La Cámara de Diputados aprobó ayer el dictamen por el que reforma la Ley General de Salud en materia de etiquetado de sobrepeso, obesidad, de etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas.
La reforma alcanzó un amplio consenso —458 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones— toda vez que los grupos parlamentarios en San Lázaro avalaron que los alimentos industrializados —como refrescos, botanas, jugos y fast food para microondas, entre muchas otras—, muestren con claridad los riegos que implica para la salud consumir estos productos, debido a los contenidos de azúcar, grasas saturadas, carbohidratos, sodio y otros componentes que están en la mira del sistema de salud pública del país.
Como se recordará, México se ha convertido en uno de los principales países consumidores de comida chatarra y, a diferencia de lo que ocurría en años anteriores, esta vez la poderosa industria de alimentos industrializados —se estima— no obstaculizará la nueva reglamentación.
“Es una reforma que no va contra la industria, sino que va dirigida a fortalecer la educación y la cultura respecto de la salud para la población”, dijo Mario Delgado, líder de los diputados de Morena, previamente al inicio de la sesión ordinaria.
Se pretende con estas modificaciones a la ley que se atienda la emergencia de salud en nuestro país ante el alto índice de casos de obesidad infantil, pues de no hacer esfuerzos por frenarlo se está frente a la primera generación de menores que puedan fallecer antes que sus padres. Además, México tiene el poco honroso segundo lugar a nivel mundial en sobrepeso en adultos.
En el caso de los niños —de acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)—, 34 por ciento de los menores (tres de cada diez niños y niñas de entre 5 y 11 años) padecen sobrepeso u obesidad. Y de continuar esta tendencia, uno de cada dos niños desarrollará diabetes a lo largo de su vida”.
Bajo esta tesis, el diputado de Movimiento Ciudadano, Juan Martín Espinoza Cárdenas, presentó la iniciativa en abril de este año, cuyo tema medular asentaba “la implementación de un etiquetado de advertencia para los alimentos y bebidas endulzantes en el que se incluya una leyenda que prevenga sobre las enfermedades que pueden causar…”
La iniciativa aprobada ayer, y que pasó al Senado para sus efectos constitucionales, quedó así: “Etiquetado frontal de advertencia de alimentos y bebidas, donde se advierta de manera veraz, clara, rápida y simple sobre el contenido que exceda los niveles máximos de energéticos, azúcares añadidos, grasas saturadas, sodio y los demás nutrimentos críticos e ingredientes”.
La advertencia debe estar expuesta en una etiqueta en forma de octágono con el centro en color negro, con bordes y letras blancas.
Este dictamen se nutrió de las propuestas presentadas por el legislador Óscar Bautista Villegas, del Partido Verde, y Erika Mariana Rosas Uribe, de Morena, así como de diputados priistas.
De acuerdo con las modificaciones realizadas a la iniciativa, ahora “la Secretaría de Salud, y en el caso, la Secretaría de Economía, señalará la información de las etiquetas y contraetiquetas que responderá exactamente a la naturaleza del producto que se consume.
También las autoridades federales en materia de Salud y los gobiernos estatales propondrán acciones para reducir la malnutrición y promover el consumo de alimentos adecuados a las necesidades nutricionales de la población y evitar productos que representen un riesgo potencial para el organismo humano.
Al fijar su posicionamiento en el debate por este dictamen, la diputada panista Martha Estela Romo Cuéllar destacó que este nuevo esquema de etiquetado frontal —que ya existe en otros países como Chile— permite que las personas que viven con diabetes, hiperglucemia, obesidad o con resistencia a la insulina, entre muchas otras enfermedades, conozcan que ese producto no es la mejor decisión porque puede elevar su glucosa. Este nuevo etiquetado advierte con mayor claridad el contenido del producto y de manera informada el consumidor podrá adquirirlo.
Pero también hubo quien lo politizó. Fue el legislador del PAN, Marco Antonio Adame, vicepresidente de la Mesa Directiva, quien externó su preocupación de que este tema tenga vicios de partidización y quede en un manejo fáctico o mediático, cuando se necesitan políticas públicas a favor de la salud de las y los mexicanos y no afectar a otros sectores.
“El tema es de educación y cultural, pues el etiquetado no es suficiente para resolver este problema. Hablemos de presupuesto, de planes y programas alternativos”, dijo.
El decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
