El desencuentro es muy peligroso para ambos, pero también para el desarrollo científico y tecnológico del país, señaló Antonio Lazcano. Inician conversatorios con el sector en la Cámara de Diputados.
Después de más de dos horas de exposiciones, la tarde de ayer, había un consenso unánime entre los científicos y especialistas invitados al Conversatorio para el análisis del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, realizado en la Cámara de Diputados: el rechazo a la iniciativa de ley de ciencia y tecnología presentada en el Senado era un punto de acuerdo.
Fue paradójicamente, como dijo Miguel Covián, de la Facultad de Derecho, esa misma polémica iniciativa, presentada unilateralmente por la senadora de Morena, Ana Lilia Rivera, motivo para iniciar un debate ante la inconformidad de la comunidad.
“Leo esta pregunta como cualquier otra escrita por los asistentes”, señaló Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y moderador de la primera mesa del Conversatorio: Marco jurídico y diseño institucional. “¿Hay alguien en este auditorio o de manera virtual que defienda la pertinencia de la iniciativa de ley?”, ante el azoro de los asistentes no hubo una respuesta, sólo una risa unánime que quizá fue la respuesta misma. La senadora morenista autora de la iniciativa no estuvo ahí para defender su propuesta.
Antes de la primera mesa, la inauguración del Conversatorio estuvo a cargo de la presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, Marivel Solís Barrera, que estuvo acompañada por la senadora Beatriz Paredes, la diputada Tatiana Clouthier, la coordinadora general del FCCyT y Julia Tagüeña Parga, entre otros.
ANÁLISIS
En la primera de ocho mesas del encuentro convocado por la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados, Guillermo Cejudo Ramírez, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), dijo que la política pública no puede interferir la actividad científica ni debe existir un plan único que guíe ésta, sino a través de la pluralidad y representación de los académicos.
Juan Pedro Laclette, investigador del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, expresidente de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) y excoordinador del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) refirió que si se busca hacer modificaciones al marco jurídico del sistema de ciencia y tecnología del país, es más pertinente partir de la ley actual y no de la iniciativa que ha recibido un alud de críticas desfavorables. “El problema es que la ley vigente no se ha cumplido y permanece como letra muerta”.
Añadió que el documento Hacia la consolidación y desarrollo de Políticas Públicas en Ciencia, Tecnología e Innovación 2018-2024, entregado el año pasado al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, es una guía consensuada del sector que los legisladores pueden retomar y cuyos principios son totalmente compatibles con los de la Cuarta Transformación.
Refirió además que se debe dar continuidad a los avances alcanzados anteriormente, lo cual secundó José Luis Morán, presidente de la AMC. Además, propuso que el titular del Conacyt sea elegido de una terna propuesta al Ejecutivo por la comunidad científica y tecnológica, que la designación sea por períodos más largos a seis años y que los mandos medios y superiores de dicho organismo tengan un nombramiento que pueda trascender al cambio de la dirección general.
Entre los ponentes, uno de los más contundentes fue Antonio Lazcano, investigador especialista en origen de la vida, de la Facultad de Ciencias de la UNAM y miembro de El Colegio Nacional.
“Lo que entiendo, independientemente de quienes hayan influido o no en la elaboración de la iniciativa, es que se trata de un reajuste burocrático y hay una mezcla de varias leyes, como la regulación de los organismos genéticamente modificados y la estructuración del Conacyt”, dijo el también Premio Crónica.
“Pero lo más grave que se refleja en la ley es el divorcio enorme e innecesario que creó entre la comunidad científica y el Conacyt. La institución no es nada sin la comunidad y sus ventajas son el resultado de 50 años de trabajo con ella (…), en este momento hay un divorcio enorme y eso es muy peligroso para el consejo y para la comunidad, pero también para el desarrollo científico y tecnológico del país. Se deben de establecer garantías para trabajar de manera armoniosa y conjunta, respetando la independencia intelectual, las autonomías y evitando confrontaciones. Ésta fue una iniciativa de ley absolutamente innecesaria, prematura y que recordó, como se dice por ahí, ‘el parto de los montes’ más que otra cosa”.
Con información de: La Crónica de Hoy.
