El presidente Andrés Manuel López Obrador se mostró en desacuerdo con el lineamiento de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) de permitir a las gaseras el cobro de una cuota a 12 millones de familias usuarias de tanques de gas en el país, para garantizarles servicio y buen estado físico de los cilindros.
“No estamos de acuerdo. Y hay que buscar la forma, buscar otros mecanismos, siempre se encuentran, no irse por la fácil de trasladarle los costos a la gente, a los consumidores”, dijo a Crónica.
Este diario ventiló ayer el aval de la CRE a esta medida, al expedir las “Disposiciones Administrativas sobre el Intercambio de Recipientes Portátiles de gas LP”, sometidas a un supuesto proceso de consulta pública. Está en juego el cobro de hasta 27 millones de pesos, por medio de depósitos de garantía, si se considera un valor comercial de los tanques de mil 500 pesos. A la par se busca marcar los recipientes para identificar a la empresa o grupo comercial responsable del suministro, y obligar así a la población a comprarle el gas a la compañía a la cual se le entregó el dinero.
Los grandes gaseras han respaldado el cobro porque, denunciaron ante la Profeco y la CRE, sus tanques nuevos son robados y rellenados con huachicol, mientras los grupos pequeños u hombres-camión ven en la disposición un riesgo de monopolio, en beneficio de los consorcios más poderosos.
“Aunque la CRE es un organismo autónomo, hay una política (en su administración) de no aumentar precios de estos insumos que son fundamentales, sobre todo lo que tiene que ver con quienes se abastecen de gas con cilindros, son los más pobres, la gente más humilde. Los de la CRE van a saber de esto y tendrán que tomar en cuenta nuestro punto de vista”, aseguró el mandatario.
La 4T, dijo, obliga al aparato de gobierno a apretarse el cinturón, “y ya no seguir pidiendo que se apriete el cinturón el pueblo. Antes decían: “Ni modo, lo sentimos mucho, es difícil, pero necesario”, y ahí les va el aumento en todo, mientras estaba la robadera alta en el gobierno y los lujos. Eso se termina”.
También refrendó su compromiso de no aumentar, en términos reales, el precio de los energéticos, el cual siguió al presentar su proyecto de Ley de Ingresos: “Cuando se presentó para que yo lo autorizara, se quitó todo lo relacionado con aumentar impuestos en términos reales, para cumplir con nuestra palabra”.
CONTRA INFLACIÓN. También Ricardo Sheffield, titular de la Profeco, se refirió al tema: “Los que menos tienen, menos pueden, y son los que consumen en cilindros. Sobre esta medida que está determinando la CRE, estaremos cuidando que no tenga un efecto inflacionario ni un efecto en el precio final al consumidor”.
El lineamiento, expresó, debe armonizarse con una Norma Oficial Mexicana discutida en la actualidad al interior de la Secretaría de Economía y la propia Profeco y la cual propone el troquelado de tanques.
“Sin la norma del troquelado, la disposición generaría un problema en el mercado y el consumidor terminaría pagando estos cilindros. Porque es un hecho que se los roban, en la Ciudad de México y en el Estado de México de manera particular, estos tanques terminan usados para comercializar el huachigas; y tenemos que cerrar el círculo”.
Según él, en muchos países el troquelado ha favorecido el mercado. Hoy, quienes han comprado cilindros nuevos, se quejan de robo.
“Tenemos que encontrar un mecanismo que no será sólo con lo que disponga la CRE, sino con lo que disponga la Secretaría de Economía y lo que Profeco esté monitoreando”.
—¿Hay la posibilidad entonces de empujar una norma que dé certeza a los gaseros con el troquelado, pero que no afecte el bolsillo de las familias?
—Lo hay, no inventaremos el hilo negro, hay muchas economías en América Latina que han probado distintos esquemas. Tenemos que voltear hacia Sudamérica, donde el troquelado ha dado muy buen resultado combinado con otras normativas.
VAN CONTRA EL HUACHIGAS. Con el respaldo de la Guardia Nacional, la Profeco, la CRE y la Agencia de Seguridad y Energía Ambiental (ASEA) orquestaron un operativo especial en gasolineras y otros puntos con sospecha de huachicol.
Ocho estaciones de servicio fueron inmovilizadas por la Procuraduría y cinco fueron clausuradas por la ASEA. A la par, se visitaron dos minas, pero se negó el ingreso, aun con la presencia de la GN, por lo cual se levantaron actas circunstanciadas que servirán en las denuncias penales. Otras tres distribuidoras de combustible fueron cerradas por la ASEA y una más se negó a ser verificada. Las verificaciones serán repetidas en los próximos días.
La mayoría de las acciones se desarrollaron en el norte del país, en estados como Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas y Tabasco. Por instrucciones del Presidente, los guardias no hacen uso de la fuerza. “Donde de plano no nos dejan entrar, levantamos actas y nos confirma que ahí hay gato encerrado o tigre”, describió Sheffield.
