles, 86 departamentos y 54 cajones de estacionamiento en un terreno de poco más de mil metros cuadrados. El predio se encuentra a unos metros de la Parroquia de la Santa Cruz de Jerusalén, un espacio de importancia histórica y patrimonial para el pueblo.
La preocupación de los habitantes también está relacionada con el agua. Santa Cruz Atoyac enfrenta problemas de abastecimiento y, de acuerdo con la comunidad, el crecimiento de proyectos inmobiliarios ha aumentado la presión sobre los servicios y el territorio. A ello se suma el temor de que las excavaciones y las vibraciones producidas por la maquinaria puedan ocasionar daños en la parroquia, así como las posibles transformaciones que un edificio de ocho niveles provocaría en el entorno y en las dinámicas vinculadas con las celebraciones tradicionales.
Lo que comenzó en abril con una clausura ciudadana terminó por trasladarse a los juzgados. Sin embargo, para quienes integran el Consejo del Pueblo, el conflicto va más allá de la construcción de un edificio. En el fondo, sostienen, se encuentra la defensa de su territorio y el reconocimiento de sus derechos como pueblo originario, así como su participación en las decisiones que pueden modificar el lugar que habitan.
La empresa no reconoce a las autoridades tradicionales
El proyecto es impulsado por GDC Desarrollos, empresa vinculada a Santiago Morales Broc, hijo del exprocurador de la República Ignacio Morales Lechuga, junto con Fernando Ortega. La desarrolladora ha defendido que cuenta con los permisos necesarios para llevar adelante la obra y, al mismo tiempo, ha puesto en duda la legitimidad de las autoridades tradicionales que se han pronunciado en contra del proyecto.
La postura de la empresa quedó expuesta nuevamente en un comunicado fechado el 23 de julio. En el documento, GDC señaló que no reconoce la autoridad del Consejo del Pueblo de Santa Cruz de Atoyac. La inmobiliaria argumentó que ni el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) ni la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes (SEPI) cuentan con un reconocimiento oficial que acredite su personalidad jurídica.
En el mismo comunicado, la empresa citó el oficio SEPI/SJN/333/2026, en el que la SEPI informó que, dentro de sus archivos, no existe un acta constitutiva del Pueblo de Santa Cruz Atoyac. Con base en ese documento, GDC sostiene que no existe una obligación legal de consultar a una organización que, desde su interpretación, no cuenta con reconocimiento jurídico por parte de las autoridades competentes.
La comunidad mantiene una posición distinta. Para los habitantes, Santa Cruz Atoyac es un pueblo originario con un reconocimiento histórico que no depende de la existencia de un acta constitutiva. Desde esa perspectiva, la consulta previa constituye un derecho respaldado tanto por el marco constitucional como por instrumentos internacionales, especialmente cuando una obra o decisión administrativa puede tener consecuencias sobre su territorio y sus formas de vida.
El conflicto ya había atravesado otros momentos en los tribunales antes de llegar a esta nueva resolución. El 16 de julio, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa concedió una suspensión provisional a los pobladores. Al mismo tiempo, integrantes del Consejo del Pueblo sostenían que su clausura ciudadana continuaba vigente y denunciaban que maquinaria había intentado ingresar al predio pese a las medidas existentes.
Ahora, con la suspensión definitiva, el proyecto de Cuauhtémoc 1319 deberá permanecer detenido mientras avanza el proceso judicial. La resolución, sin embargo, no significa que se hayan cancelado o revocado los permisos o el registro de manifestación de construcción. Su objetivo es mantener las cosas en el estado actual y evitar que las obras continúen mientras se resuelve el fondo de la controversia.
Por ahora, las máquinas deberán quedarse quietas. Las excavaciones y la construcción no podrán continuar mientras la justicia federal resuelve el fondo del juicio de amparo. En Santa Cruz Atoyac, la disputa sigue abierta: un pueblo defiende su territorio y reclama ser escuchado, mientras un proyecto inmobiliario que pretendía levantarse en medio de la comunidad queda, por el momento, detenido.
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