La pandemia de COVID-19 dejó miles de muertos en México y heridas que aún no terminan de cerrar. Muchas pérdidas fueron la consecuencia inevitable de un virus desconocido. Otras, sin embargo, están bajo la lupa de los tribunales debido al uso de ventiladores y respiradores mecánicos Philips que fueron objeto de alertas internacionales por posibles fallas que representaban riesgos para los pacientes.
La FDA advirtió que determinados dispositivos podían liberar partículas y compuestos potencialmente tóxicos debido a la degradación de la espuma interna, además de presentar problemas que comprometían su seguridad. En México, documentos judiciales señalan que los ventiladores E30 de Philips fueron distribuidos en al menos 255 hospitales públicos, pese a que se trataba de equipos concebidos para atender apnea del sueño y padecimientos respiratorios leves, no a pacientes con insuficiencia respiratoria grave por COVID-19.
Desde 2021 existían alertas internacionales y la propia empresa inició un retiro voluntario de equipos para sustituir componentes considerados de riesgo. Sin embargo, en México nunca hubo una alerta sanitaria nacional que informara a la población dónde estaban esos dispositivos, quiénes los utilizaron o qué seguimiento se daría a los pacientes potencialmente afectados. El entonces subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, guardó silencio, lo mismo Marcel Ebrard, quien en su momento autorizó la adquisición de los aparatos. Cinco años después, la exigencia de justicia comienza a abrirse paso.
Un avance tan significativo como preocupanteHace unos días la demanda colectiva promovida por familiares de víctimas había sido desechada por un juez de Distrito en el Estado de México sin siquiera analizar el fondo del asunto. Sin embargo, los afectados impugnaron esa decisión y un Tribunal Colegiado les dio la razón, ordenando admitir la demanda.
Puede parecer un simple trámite procesal, pero no lo es. Significa que, por primera vez, un tribunal mexicano deberá estudiar si existieron responsabilidades por el uso de estos dispositivos durante la emergencia sanitaria.
Este avance tiene un mérito que resulta revelador y preocupante: fue conseguido exclusivamente por las víctimas.
Ninguna dependencia federal acompañó jurídicamente a los familiares, ninguna institución impulsó una investigación pública y ninguna autoridad asumió la defensa de quienes perdieron a un ser querido.
Mientras en otros países los gobiernos encabezaron investigaciones y exigieron responsabilidades, en México las familias tuvieron que organizarse, contratar abogados y sostener una batalla legal desigual contra una de las empresas más importantes del sector médico a nivel global.
La diferencia con el resto del mundoEn Estados Unidos, Philips acordó pagar 1,100 millones de dólares para resolver miles de demandas por lesiones personales y muertes por negligencia. Antes ya había destinado otros 479 millones para compensar pérdidas económicas de consumidores afectados. En Italia se promovió la primera demanda colectiva europea, acompañada por medidas judiciales para retirar equipos y sancionar a la empresa. Casos similares avanzan en Canadá y Francia.
En México, en cambio, el expediente permaneció inmóvil durante años.
Más aún, mientras la empresa enfrentaba litigios internacionales, el gobierno mexicano anunciaba futuras inversiones de Philips en el país sin que hasta ahora exista información pública que confirme la materialización de esos proyectos.
La pregunta es: ¿por qué hubo tanta disposición para hablar de supuestas inversiones y tan poca para hablar de las víctimas?
En cuanto a la admisión de la demanda colectiva, los representantes de los afectados han anunciado que buscarán llevar el caso al sistema interamericano de derechos humanos para ampliar las vías de acceso a la justicia, porque no se trata únicamente de obtener indemnización económica, sino de conocer la verdad.
Las preguntas sin respuesta¿Quién autorizó la utilización de estos equipos en hospitales públicos? ¿Cuándo conocieron las autoridades mexicanas las alertas internacionales? ¿Qué acciones realizaron para retirarlos? ¿Se investigó si pudieron contribuir al fallecimiento de pacientes? ¿Por qué nunca existió un seguimiento nacional a quienes estuvieron conectados a esos respiradores?
La rendición de cuentas no terminará señalando a una empresa privada. También alcanza a los funcionarios responsables de proteger la salud de la población cuando existen indicios de omisiones o negligencia.
El caso Philips representa es una prueba para el sistema de justicia mexicano. La admisión de la demanda colectiva no significa una sentencia, pero sí rompe con años de inercia y abre la posibilidad de que los hechos sean analizados de fondo.
Si el proceso avanza con independencia y rigor, enviará un mensaje a las grandes corporaciones y las autoridades que omitieron actuar de que pueden ser llamadas a responder por sus actos u omisiones.
Pero si el expediente vuelve a perderse entre recursos, dilaciones y obstáculos procesales, el mensaje será exactamente el contrario, que en México el tiempo es un instrumento para la impunidad.
Las víctimas ya hicieron lo que el Estado no hizo. Se organizaron, reunieron pruebas, llevaron el caso hasta un Tribunal Colegiado y lograron abrir una puerta que parecía cerrada.
Les corresponde a las instancias de justicia hacer su parte.
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