El Gobierno mexicano afirmó este viernes estar trabajando en el diseño de una metodología única para evaluar a los aspirantes a cargos de elección popular e identificar “riesgos razonables” de vínculos con el crimen organizado para las elecciones intermedias de 2027, según anunció la Consejera Jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde.
“Se está trabajando en esta metodología única para que pueda, en coordinación con el INE (Instituto Nacional Electoral), ponerse en operación este mecanismo lo antes posible” declaró Rodríguez.
A través de esta herramienta, los partidos políticos podrán presentar voluntariamente al INE sus listas de precandidatos para que las instituciones de seguridad revisen sus bases de datos como carpetas de investigación o bloqueos de cuentas y emitan un dictamen exclusivo sobre si existe o no un “riesgo razonable” en cada perfil político.
Durante la conferencia presidencial realizada en Chiapas, Alcalde detalló que se mantienen mesas de coordinación en las que participan la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y las áreas de inteligencia para concretar el mecanismo establecido en la ley.
En esa misma comparecencia, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respaldó el marco legal de este filtro, pero aclaró que las revisiones responderán únicamente a la información oficial de las dependencias mexicanas, descartando que decisiones unilaterales extranjeras, como la revocación de visas por parte de Estados Unidos, influyan en el proceso electoral.
Esta alerta por la infiltración delictiva se ha situado en el centro de la agenda pública tras un proceso electoral en 2024 que dejó un saldo de 41 políticos asesinados y 10 secuestrados, una escalada de violencia político-criminal que afectó a personas e instituciones en todo el país.
Las medidas responden a la exigencia de las propias fuerzas políticas que han advertido sobre los riesgos de competir en un escenario donde los grupos armados disputan el control de los gobiernos.
“El reclamo de integridad no debe reducirse a los partidos políticos, servidores públicos o candidatos, deben sumarse los empresarios a no propiciar la compra de votos o financiar candidatos para después corromperlos, deben sumarse los medios de comunicación al difundir información veraz y objetiva”, afirmó el martes Arturo Chávez, presidente de una nueva comisión del INE encargada de verificar la integridad de las candidaturas políticas de los comicios de 2027.
El INE inició formalmente este jueves el proceso electoral de cara a los comicios intermedios de junio de 2027, cuando se renovarán los 500 puestos del Cámara de Diputados y 19.609 cargos locales en todo el país, entre ellas las gubernaturas de 17 estados.
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