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Zacatecas.— Este lunes, el adolescente de 13 años que agredió física y sexualmente a una niña de 10 años fue vinculado a proceso por los delitos de feminicidio en grado de tentativa y violación equiparada agravada, informó el fiscal general de Justicia de Zacatecas, Cristian Paul Camacho Osnaya.

El ataque ocurrió el viernes en el municipio de Tabasco, cuando la pequeña Areli salía de la escuela y fue raptada por su agresor, quien se la llevó a la fuerza hasta un predio en un arroyo; la abandonó inconsciente y en estado crítico.

La niña permanece en el Hospital General del Estado y se reporta como grave.

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El caso desató un clima de indignación social en el municipio, considerado un foco rojo del crimen. En redes sociales circuló la fotografía del menor, incluso, se llegó a comentar que el pueblo lo buscaría para “hacer justicia”.

Ley para menores

En entrevista con EL UNIVERSAL, el fiscal de Zacatecas explicó que la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes prohíbe imponer medidas privativas de la libertad a menores de entre 12 y menos de 14 años, por este motivo, el agresor permanecerá bajo la tutela del estado y resguardado en un centro especializado, cuya ubicación se mantiene en reserva.

El fiscal expuso que, a raíz de que se dio a conocer que el adolescente no podía ser detenido por su edad, se generó una percepción errónea de impunidad entre la población, cuando el sistema de justicia para adolescentes contempla procedimientos distintos al de los adultos.

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Precisó que el menor ya fue llevado ante los tribunales y se inició la audiencia inicial para que se le pueda sancionar conforme a la ley, que tiene como objetivo “garantizar la reparación integral del daño a la víctima y trabajar en la reintegración social del adolescente”.

Informó que este tema ya se elevó para tener atención y apoyo del gobierno federal. También se conformará una red de apoyo integral que atenderá no sólo a la niña y su familia, sino a la toda comunidad.

El fiscal reconoció que este caso ha desatado un debate público sobre modificar la legislación para enviar a prisión a menores de 14 años. Sin embargo, señala que el tema se debe abordar de fondo y no centrarse en lo punitivo.

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“Yo pediría que pongamos mayor atención en esos alertamientos tempranos de nuestras niñas, niños, adolescentes y juventudes, para evitar que esas conductas escalen”, expuso.

Sin revelar datos reservados de la investigación, dijo que información que han recabado revela que el adolescente ya había presentado conductas de riesgo.

“Sí hubo comportamientos que, si se hubieran atendido de una manera adecuada, hoy no estaríamos en un tema tan delicado (…) Fallaron diversos mecanismos, diversos actores y diversas intervenciones; fallaron lo social, lo familiar y la comunidad”, aseguró.

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Respecto a la marcha convocada este martes en Tabasco para exigir justicia por Areli, el fiscal dijo comprender la indignación social, pero advirtió que cualquier manifestación debe realizarse con responsabilidad para evitar poner en riesgo tanto a la víctima como al adolescente procesado.

Entre violencia y abandono

Aimé Alanís Pérez, especialista en atención a menores víctimas de la violencia, mencionó que este caso exhibe “una falla estructural en la protección de las infancias, porque el acto cometido por el adolescente sólo es una consecuencia de muchas negligencias en sus cuidados”, y que hoy el estado está obligado a atender.

Mencionó que más allá del delito cometido por un adolescente de 13 años, existe “un contexto de violencia, abandono y omisiones de la familia, de la comunidad, de las instituciones que permitieron que el menor creciera sin la atención y contención necesarias”.

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Recomendó realizar una intervención sicosocial con todas las instancias, intervenir en la comunidad, buscar desarrollar factores protectores que obliguen a que se invierta, realmente, en proyectos de prevención.

Alanís Pérez señaló que, ante la sentencia y juicio social, “el adolescente debe buscar su reinserción en otro contexto, en otro lugar (…) su comunidad ya no es segura para él, su comunidad ya lo enjuició, lo sentenció y lo expulsó. Ese chico no tiene cabida ahí”.

Reiteró que urge que el estado invierta en prevención, lo que es a largo plazo y no se logra con una plática en la escuela.

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Señaló que en los últimos 15 años ha visto que los agresores son menores de 18 años y el nivel de violencia ha escalado, pues ha visto halcones desde los ocho años, que son atractivos para ser reclutados por el crimen “por ser inimputables, muy fáciles de manipular, carentes de atención y buscan un sentido de pertenencia de identidad y poder”.

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El Universal
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