Desde Maximiliano de Habsburgo, en México no ha habido precedentes de alguna autoridad vinculada a proceso por el delito de traición a la patria. Especialistas consultados por EL UNIVERSAL señalan que es un delito difícil de probar y de configurar por la precisión que requieren los hechos que refiere el artículo 123 del Código Penal Federal.
El doctor Baldomero Mendoza, docente en la Facultad de Derecho de la UNAM y en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), aseguró que para acusar a algún funcionario público del delito de traición a la patria no basta con que éste haya autorizado la entrada de agentes extranjeros a territorio mexicano sin avisar o pedir permiso a la Federación.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Mendoza aclaró que deben probarse dos supuestos específicos: el primero, que los agentes eran parte o reciben instrucciones y recursos del Ejército del país extranjero en cuestión; el segundo, que entraron con el fin de declararle la guerra al gobierno mexicano o para derrocarlo.
“Es un delito que pocas veces hemos utilizado en México, y cuya pena es muy variable porque va desde los cinco hasta los 40 años de prisión, dependiendo de la gravedad de cada uno de los actos”, precisó.
Sobre el caso del exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, detenido por la supuesta comisión de este delito, Baldomero Mendoza aclaró que en su caso no se acredita la variable de que la entrada de elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) haya sido derrocar al gobierno federal mexicano.
“En ese caso, desde luego no tuvo por objetivo someter al país a un gobierno extranjero o permitir que se implemente un nuevo gobierno y los supuestos que establece el artículo 123 del Código Penal Federal para constituir la traición a la patria”.
“Estos supuestos tienen que ver más con la permisión de entrada de efectivos militares para que actúen dentro del país, pero, además de eso, que actúen con el objetivo de derrocar a nuestro gobierno o de hacer una guerra para ello”, detalló.
Entre los actos concretos considerados traición a la patria están: privar de la libertad a personas con el fin de entregarlas a autoridades extranjeras; integrar grupos humanos dirigidos por extranjeros para invadir el país; y realizar actos bélicos o invasiones contra el territorio nacional.
De un delito real a señalamientos para opositores
En los últimos años ha habido dos intentos de integración de firmas ante el Congreso para configurar el delito de traición a la patria, en contra de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y los exsecretarios Luis Videgaray y Genaro García Luna, este último preso en EU por delitos relacionados con el crimen organizado.
Las solicitudes ante el Congreso no procedieron por falta de hechos precisos.
Para Tulio Salanueva, especialista en materia penal del Colegio Nacional de Abogados, el caso de Chihuahua tiene un matiz más político que penal, con la diferencia de que ahora la FGR está en la responsabilidad de probar los supuestos que detalló Baldomero.
Faltas que se acreditan en el caso Chihuahua
En eso coincidió con el vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, el Dr. Julio Jiménez, quien añadió a su comentario para EL UNIVERSAL las irregularidades en las que probablemente sí incurrió el exfiscal César Jáuregui.
“Operación sin carpeta de investigación, el desmantelamiento del narcolaboratorio se ejecutó sin abrir previamente un expediente formal, a pesar de que el propio Jáuregui declaró a medios que la acción requirió meses de planeación interna”, señaló el constitucionalista.
Otra irregularidad pudo ser que se documentó que los agentes de la CIA acudieron en reiteradas ocasiones, sin justificante alguno, a las instalaciones de la Agencia Estatal de Investigación Criminal en Chihuahua.
“Además, está la usurpación de atribuciones, pues la persecución del crimen organizado y el desmantelamiento de laboratorios de droga son competencias exclusivas de las autoridades federales”, detalló Jiménez.
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