Una empresa que vende más, no necesariamente gana más. De cada 100 pesos que entran a la caja, una parte puede ir al pago de mercancías, salarios, renta, transporte, energía, intereses y otros gastos indispensables para mantener abierto el negocio. Al final, el margen puede ser apenas de unos cuantos pesos. Para ese tipo de compañías, una modificación fiscal puede cambiar las cuentas.
“Son de los detalles que todavía estaremos trabajando para lograr lo que necesitamos como país: mantener el grado de inversión e impulsar la inversión para que vuelva a haber crecimiento”.El Paquete Económico 2027 propone limitar las deducciones que determinadas empresas pueden utilizar para calcular el Impuesto Sobre la Renta (ISR). La intención de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) es elevar la recaudación y cerrar espacios utilizados por compañías que durante años han reportado pérdidas o prácticamente no han pagado el impuesto. La medida alcanzaría a personas morales residentes en México con ingresos acumulables superiores a 50 millones de pesos que obtengan utilidad fiscal. El problema, advierte el sector privado, es que la misma regla puede alcanzar a empresas que sí cumplen con el fisco, pero que por la naturaleza de su negocio tienen costos elevados y márgenes pequeños. Distribuidores, abarroteros, mayoristas, comercios y pequeñas empresas aparecen entre los sectores que podrían resentir el cambio. Para organismos como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce) y Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el riesgo no termina en pagar más impuestos: puede llegar hasta las decisiones de inversión, contratación y permanencia en la formalidad. José Medina Mora, presidente del CCE, reconoce el problema que Hacienda intenta resolver. La autoridad ha identificado empresas que acumulan años sin pagar ISR o que reportan pérdidas fiscales de manera recurrente, una situación que el gobierno busca contener mediante cambios en las deducciones y en el tratamiento de esas pérdidas. “Esto es una buena medida para que aquellas empresas que no pagan impuestos los paguen. Pero afecta a otras”, dijo Medina Mora. Pero la utilidad fiscal puede alejarse de la realidad financiera del negocio. Por eso el CCE acordó con la Secretaría de Hacienda abrir mesas especializadas para revisar la propuesta.
Cuando ya no hay dónde cortarPara Juan Pablo Castañón, vicepresidente del Comce, el problema comienza con los impuestos, pero puede terminar en otro lugar: la informalidad. Una empresa que pierde parte de sus deducciones dispone de menos flujo. Si además enfrenta aumentos salariales y otros costos laborales y operativos, tiene que encontrar alguna manera de compensarlos. Puede subir precios. Pero no siempre. “Si tú aumentas los costos y no puedes aumentar los precios porque el mercado no te lo permite, pues tienes que bajar otros costos”, explicó. En una compañía grande puede haber espacio para absorber una parte del golpe. En una pequeña, las opciones se reducen rápidamente, algo que alimenta la preocupación, pues en México, las MiPyMEs representan 99.8% de las unidades económicas. Y esto puede llevar a posponer la compra de maquinaria, a detener la apertura de una sucursal, contratar menos trabajadores o reducir personal, incluso, comenzar a mover una parte de su operación fuera de la formalidad. “Se frena la inversión formal, sobre todo de las pequeñas empresas que no tienen cómo compensar el alza de costos”, advirtió el vicepresidente del Comce. Castañón pone un ejemplo todavía más cotidiano: una empresa puede conservar a sus trabajadores, pero registrar ante la seguridad social un salario inferior al que realmente reciben o pagar una parte de la remuneración fuera de los esquemas formales. “¿Qué va a pasar con la tributación de la pequeña empresa? ¿Qué seguirá pasando con la formalidad? ¿Seguirá disminuyendo? Esa es nuestra pregunta y esa es nuestra observación”, añadió.
El dilema de HaciendaLa propuesta tiene detrás un problema igualmente complejo: el gobierno necesita más ingresos. Hacienda busca que las empresas que han reducido durante años su pago de ISR comiencen a contribuir más y estima que los cambios relacionados con deducciones y pérdidas fiscales pueden aportar alrededor de 140,000 millones de pesos adicionales. Ante la necesidad de recursos, el gobierno federal ha sido claro en su justificación de acotar las deducciones que realizan las empresas, cuyo objetivo principal es limitar cualquier irregularidad en el manejo de su contabilidad, lo cual podría permitir un margen mayor de deducciones. "Hemos encontrado personas morales con 10 años sin utilidades, pensaríamos que una razón de una empresa es generar utilidades, y crecer a partir de ahí. Se nos hace difícil imaginarnos una persona moral que tiene 10 años sin utilidades y sigue activa, entonces, lo que queremos controlar es esa parte”, dijo el pasado 10 de septiemebre, en el Expansión Summit 2026, el secretario de Hacienda, Édgar Amador. Coparmex reconoce la necesidad de combatir la evasión y destaca que el Paquete Económico no plantee nuevos impuestos generales ni incrementos generalizados de tasas. Pero eso no significa, advierte, que la carga tributaria permanezca igual. El organismo empresarial coincide en que los límites propuestos pueden hacer que algunas compañías paguen ISR sobre una utilidad fiscal que no corresponda completamente con su situación financiera, con un impacto particular en empresas endeudadas o con márgenes reducidos. La discusión se vuelve todavía más compleja porque los ingresos adicionales llegarían en un momento en el que las finanzas públicas tienen cada vez menos espacio. Para 2027, Hacienda proyecta que la recaudación tributaria alcance 15.9% del PIB, un máximo histórico. Al mismo tiempo, el saldo de la deuda pública rondaría 55% del PIB , mientras el costo financiero ascendería a alrededor de 1.57 billones de pesos. Ahí está el punto en el que coinciden las preocupaciones empresariales. El CCE no plantea dejar intactos los esquemas utilizados para reducir artificialmente el pago de impuestos. El Comce tampoco cuestiona que el SAT persiga la facturación de operaciones inexistentes. Coparmex reconoce la necesidad de fortalecer los ingresos públicos. La discusión está en quién termina pagando la cuenta. Castañón lo resume desde las empresas que sí cumplen. “Nuestra postura es que el SAT persiga a las empresas factureras y las empresas que meten facturas, pero que no impacten en el resto de la economía de las empresas que están trabajando correctamente”.
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