La reforma a la ley para proteger la propiedad intelectual e industrial contiene ambigüedades en la redacción que amenazan con erosionar la libertad de expresión en el país y genera un preocupante retroceso democrático, dijo la Asociación Mexicana de Internet (AIMX).
En un comunicado dijo que “las propuestas de modificación a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y a la Ley Federal del Derecho de Autor, abren la puerta a la censura previa, obstaculizan la creatividad basada en Inteligencia Artificial y vulneran derechos fundamentales”.
La organización representante de la industria tecnológica con 25 años de historia dijo que es importante proteger la propiedad intelectual pero debe de reconsiderarse sus alcances.
El “riesgo central de estas iniciativas radica en la falta de precisión técnica y jurídica de su texto. Al carecer de definiciones puntuales, la ley deja un margen desproporcionado de interpretación a criterio de la autoridad judicial o administrativa”.
El vicepresidente de Educación y Cultura de la AIMX, Enrique Ortega, dijo que en los hechos se convertirá a las plataformas digitales y las redes sociales “en entes de supervisión obligatoria que, para evitar multas millonarias, optarán por remover preventivamente cualquier material satírico, de protesta o análisis crítico”
La Asociación dijo que las propuestas se enfocan en dos ordenamientos fundamentales: la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (Adición al Art. 403 Bis) en la que se proponen penas de 3 a 7 años de prisión y multas superiores al millón de pesos a quien utilice, reproduzca o imite a escala comercial la identidad gráfica, dominios o signos oficiales de dependencias de gobierno para inducir al error.
La segunda es la Ley Federal del Derecho de Autor, conocida popularmente como la "Ley Antimemes", la cual contempla sanciones de hasta 4.6 millones de pesos para los Proveedores de Servicios de Internet (PSI) y plataformas digitales que omitan retirar contenidos modificados o alterados sin autorización previa. Asimismo, se obliga a implementar políticas de suspensión o terminación definitiva del servicio a usuarios catalogados como "infractores reincidentes"
Añadió que “la libertad de expresión que hoy gozamos los mexicanos es el resultado de décadas de lucha democrática e incluso del sacrificio de vidas humanas. Es obligación constitucional del Estado garantizar este derecho, no constreñir mediante vacíos legales”.
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